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Judicial

Envían a prisión a sujeto por tenencia y portación ilegal de arma de fuego en Usulután

Foto: @CentrosJudicialesSv

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El Juzgado de Paz de Santa María, del departamento de Usulután decretó este jueves instrucción con detención contra Carlos Mario Pleitez Flores, de 26 años de edad.

De acuerdo a la acusación fiscal, Pleitez fue acusado por tenencia y portación ilegal de arma de fuego, ya que al ser detenido por la Policía Nacional Civil (PNC) se le decomisó un arma calibre nueve milímetros.

Asimismo, el procedimiento de su detención se realizó en la colonia San Carlos de Santa María y la PNC verificó que el arma decomisada ya había sido incautada a otra persona en 2014 sin comprobar su legalidad.

En las próximas horas el sujeto deberá ser trasladado a un centro penitenciario del país, para que permanezca mientras las autoridades continúan con su proceso y dictamine su grado de culpabilidad por el delito al que se le atribuye.

Además, este día fueron  remitidos  en diferentes centros judiciales varios sujetos acusados de cometer diferentes hechos delictivos como tráfico de drogas, amenaza a menores de edad para tener relaciones íntimas forzosa, homicidio y agrupaciones ilícitas.  

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Judicial

Mujer irá a juicio por intentar asesinar a su expareja con un machete

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Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.

La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.

El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.

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Judicial

Pasarán al Estado bienes por más de $362,000 confiscados a familia ligada a MS

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El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.

El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.

Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.

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Judicial

Exdiputado y su esposa son enviados a fase final de juicio por enriquecimiento ilícito

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La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.

La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.

La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.

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