Judicial
Encuentran irregularidades en auditoría en «proyecto El Chaparral» entre 2009 al 2013, y Fiscalía ordena captura de dos empleados de la Corte de Cuentas
Fotos cortesía PNC.
Dos empleados de la Corte de Cuentas de la República (CCR), fueron detenidos en las últimas horas por agentes de la Unidad de Investigación de Delitos Especiales de la División Central de Investigaciones (DCI), acusados de haber desvanecido directa e indirectamente irregularidades encontradas en la auditoría hecha a la ejecución presupuestaria para la construcción de la presa El Chaparral.
Los detenidos responden a los nombres de José Isidro Cruz Argueta, de 54 años, y Wilfredo Aguilar Montesinos, de 46, quienes fungieron como directores de autoría de esa institución.
Las capturaron se efectuaron en Soyapango y San salvador.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), ambos arrestados desvanecieron irregularidades encontradas, según auditoría realizada al proyecto, entre en los años 2009 al 2013, en la ejecución del proyecto de construcción de la presa El Chaparral, ubicada en el municipio de San Luis La Reina, en San Miguel, favoreciendo de esta de forma a la empresa constructora que estaba a cargo de la obra.
La Fiscalía informó que abrió una investigación en contra de ellos luego de registrar cuatro hallazgos no justificados por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL). El monto de estos hallazgos asciende a $161,941,532.79, precisó.
«Los imputados en su calidad de jefaturas, no pudieron explicar ni desvanecer porque hubo pagos indebidos a empresas contratadas para la ejecución del proyecto El Chaparral, según los hallazgos descubiertos», explicó la Fiscalía en un comunicado.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
