Judicial
El calvario de Gabriela, una pequeña de 12 años que fue violada, embarazada y abandonada
La Fiscalía General de la República (FGR) ordenó la captura de Edilson Vladimir Guerrero, por el delito de violación a una niña de 12 años.
El hecho ocurrió en el año 2012 en Santa Tecla, ocho años después Guerrero fue denunciado ante las autoridades, la Unidad de Atención Especializada para las Mujeres de la Oficina Fiscal de San Salvador emitió orden administrativa de captura inmediata contra Hernández, quien fue detenido el 5 de marzo de 2020.
El sujeto es acusado de violación en menor o incapaz en modalidad continuada en prejuicio de la menor (en ese entonces), ya que actualmente la víctima tiene 19 años.
Por el momento, Hernández está a la espera de ser presentando a los juzgados de Paz, donde se decidirá si sigue preso.
#DelitoSexual | ? @FGR_SV ordenó la captura de Edilson Vladimir Guerrero, por el delito de Violación en una niña de 12 años.
El hecho ocurrió en el año 2012 en Santa Tecla. pic.twitter.com/14sIiWNXrF
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) March 7, 2020
Gabriela, abandonada por la familia, abandonada por el estado.
Gabriela, (cuyo nombre ha sido cambiado por protección de identidad) una niña de 12 años, vivía en 2012 con sus familiares en una colonia del municipio de Santa Tecla, La Libertad.
Sin embargo, debido a que sus padres trabajaban y a las diligencias diarias, quedaba al cuido de Edilson Vladimir Guerrero Hernández de 25 años a a quien le tenían confianza; sin imaginarse, ni importarles que ahí comenzaría el calvario para la pequeña Gabriela, pues el hombre se aprovechaba de quedarse solo con la pequeña y la violó en reiteradas ocasiones.
La familia, al enterarse del abuso de la menor, en vez de protegerla y denunciar a su agresor, lo que hicieron fue correrla de la casa.
Al enterarse Hernández de que la menor fue corrida de la casa y andaba en la calle optó por llevársela a un mesón del barrio Modelo en San Salvador y convivir con ella.
En dicho lugar, el sujeto la continuó sometiendo a violaciones y cuando ella cumplió 13 años la embarazó; sin embargo, la abandonó y no se hizo cargo del hijo.
Según investigaciones de la Fiscalía, la menor después de ser abandonada, sobrevivió algún tiempo de la caridad y la comida que le deban los vecinos.
Un informe presentado por el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) detalló que en 2018 en El Salvador se tuvo 5,711 embarazos de niñas entre los 10 a los 19 años.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
