Judicial
Dura condena para pandilleros que extorsionaban en el centro de San Salvador
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La unidad especializada de delitos de Extorsión y Crimen Organizado de la Fiscalía General de la República logró que 42 miembros de la pandilla Barrio 18 recibieran sentencias máximas por diversos ilícitos cometidos en perjuicio de trabajadores y empresas del centro de San Salvador.
La investigación de la Fiscalía se desarrolló durante los años 2020 y 2021, donde se logró la individualización de cada uno de los condenados, así como la función que cumplía cada quien dentro de la organización criminal.
La pena más amplia ha sido la incriminada al líder del Barrio 18, Miguel Ángel Morales Flores, alias Dasen, a quien se le impusieron 472 años de cárcel por los delitos de Proposición y Conspiración en el delito de Homicidio, Extorsión Agravada en 28 víctimas, Desaparición de Personas, Limitación Ilegal a la Libre Circulación y Agrupaciones Ilícitas.
Manuel de Jesús Velásquez López, alias “Manolo”, (líder local de la pandilla) fue sentenciado a 405 años de prisión por Proposición y Conspiración en el delito de Homicidio, Extorsión Agravada, Limitación Ilegal a la Libre Circulación y Agrupaciones Ilícitas.
Jonathan Gilberto Torres Muñoz fue condenado a 100 años de cárcel por los ilícitos de Proposición y Conspiración en el delito de Homicidio, Proposición y Conspiración en el delito de Tráfico de Drogas, Extorsión Agravada, Limitación Ilegal a la Libre Circulación y Agrupaciones Ilícitas.
De igual forma fueron condenados, Carlos Alberto Sánchez Alegría a 92 años de cárcel. Kevin Josué Reyes Cideos a 85 años. Gladys Erlinda Figueroa Alférez a 62 años. Marvin Alexander Escobar Hernández a 57 años, Samuel Enrique Santos Beltrán y José Darío Saravia a 55 años de prisión para cada uno.
“Esta condena resalta la eficaz y seria investigación realizada por la Unidad Especializada de Delitos de Extorsión de la Fiscalía General de la República, con el apoyo de la división élite contra el crimen organizado de la Policía Nacional Civil… el fallo fue contundente, dando un fuerte golpe a la pandilla del Barrio 18 que operaba en el centro de San Salvador”, puntualizó uno de los fiscales del caso.
En resumen, las penas de prisión van de los 9 años a los 472 años, donde se ha demostrado que la investigación de Fiscalía logró determinar con exactitud la participación delictiva de cada uno de los involucrados donde hubo, además, participación de algunos civiles, que también fueron sentenciados.
El Tribunal Especializado de Sentencia A de San Salvador validó toda la investigación realizada por los fiscales del caso por lo que decidió imponer penas por cada delito acusado, que sumaron decenas de años en prisión.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
