Judicial
Dura condena para pandilleros que extorsionaban en el centro de San Salvador
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La unidad especializada de delitos de Extorsión y Crimen Organizado de la Fiscalía General de la República logró que 42 miembros de la pandilla Barrio 18 recibieran sentencias máximas por diversos ilícitos cometidos en perjuicio de trabajadores y empresas del centro de San Salvador.
La investigación de la Fiscalía se desarrolló durante los años 2020 y 2021, donde se logró la individualización de cada uno de los condenados, así como la función que cumplía cada quien dentro de la organización criminal.
La pena más amplia ha sido la incriminada al líder del Barrio 18, Miguel Ángel Morales Flores, alias Dasen, a quien se le impusieron 472 años de cárcel por los delitos de Proposición y Conspiración en el delito de Homicidio, Extorsión Agravada en 28 víctimas, Desaparición de Personas, Limitación Ilegal a la Libre Circulación y Agrupaciones Ilícitas.
Manuel de Jesús Velásquez López, alias “Manolo”, (líder local de la pandilla) fue sentenciado a 405 años de prisión por Proposición y Conspiración en el delito de Homicidio, Extorsión Agravada, Limitación Ilegal a la Libre Circulación y Agrupaciones Ilícitas.
Jonathan Gilberto Torres Muñoz fue condenado a 100 años de cárcel por los ilícitos de Proposición y Conspiración en el delito de Homicidio, Proposición y Conspiración en el delito de Tráfico de Drogas, Extorsión Agravada, Limitación Ilegal a la Libre Circulación y Agrupaciones Ilícitas.
De igual forma fueron condenados, Carlos Alberto Sánchez Alegría a 92 años de cárcel. Kevin Josué Reyes Cideos a 85 años. Gladys Erlinda Figueroa Alférez a 62 años. Marvin Alexander Escobar Hernández a 57 años, Samuel Enrique Santos Beltrán y José Darío Saravia a 55 años de prisión para cada uno.
“Esta condena resalta la eficaz y seria investigación realizada por la Unidad Especializada de Delitos de Extorsión de la Fiscalía General de la República, con el apoyo de la división élite contra el crimen organizado de la Policía Nacional Civil… el fallo fue contundente, dando un fuerte golpe a la pandilla del Barrio 18 que operaba en el centro de San Salvador”, puntualizó uno de los fiscales del caso.
En resumen, las penas de prisión van de los 9 años a los 472 años, donde se ha demostrado que la investigación de Fiscalía logró determinar con exactitud la participación delictiva de cada uno de los involucrados donde hubo, además, participación de algunos civiles, que también fueron sentenciados.
El Tribunal Especializado de Sentencia A de San Salvador validó toda la investigación realizada por los fiscales del caso por lo que decidió imponer penas por cada delito acusado, que sumaron decenas de años en prisión.
El Tribunal Sexto de Sentencia ha condenado al exconcejal Héctor Silva por el delito de difamación y calumnia en contra del diputado Christian Guevara. La sentencia, emitida el 27 de junio de 2024, fue confirmada el 4 de febrero por la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador.
Como parte de la resolución, Silva deberá indemnizar a Guevara con la suma de $50,000 y ofrecer una disculpa pública por los daños morales causados. Además, el exconcejal deberá pagar al Estado un total de $1,399.24 por cada uno de los delitos cometidos.
Sin embargo, Silva ha manifestado su desacuerdo con la decisión judicial y ha presentado un recurso de casación ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.
La controversia se originó tras declaraciones de Silva en un programa televisivo, donde acusó al diputado Guevara de recibir contratos publicitarios por «cientos de millas de dólares» de la Alcaldía de San Salvador, supuestamente a través de empresas vinculadas al legislador del partido Nuevas Ideas.
El Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, departamento de La Paz, enjuiciará durante cuatro semanas al exalcalde de Olocuilta, Marvin Ulises Rodríguez Álvarez y varios miembros de su exconcejo por delitos de corrupción.
A la vista pública que se realiza en la sede del centro judicial de Santa Tecla han comparecido siete de los acusados, otros cinco son procesados como ausentes, gracias a las reformas que aprobó la Asamblea Legislativa al Código Procesal Penal, las cuales facultan enjuiciar a imputados prófugos.
La Fiscalía General de la República les atribuye los delitos de peculado e incumplimiento de deberes en el período 2012 al 2015.
Una de las fiscales dijo que se les cuestiona por tres proyectos. El primero tiene que ver con la compra de un terreno para construir un cementerio municipal y un parque ecológico.
El inmueble fue adquirido en $236,000, y en la compraventa acordada se tenía una extensión determinada, pero en la escritura aparece una menor cantidad de terreno.
Para el cementerio se desembolsó $50,000, pero al final no se hizo nada de ese proyecto y para el parque ecológico se gastaron $260,000.
También se le acusa al prófugo exalcalde Marvin Ulises Rodríguez «de mover dinero de las cuentas del FODES que venían directamente para la alcaldía, para su cuenta personal y del tesorero municipal de ese entonces, Edwin León», manifestó la representante del ministerio público.
Documentos y pericias concluyen que Rodríguez transfirió entre $60,000 y $70,000 de los fondos FODES a su cuenta personal y lo hizo a través de transacciones bancarias.
Al comenzar la vista pública, la Fiscalía expuso al tribunal colegiado que durante el desarrollo de la diligencia presentará testimonios, pericias y documentos para acreditar los actos de corrupción consumados por los 12 acusados.
Un joven de 18 años enfrenta una detención provisional tras intentar vender una motocicleta robada, sin la documentación correspondiente, a su verdadero propietario.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, César Iván H. adquirió la motocicleta el 23 de diciembre del año pasado por 600 dólares, sin realizar los trámites legales necesarios. Posteriormente, el 11 de enero, publicó el vehículo en la plataforma de Marketplace por 700 dólares.
El joven recibió el interés de un supuesto comprador y acordaron llevar a cabo la transacción en Soyapango. Sin embargo, durante la entrega, el comprador resultó ser el dueño legítimo de la motocicleta, quien había denunciado el robo y estaba trabajando con la Policía para recuperar su vehículo.
Como resultado de esta situación, César Iván H. fue detenido por las autoridades, quienes continúan investigando el caso.
