Judicial
Dura condena para pandilleros que extorsionaban en el centro de San Salvador
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La unidad especializada de delitos de Extorsión y Crimen Organizado de la Fiscalía General de la República logró que 42 miembros de la pandilla Barrio 18 recibieran sentencias máximas por diversos ilícitos cometidos en perjuicio de trabajadores y empresas del centro de San Salvador.
La investigación de la Fiscalía se desarrolló durante los años 2020 y 2021, donde se logró la individualización de cada uno de los condenados, así como la función que cumplía cada quien dentro de la organización criminal.
La pena más amplia ha sido la incriminada al líder del Barrio 18, Miguel Ángel Morales Flores, alias Dasen, a quien se le impusieron 472 años de cárcel por los delitos de Proposición y Conspiración en el delito de Homicidio, Extorsión Agravada en 28 víctimas, Desaparición de Personas, Limitación Ilegal a la Libre Circulación y Agrupaciones Ilícitas.
Manuel de Jesús Velásquez López, alias “Manolo”, (líder local de la pandilla) fue sentenciado a 405 años de prisión por Proposición y Conspiración en el delito de Homicidio, Extorsión Agravada, Limitación Ilegal a la Libre Circulación y Agrupaciones Ilícitas.
Jonathan Gilberto Torres Muñoz fue condenado a 100 años de cárcel por los ilícitos de Proposición y Conspiración en el delito de Homicidio, Proposición y Conspiración en el delito de Tráfico de Drogas, Extorsión Agravada, Limitación Ilegal a la Libre Circulación y Agrupaciones Ilícitas.
De igual forma fueron condenados, Carlos Alberto Sánchez Alegría a 92 años de cárcel. Kevin Josué Reyes Cideos a 85 años. Gladys Erlinda Figueroa Alférez a 62 años. Marvin Alexander Escobar Hernández a 57 años, Samuel Enrique Santos Beltrán y José Darío Saravia a 55 años de prisión para cada uno.
“Esta condena resalta la eficaz y seria investigación realizada por la Unidad Especializada de Delitos de Extorsión de la Fiscalía General de la República, con el apoyo de la división élite contra el crimen organizado de la Policía Nacional Civil… el fallo fue contundente, dando un fuerte golpe a la pandilla del Barrio 18 que operaba en el centro de San Salvador”, puntualizó uno de los fiscales del caso.
En resumen, las penas de prisión van de los 9 años a los 472 años, donde se ha demostrado que la investigación de Fiscalía logró determinar con exactitud la participación delictiva de cada uno de los involucrados donde hubo, además, participación de algunos civiles, que también fueron sentenciados.
El Tribunal Especializado de Sentencia A de San Salvador validó toda la investigación realizada por los fiscales del caso por lo que decidió imponer penas por cada delito acusado, que sumaron decenas de años en prisión.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.
