Judicial
Diputado David Reyes presenta aviso por posible cometimiento de estafa por parte de empresarios del transporte
El diputado David Reyes presentó este día, un aviso a la Fiscalía General de la República (FGR), por el posible cometimiento del delito de estafa por parte de los empresarios del transporte colectivo.
Reyes recalcó que hay empresarios que se han mantenido firmes cobrando entre $200 y $400 del subsidio sin poner a trabajar las unidades del transporte, lo que es una estafa contra el Estado.
La iniciativa de Reyes surge, luego que el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera, pusiera en evidencia que hay unidades del transporte colectivo que se encuentran en estado de abandono y que pese a ello aún han estado cobrando el subsidio al transporte.
“Todos sabemos que en los últimos 12 años se han entregado más $700 millones en concepto de subsidio al transporte público, pero muchos de ellos han hecho de esto un negocio. Se han enriquecido con grandes cantidades de dinero cobrando un subsidio por un servicio que no ofrecen a la población”, recalcó el diputado.
Reyes se basa en las denuncias públicas hechas por el ministro Rodríguez Herrera, que mencionado que se han iniciado los procesos de suspensión de la retribución económica. “He presentado como pruebas declaraciones del ministro de Obras Públicas (Romeo Rodríguez Herrera), fotografías que él ha divulgado y que hemos recopilado, donde se comprueba que hay buses que tienen meses o quizá años en abandono y que sigue cobrando subsidio”, enfatizó.
“Esto es una estafa al Estado salvadoreño, porque todos contribuimos con ese impuesto de 10 centavos por galón de combustible que consumimos que va destinado al subsidio del transporte”, reiteró el parlamentario.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.
