Judicial
Decretan sobreseimiento definitivo a favor del Exfiscal Douglas Meléndez en caso QUIMAGRO
La Cámara Primero de lo Penal de la Primera Sección del Centro confirmó el sobreseimiento definitivo decretado por el Juzgado 1° de Paz a favor del ex fiscal general, Douglas Arquímides Meléndez Ruiz, por los delitos de omisión de la investigación, incumplimiento de deberes, actos arbitrarios y desobediencia.
La Cámara conoció del Recurso de Apelación interpuesta por José Vega Castañeda, en su calidad de director presidente y representante legal de la Sociedad Química Agrícola Internacional, SA de CV (QUIMAGRO), en contra de la resolución que dictaba el sobreseimiento definitivo a favor del ex fiscal general. Meléndez Ruiz.
Entre algunas de las argumentaciones de la Apelación, el Representante Legal de QUIMAGRO S.A de C.V, manifestó que los Agentes Auxiliares del Fiscal General de la República lo citaron para un formalismo consistente en «informárseme que había agotado, la posibilidad de obtención probatorio, durante la etapa de diligencias de investigación y que el análisis efectuado, lo que procedería era solicitar el sobreseimiento definitivo a favor del imputado Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz”, lo que para el representante legal, no gozó del legítimo derecho a ser oído previamente a la decisión de formular el Requerimiento Fiscal de Sobreseimiento Definitivo.
Así mismo manifestaba, en dicha Apelación; que la resolución dictada por el Juzgado Primero de Paz de esta ciudad, carecía de fundamentación.
Sin embargo, la Cámara Primera de lo Penal, consideró “El Tribunal tienen limitada su competencia al conocimiento de la causa venida en apelación, únicamente a los puntos específicos de la resolución que causan agravio al apelante José Antonio Vega Castañeda, en contra de sobreseer definitivamente al imputado Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz”.
Dijo también: “….Esta Cámara discrepa cuando señala que la decisión apelada adolece de la inobservancia…”
Por otra parte, la Cámara argumenta que “el apelante no expone de manera clara y concreta en que consiste la Falta de Fundamentación”… reza el documento.
Por tanto, la Cámara resuelve “Confírmese la resolución pronunciada por el Juzgado Primero de Paz de esta ciudad, por medio de la cual decretó el Sobreseimiento Definitivo a favor del imputado Douglas Arquímides Meléndez Ruiz, por los delitos de Omisión de la Investigación, Incumplimiento de Deberes, Actos Arbitrarios y Desobediencia; Con la certificación de ley, vuelvan los autos al Juzgado de origen”,
El Representante de QUIMAGRO S.A de C.V. denunció en la FGR que tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) habrían cometido el delito de Prevaricato, sin embargo el análisis de las actuaciones de los Magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CSJ se realizaron conforme a Ley.
A raíz de esto, La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al Juzgado 1° de Paz el sobreseimiento definitivo a favor del ex fiscal porque “no había delito que perseguir”, debido a que cuando éste fungió como Fiscal General de la República ordenó las respectivas averiguaciones para determinar si era procedente o no la promoción de antejuicio en contra de tres ex magistrados de la CSJ, por lo que la FGR consideró que el ex fiscal cumplió con sus obligaciones según la Constitución de la República (art.193 ordinal 3 y 4).
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
