Judicial
Decretan sobreseimiento definitivo a favor del Exfiscal Douglas Meléndez en caso QUIMAGRO
La Cámara Primero de lo Penal de la Primera Sección del Centro confirmó el sobreseimiento definitivo decretado por el Juzgado 1° de Paz a favor del ex fiscal general, Douglas Arquímides Meléndez Ruiz, por los delitos de omisión de la investigación, incumplimiento de deberes, actos arbitrarios y desobediencia.
La Cámara conoció del Recurso de Apelación interpuesta por José Vega Castañeda, en su calidad de director presidente y representante legal de la Sociedad Química Agrícola Internacional, SA de CV (QUIMAGRO), en contra de la resolución que dictaba el sobreseimiento definitivo a favor del ex fiscal general. Meléndez Ruiz.
Entre algunas de las argumentaciones de la Apelación, el Representante Legal de QUIMAGRO S.A de C.V, manifestó que los Agentes Auxiliares del Fiscal General de la República lo citaron para un formalismo consistente en «informárseme que había agotado, la posibilidad de obtención probatorio, durante la etapa de diligencias de investigación y que el análisis efectuado, lo que procedería era solicitar el sobreseimiento definitivo a favor del imputado Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz”, lo que para el representante legal, no gozó del legítimo derecho a ser oído previamente a la decisión de formular el Requerimiento Fiscal de Sobreseimiento Definitivo.
Así mismo manifestaba, en dicha Apelación; que la resolución dictada por el Juzgado Primero de Paz de esta ciudad, carecía de fundamentación.
Sin embargo, la Cámara Primera de lo Penal, consideró “El Tribunal tienen limitada su competencia al conocimiento de la causa venida en apelación, únicamente a los puntos específicos de la resolución que causan agravio al apelante José Antonio Vega Castañeda, en contra de sobreseer definitivamente al imputado Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz”.
Dijo también: “….Esta Cámara discrepa cuando señala que la decisión apelada adolece de la inobservancia…”
Por otra parte, la Cámara argumenta que “el apelante no expone de manera clara y concreta en que consiste la Falta de Fundamentación”… reza el documento.
Por tanto, la Cámara resuelve “Confírmese la resolución pronunciada por el Juzgado Primero de Paz de esta ciudad, por medio de la cual decretó el Sobreseimiento Definitivo a favor del imputado Douglas Arquímides Meléndez Ruiz, por los delitos de Omisión de la Investigación, Incumplimiento de Deberes, Actos Arbitrarios y Desobediencia; Con la certificación de ley, vuelvan los autos al Juzgado de origen”,
El Representante de QUIMAGRO S.A de C.V. denunció en la FGR que tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) habrían cometido el delito de Prevaricato, sin embargo el análisis de las actuaciones de los Magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CSJ se realizaron conforme a Ley.
A raíz de esto, La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al Juzgado 1° de Paz el sobreseimiento definitivo a favor del ex fiscal porque “no había delito que perseguir”, debido a que cuando éste fungió como Fiscal General de la República ordenó las respectivas averiguaciones para determinar si era procedente o no la promoción de antejuicio en contra de tres ex magistrados de la CSJ, por lo que la FGR consideró que el ex fiscal cumplió con sus obligaciones según la Constitución de la República (art.193 ordinal 3 y 4).
Judicial
Testigos confirman actos de corrupción en juicio contra exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano
Durante la vista pública contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, y otros cuatro imputados, varios testigos presentados por la Fiscalía General de la República han respaldado la acusación por delitos de corrupción cometidos durante su gestión.
En casi un mes de juicio, interrumpido en diversas ocasiones y con jornadas parciales, han comparecido empleados municipales que denunciaron afectaciones por el impago de salarios durante periodos de hasta tres meses, así como la retención de cuotas laborales. Esta última situación les impidió recibir atención médica en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
Con estos testimonios, el Ministerio Público busca demostrar los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales e infracción de las condiciones laborales o de seguridad social.
También declaró una perito que elaboró un informe técnico confirmando que, aunque se descontaron las cuotas laborales a los empleados, los fondos no fueron trasladados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). El peritaje establece un perjuicio a la administración pública por más de $387,042.71.
Otro experto técnico relató que, mediante un análisis forense digital, extrajo información de los dispositivos electrónicos incautados a los imputados —entre ellos teléfonos celulares—, hallando datos que vinculan a los procesados con actividades ilícitas.
Además, una auditoría financiera reveló que durante la gestión de Montano, la alcaldía pagó $1.2 millones en comisiones a una empresa por recuperación de mora, cifra superior a los $867,499 realmente recuperados. Según el informe, no se realizó un estudio previo para definir el porcentaje de comisión, y la empresa representada por el imputado Ricardo Arturo Roque Baires cobró un 9.97% más que otras contratadas en administraciones anteriores.
Con este conjunto de pruebas, la Fiscalía busca sustentar las acusaciones de malversación e incumplimiento de deberes contra los exfuncionarios municipales.
Judicial
Juzgado programará audiencia inicial para 12 transportistas detenidos por suspensión del servicio
El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ha programado para este viernes la audiencia inicial en contra de 12 empresarios del transporte público, quienes fueron capturados entre el 5 y el 7 de mayo de 2025 por presuntamente haber suspendido de forma irregular el servicio, a pesar de ser un servicio público subsidiado por el Estado.
Las detenciones fueron ordenadas luego de que los transportistas no operaran con normalidad sus unidades, lo cual, según las autoridades, constituye una falta grave al tratarse de un servicio esencial para la ciudadanía y financiado parcialmente con fondos públicos.
El pasado lunes, la Fiscalía General de la República presentó el requerimiento ante el juzgado, solicitando que el caso avance a la etapa de instrucción formal. Además, pidió que se otorguen medidas alternas a la detención provisional, lo que permitiría que los imputados continúen el proceso judicial en libertad.
A los acusados se les atribuyen los delitos de peculado e incumplimiento de deberes, según consta en el expediente promovido por el Ministerio Público.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ayer (lunes) el requerimiento de acusación contra 12 empresarios del transporte colectivo, a quienes se les imputa la presunta comisión de los delitos de peculado e incumplimiento de deberes.
Según informó la institución, los señalados serán procesados en libertad, bajo medidas alternas a la detención.
Los imputados poseen concesiones y permisos provisionales para operar diferentes rutas del transporte público. De acuerdo con la FGR, fueron capturados los días 5, 6 y 7 de mayo de 2025, luego de que las autoridades detectaran que no prestaron el servicio de transporte a la población o lo hicieron con una reducción significativa de unidades, pese a que el Gobierno había entregado $12 millones en compensación para garantizar la gratuidad del servicio, debido al cierre temporal del tramo de Los Chorros en la carretera Panamericana.
“Se procedió a la detención en flagrancia, siendo este un servicio público y subsidiado con fondos del Estado”, indicó la Fiscalía.
El requerimiento fue presentado en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador.
