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Decretan 8 años de cárcel para dos sujetos que asaltaron a una víctima en los Planes de Renderos

Condenas de prisión de 8 años deberán cumplir dos delincuentes, quienes fueron declarados culpables por el delito de robo agravado, según confirmó este martes la Fiscalía General de la República (FGR).
El informe de la Unidad de Patrimonio Privado de la Fiscalía de San Marcos señala que los imputados son Ronald Alberto Bonilla y Marco Antonio Molina, quienes enfrentaron la vista pública ante el Tribunal 1° de sentencia de San Salvador.
Durante la audiencia, la representación fiscal acreditó abundante prueba con la que probó el asalto consumado el 12 de diciembre del año 2020, en horas de la mañana cuando la víctima se encontraba en la parada de buses ubicada en kilometro 8 1/2 de la carretera a los Planes de Renderos, en la jurisdicción de San Marcos.
La víctima denunció que los delincuentes se le acercaron para exigirle a punta de pistola que les entregara todo lo que llevaba de valor, mientras uno le amenazaba con el arma en la cabeza el otro le sacó de la bolsa delantera del pantalón la cantidad de $200 dólares, así como otras prendas de valor.
Las indagaciones y la denuncia oportuna llevó a la captura de los delincuentes y quienes ahora cumplen la referida pena de prisión.
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Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador

Foto: Cortesía
Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.
Los adolescentes fueron capturados ayer, supuestamente por «intentar formar una estructura de pandillas», según informó la Fiscalía General de la República. Video / Cortesía. pic.twitter.com/dxa5voS5DT
— LPGJudicial (@LPGJudicial) June 25, 2025
Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.
Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.
Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.
Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
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Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador
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Abogado Salvador Anaya, acusado de lavado de dinero, seguirá detenido

El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó que el abogado Salvador Enrique Anaya Barraza permanezca en detención provisional mientras su caso avanza a la siguiente etapa del proceso penal.
La Fiscalía General de la República lo acusa por el delito de lavado de dinero y activos, cometido presuntamente entre los años 2015 y 2024. El proceso fue judicializado el pasado sábado bajo régimen de reserva total, por lo que ninguna de las partes puede proporcionar detalles adicionales del expediente.
Según la legislación salvadoreña, el delito de lavado de dinero contempla penas de entre cinco y 15 años de prisión. Este delito incluye operaciones financieras u omisiones destinadas a ocultar el origen ilícito de bienes provenientes de actividades delictivas.
Durante la audiencia inicial, el abogado defensor Jaime Quintanilla afirmó que el proceso se desarrolló con normalidad y que la defensa presentó los elementos que respaldan la inocencia de su cliente.