Judicial
Condenan a sujeto que agredió y violó a un niño de 12 años cuando salían a predicar
A 19 años de prisión ha sido condenado un hombre por los delitos de violación y agresión sexual, ambos en perjuicio de un niño de 12 años que se congregaba en la misma iglesia en una zona rural de Apastepeque.
El sentenciado fue identificado como Cruz S. P, de 47 años.
La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) establece que el sujeto era amigo de los papás de la víctima ya que todos se congregaban en una misma iglesia en Apastepeque, San Vicente.
Cruz, los progenitores y su hijo, junto con otros fieles, salían cada cierto tiempo del templo donde comulgaban en misiones religiosas con la intención de predicar a los habitantes de otras zonas aledañas.
El sujeto se aprovechaba de esas salidas, y de la confianza que le tenían los papás, para agredir sexualmente al niño, abusos que ocurrieron entre junio y julio de 2014. Después de las agresiones, Cruz terminó violando al pequeño en una ocasión.
Cuando los progenitores se dieron cuenta lo denunciaron a la Policía Nacional Civil (PNC); los agentes arrestaron al hombre y se iniciaron las investigaciones en conjunto con el ministerio público.
El caso avanzó hasta un juez de Sentencia de San Vicente, quien decidió mandarlo a la cárcel 14 años solo por violación, por lo que el fiscal del caso apeló ante la Cámara de lo Penal de la Tercera Sección del Centro.
El tribunal dio la razón a la FGR y ordenó un nuevo juicio por agresión sexual, donde el imputado terminó aceptado los cargos y en el que fue condenado a otros cinco años, para totalizar 19 años en prisión.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
