Judicial
Condenan a dos mujeres que forcejearon y agarraron del pelo a una policía para que no registrara a un pariente
El Tribunal 2º de Sentencia de Santa Ana condenó penalmente a dos mujeres, a quienes la Fiscalía acusaba del delito de resistencia agresiva, previsto y sancionado en el Artículo 337-A del Código Penal, en perjuicio de la administración pública.
Las imputadas Marta de Jesús Quijada de Rivas, de 38 años de edad; y Sandra Corina González de Lucero, de 41, fueron condenadas cada una a purgar una pena de tres años de cárcel, las cuales les fueron sustituidas por su equivalente a 144 jornadas semanales de trabajo de utilidad pública de ocho horas cada una, que deberán de cumplir en horarios y lugares determinados por un Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena competente. Asimismo, se les impuso la pena accesoria de inhabilitación absoluta de pérdida de los derechos de ciudadano por igual período que cada una de las penas principales.
En el expediente judicial se consigna que los hechos ocurrieron el 13 de enero de 2019, a las 10:05 de la mañana, en la 16ª. Calle Oriente, frente a la cancha de fútbol del Reparto IVU Los 44 de Santa Ana, cuando agentes policiales se encontraban realizando un patrullaje en la referida dirección. Dos de ellos decidieron intervenir a un sujeto que se conducía en una motocicleta, placas M-325677, porque intentó evadirlos desobedeciendo la señal de alto que los policías le hicieron con anticipación.
Cuando lograron que detuviera la marcha procedieron a verificar sus documentos de tránsito y a practicarle una requisa personal, lo identificaron como Marvin Vladimir Rivas Quijada; y no portaba licencia de conducir. En ese mismo instante, a un par de metros del procedimiento estaban las dos mujeres quienes comenzaron a lanzar improperios contra los agentes de autoridad. Un hombre que observó todo les dijo a las mujeres que los agentes sólo hacían su trabajo; pero las mujeres comenzaron a caminar a donde estaban los policías y se lanzaron contra la mujer policía, causándole laceraciones en el cuello.
Quijada de Rivas, madre del motociclista detenido, tomó de la pistola propiedad de la Policía Nacional Civil (PNC) a la agente, para intentar arrebatársela, forcejeando para sacarla de la funda; mientras González de Lucero, tía del conductor de la moto, la tomaba del cabello para neutralizarla. Cuando los otros agentes se percatan de la situación, procedieron a apoyar a su compañera y neutralizaron a las dos mujeres. Asimismo, trataron de que la multitud que había en el sector no se involucrara, ya que en el lugar se desarrollaba un torneo de fútbol.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
