Judicial
Condenan a dos mujeres que forcejearon y agarraron del pelo a una policía para que no registrara a un pariente
El Tribunal 2º de Sentencia de Santa Ana condenó penalmente a dos mujeres, a quienes la Fiscalía acusaba del delito de resistencia agresiva, previsto y sancionado en el Artículo 337-A del Código Penal, en perjuicio de la administración pública.
Las imputadas Marta de Jesús Quijada de Rivas, de 38 años de edad; y Sandra Corina González de Lucero, de 41, fueron condenadas cada una a purgar una pena de tres años de cárcel, las cuales les fueron sustituidas por su equivalente a 144 jornadas semanales de trabajo de utilidad pública de ocho horas cada una, que deberán de cumplir en horarios y lugares determinados por un Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena competente. Asimismo, se les impuso la pena accesoria de inhabilitación absoluta de pérdida de los derechos de ciudadano por igual período que cada una de las penas principales.
En el expediente judicial se consigna que los hechos ocurrieron el 13 de enero de 2019, a las 10:05 de la mañana, en la 16ª. Calle Oriente, frente a la cancha de fútbol del Reparto IVU Los 44 de Santa Ana, cuando agentes policiales se encontraban realizando un patrullaje en la referida dirección. Dos de ellos decidieron intervenir a un sujeto que se conducía en una motocicleta, placas M-325677, porque intentó evadirlos desobedeciendo la señal de alto que los policías le hicieron con anticipación.
Cuando lograron que detuviera la marcha procedieron a verificar sus documentos de tránsito y a practicarle una requisa personal, lo identificaron como Marvin Vladimir Rivas Quijada; y no portaba licencia de conducir. En ese mismo instante, a un par de metros del procedimiento estaban las dos mujeres quienes comenzaron a lanzar improperios contra los agentes de autoridad. Un hombre que observó todo les dijo a las mujeres que los agentes sólo hacían su trabajo; pero las mujeres comenzaron a caminar a donde estaban los policías y se lanzaron contra la mujer policía, causándole laceraciones en el cuello.
Quijada de Rivas, madre del motociclista detenido, tomó de la pistola propiedad de la Policía Nacional Civil (PNC) a la agente, para intentar arrebatársela, forcejeando para sacarla de la funda; mientras González de Lucero, tía del conductor de la moto, la tomaba del cabello para neutralizarla. Cuando los otros agentes se percatan de la situación, procedieron a apoyar a su compañera y neutralizaron a las dos mujeres. Asimismo, trataron de que la multitud que había en el sector no se involucrara, ya que en el lugar se desarrollaba un torneo de fútbol.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
