Judicial
Condenan a dos mujeres que forcejearon y agarraron del pelo a una policía para que no registrara a un pariente
El Tribunal 2º de Sentencia de Santa Ana condenó penalmente a dos mujeres, a quienes la Fiscalía acusaba del delito de resistencia agresiva, previsto y sancionado en el Artículo 337-A del Código Penal, en perjuicio de la administración pública.
Las imputadas Marta de Jesús Quijada de Rivas, de 38 años de edad; y Sandra Corina González de Lucero, de 41, fueron condenadas cada una a purgar una pena de tres años de cárcel, las cuales les fueron sustituidas por su equivalente a 144 jornadas semanales de trabajo de utilidad pública de ocho horas cada una, que deberán de cumplir en horarios y lugares determinados por un Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena competente. Asimismo, se les impuso la pena accesoria de inhabilitación absoluta de pérdida de los derechos de ciudadano por igual período que cada una de las penas principales.
En el expediente judicial se consigna que los hechos ocurrieron el 13 de enero de 2019, a las 10:05 de la mañana, en la 16ª. Calle Oriente, frente a la cancha de fútbol del Reparto IVU Los 44 de Santa Ana, cuando agentes policiales se encontraban realizando un patrullaje en la referida dirección. Dos de ellos decidieron intervenir a un sujeto que se conducía en una motocicleta, placas M-325677, porque intentó evadirlos desobedeciendo la señal de alto que los policías le hicieron con anticipación.
Cuando lograron que detuviera la marcha procedieron a verificar sus documentos de tránsito y a practicarle una requisa personal, lo identificaron como Marvin Vladimir Rivas Quijada; y no portaba licencia de conducir. En ese mismo instante, a un par de metros del procedimiento estaban las dos mujeres quienes comenzaron a lanzar improperios contra los agentes de autoridad. Un hombre que observó todo les dijo a las mujeres que los agentes sólo hacían su trabajo; pero las mujeres comenzaron a caminar a donde estaban los policías y se lanzaron contra la mujer policía, causándole laceraciones en el cuello.
Quijada de Rivas, madre del motociclista detenido, tomó de la pistola propiedad de la Policía Nacional Civil (PNC) a la agente, para intentar arrebatársela, forcejeando para sacarla de la funda; mientras González de Lucero, tía del conductor de la moto, la tomaba del cabello para neutralizarla. Cuando los otros agentes se percatan de la situación, procedieron a apoyar a su compañera y neutralizaron a las dos mujeres. Asimismo, trataron de que la multitud que había en el sector no se involucrara, ya que en el lugar se desarrollaba un torneo de fútbol.
Judicial
Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador
Foto: Cortesía
Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.
Los adolescentes fueron capturados ayer, supuestamente por «intentar formar una estructura de pandillas», según informó la Fiscalía General de la República. Video / Cortesía. pic.twitter.com/dxa5voS5DT
— LPGJudicial (@LPGJudicial) June 25, 2025
Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.
Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.
Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.
Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
Judicial
Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador
El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador ordenó prisión preventiva para Jorge Alberto González, acusado de electrocutar a su hijastro de 19 años, tras concluir la audiencia inicial del proceso penal.
La Fiscalía General de la República le imputa los delitos de simulación de delito, fraude procesal y homicidio agravado, para los cuales presentó indicios suficientes para iniciar el proceso judicial.
Según la acusación, el hecho ocurrió el 19 de marzo de 2025 en un mesón ubicado en la 12ª Calle Poniente y Avenida Cuscatlán, donde González, mecánico soldador, presuntamente conectó a su hijastro a un aparato eléctrico, provocándole una descarga para simular un suicidio, y luego huyó con el equipo utilizado.
El 21 de marzo, el acusado regresó al lugar y reportó a las autoridades el hallazgo del cuerpo. La autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la muerte fue producto de un homicidio y no un suicidio.
El juzgado concluyó que la evidencia inicial presentada por el ministerio público era suficiente para dictar la prisión provisional contra González.
El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó que el abogado Salvador Enrique Anaya Barraza permanezca en detención provisional mientras su caso avanza a la siguiente etapa del proceso penal.
La Fiscalía General de la República lo acusa por el delito de lavado de dinero y activos, cometido presuntamente entre los años 2015 y 2024. El proceso fue judicializado el pasado sábado bajo régimen de reserva total, por lo que ninguna de las partes puede proporcionar detalles adicionales del expediente.
Según la legislación salvadoreña, el delito de lavado de dinero contempla penas de entre cinco y 15 años de prisión. Este delito incluye operaciones financieras u omisiones destinadas a ocultar el origen ilícito de bienes provenientes de actividades delictivas.
Durante la audiencia inicial, el abogado defensor Jaime Quintanilla afirmó que el proceso se desarrolló con normalidad y que la defensa presentó los elementos que respaldan la inocencia de su cliente.
