Judicial
Condenan a dos mujeres que forcejearon y agarraron del pelo a una policía para que no registrara a un pariente
El Tribunal 2º de Sentencia de Santa Ana condenó penalmente a dos mujeres, a quienes la Fiscalía acusaba del delito de resistencia agresiva, previsto y sancionado en el Artículo 337-A del Código Penal, en perjuicio de la administración pública.
Las imputadas Marta de Jesús Quijada de Rivas, de 38 años de edad; y Sandra Corina González de Lucero, de 41, fueron condenadas cada una a purgar una pena de tres años de cárcel, las cuales les fueron sustituidas por su equivalente a 144 jornadas semanales de trabajo de utilidad pública de ocho horas cada una, que deberán de cumplir en horarios y lugares determinados por un Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena competente. Asimismo, se les impuso la pena accesoria de inhabilitación absoluta de pérdida de los derechos de ciudadano por igual período que cada una de las penas principales.
En el expediente judicial se consigna que los hechos ocurrieron el 13 de enero de 2019, a las 10:05 de la mañana, en la 16ª. Calle Oriente, frente a la cancha de fútbol del Reparto IVU Los 44 de Santa Ana, cuando agentes policiales se encontraban realizando un patrullaje en la referida dirección. Dos de ellos decidieron intervenir a un sujeto que se conducía en una motocicleta, placas M-325677, porque intentó evadirlos desobedeciendo la señal de alto que los policías le hicieron con anticipación.
Cuando lograron que detuviera la marcha procedieron a verificar sus documentos de tránsito y a practicarle una requisa personal, lo identificaron como Marvin Vladimir Rivas Quijada; y no portaba licencia de conducir. En ese mismo instante, a un par de metros del procedimiento estaban las dos mujeres quienes comenzaron a lanzar improperios contra los agentes de autoridad. Un hombre que observó todo les dijo a las mujeres que los agentes sólo hacían su trabajo; pero las mujeres comenzaron a caminar a donde estaban los policías y se lanzaron contra la mujer policía, causándole laceraciones en el cuello.
Quijada de Rivas, madre del motociclista detenido, tomó de la pistola propiedad de la Policía Nacional Civil (PNC) a la agente, para intentar arrebatársela, forcejeando para sacarla de la funda; mientras González de Lucero, tía del conductor de la moto, la tomaba del cabello para neutralizarla. Cuando los otros agentes se percatan de la situación, procedieron a apoyar a su compañera y neutralizaron a las dos mujeres. Asimismo, trataron de que la multitud que había en el sector no se involucrara, ya que en el lugar se desarrollaba un torneo de fútbol.
Este martes se instaló en el Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María el juicio contra tres ex altos mandos militares salvadoreños, acusados del asesinato de cuatro periodistas holandeses durante una emboscada ocurrida el 17 de marzo de 1982, en plena guerra civil.
Se trata del primer juicio con jurado en el país por crímenes de guerra, y marca un hito en los esfuerzos de justicia transicional en El Salvador.
Los imputados son José Guillermo García, exministro de la Defensa (91 años); Francisco Morán, exdirector de la extinta Policía de Hacienda (93); y Mario Adalberto Reyes Mena, excomandante de la Cuarta Brigada de Infantería en Chalatenango (85). Según las investigaciones, los tres habrían tenido participación directa o conocimiento previo del ataque perpetrado en el caserío La Lomona, jurisdicción de Santa Rita.
Las víctimas —Koos Jacobus Andries Koster, Jan Cornelius Kuiper Joop, Hans Lodewijk Ter Laag y Hohannes Jan Wilemsen— trabajaban para la televisora holandesa Ikon TV. El día de su asesinato se dirigían hacia un campamento guerrillero del FMLN, con el propósito de realizar un reportaje sobre el conflicto armado salvadoreño. Fueron emboscados y ejecutados mientras eran guiados por miembros del movimiento insurgente.
El caso fue reabierto en 2018, luego de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993, que había protegido durante décadas a responsables de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado.
La Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, en su informe de 1993, concluyó que el crimen fue resultado de «una emboscada planificada» por el coronel Reyes Mena, con el conocimiento de otros mandos militares.
Durante la apertura del juicio, se leyeron declaraciones de familiares de las víctimas. Saskia ter Laag, hermana de Hans Lodewijk, expresó su esperanza de que, más de cuatro décadas después, finalmente se conozca la verdad:
“Para mí y para mis seres queridos, lo más importante es obtener la respuesta a la pregunta: ¿Por qué motivo tuvieron que ser ejecutados?”, dijo.
El juicio es observado de cerca tanto por organizaciones nacionales como internacionales, que consideran este proceso un paso decisivo para romper la impunidad que ha rodeado los crímenes de la guerra civil salvadoreña.
Luis René Rivera González enfrenta cargos por feminicidio agravado, acusado de haber asesinado a su compañera de vida a golpes en la cabeza y posteriormente incinerar el cuerpo para intentar ocultar el crimen, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El hecho ocurrió el pasado 13 de marzo en un terreno baldío ubicado sobre la carretera a Punta Mango, en el caserío La Vaca, cantón El Zope, distrito de Jucuarán, Usulután.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, tras cometer el homicidio, Rivera González regresó a su vivienda en Chirilagua, San Miguel, y minutos más tarde volvió a la escena del crimen para prender fuego al cadáver.
La desaparición de la víctima fue reportada por familiares el 21 de abril. Gracias a las diligencias realizadas por la FGR, el cuerpo fue localizado el 30 de abril. La institución también señaló que la mujer había sido víctima de un ciclo de violencia por parte del acusado.
Rivera González fue capturado mediante orden administrativa el 15 de mayo. La FGR ha solicitado al Juzgado de Paz de Chirilagua que el proceso avance a la etapa de instrucción con régimen de detención provisional mientras continúan las investigaciones.
Judicial
Mujer es acusada de homicidio agravado por la muerte de su pareja y otro hombre en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento ante el Juzgado Tercero de Paz de San Miguel en contra de Dilcia Alejandra Navarro Umaña, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de dos hombres, entre ellos su compañero de vida.
Según el informe fiscal, los hechos ocurrieron luego de una reunión en la que Navarro Umaña, su pareja sentimental, de 39 años, y un amigo de ambos, compartían bebidas alcohólicas. Durante el encuentro surgió una discusión que continuó cuando los tres se trasladaron a la vivienda de la pareja.
“Al llegar a la casa, los dos hombres comenzaron a pelear. En ese momento, la mujer tomó un cuchillo e hirió de gravedad a ambos. Una tercera persona que intentó intervenir resultó con lesiones leves”, detalló la FGR en su comunicado oficial.
La pareja de Navarro Umaña falleció en el lugar a causa de dos heridas en el tórax y una en el cuello, mientras que el otro hombre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde murió la mañana del 19 de mayo mientras recibía atención médica.
El Ministerio Público ha solicitado al juzgado que se decrete detención provisional contra la acusada y que el caso pase a la fase de instrucción, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
