Judicial
Condenados a 75 años de cárcel por matar a una profesora y a sus padres en Sonsonate
El Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate condenó a 75 años de prisión a José Reynaldo Maldinera Quijano y Dimas Elizardo López Vásquez, por encontrarlos culpables de de matar a una maestra y sus padres, hecho ocurrido el 16 de febrero de 2021 en Acajutla, Sonsonate, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Las víctimas de este ataque fueron la docente Mayra Yesenia Cerna Rodríguez, de 29 años, quien impartía clases en un colegio privado de Sonzacate, y sus padres Balmore Galileo Cerna Aguirre y Rosa Emilia Rodríguez, ambos de 60 años.
El triple crimen fue cometido en la vivienda de las víctimas, ubicada en el cantón Morro Grande Debajo de Acajutla, donde, según las investigaciones, ingresaron los atacantes, quienes vivían en la misma zona, y sometieron a la maestra y a sus padres, atándolos de pies y manos para luego atacarlos con armas de fuego y arma blanca.
El Tribunal declaró culpables a los dos imputados y les impuso una pena de 25 años de prisión por cada uno de los tres homicidios.
Un tercer procesado en este caso, identificado como Fermín Antonio Maldinera Quijano, hermano de uno de los condenados y que era acusado como cómplice necesario, fue absuelto por insuficiencia probatoria.
Internacionales
Guatemala extradita a El Salvador al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes por hurto agravado
La Policía Nacional de Guatemala, con apoyo de INTERPOL, entregó a las autoridades salvadoreñas al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes, de 67 años, requerido por el delito de hurto agravado.
La extradición se realizó en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Guatemala, emitida el 5 de marzo, tras la solicitud de la Fiscalía General de la República de El Salvador. Gaitán Paredes había estado recluido en la cárcel Mariscal Zavala y, una vez resuelta su situación legal en Guatemala, fue trasladado a través de la frontera de Valle Nuevo, donde fue recibido por agentes de INTERPOL de El Salvador.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador declaró culpable a Edwin Mauricio Alvarado Lazo, por los delitos de feminicidio agravado y agresión sexual en menor e incapaz, imponiéndole una condena de 66 años de cárcel.
De acuerdo con la confesión presentada ante la jueza, el 9 de octubre de 2023 la víctima de 7 años, pasaba frente a la vivienda del procesado, quien la llamó e hizo ingresar.
Una vez dentro, la asfixió mientras estaba sentada en un sofá y posteriormente la agredió físicamente.
Más tarde, introdujo el cuerpo en un saco y lo abandonó en un área verde del reparto La Campanera.
Durante la vista pública, testigos relataron que previamente habían tenido altercados con el imputado por su conducta indebida hacia menores de la zona.
El juzgado identificó la misoginia y el desprecio hacia las mujeres en las acciones del condenado al atacar a una menor de edad y desechar su cuerpo.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
