Judicial
Ciudadanos colombianos son sentenciados a 15 años de cárcel por tráfico de 1,998 kilos de cocaína al interior de un buque en Puerto La Unión

Tras transportar en agua salvadoreña más de 1,998 kilos de cocaína, fueron condenados a 15 años de prisión tres colombianos por el Tribunal de Sentencia de La Unión.
Los acusados fueron identificados como Jhon Fredy Suarez Estupiñán, Jaime Solís Rentería y José Tomas Hurtado Valencia, quienes fueron acusados por el delito de tráfico ilícito.
Los extranjeros fueron capturados al ser descubiertos al ir en un buque, de fabricación artesanal en la que viajaban, el pasado 3 de octubre de 2018.
Según fuentes fiscales la droga fue valorada por las autoridades por 50 millones de dólares y la nave fue detenida a 455 millas náuticas, al sur del Puerto de La Unión.
El juez al analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía declaró culpables de transportar dorga en las costas salvadoreña.
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Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones

El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.

Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.