Judicial
CASO CORRUPTELA se sigue desmoronando: Defensa de Rais pide que se investiguen a los propietarios de los aviones en los que viajó el exfiscal General
En las últimas horas se ha dado a conocer que los Apoderados legales del empresario Enrique Rais, presentaron una solicitud al Juzgado que ventila el llamado caso “corruptela” para que verifique quiénes son los propietarios de las Aeronaves que transportaban al Ex Fiscal General, Luis Martinez, durante el periodo en que fungió como tal, entre los años 2012-2015.
La petición surgió como consecuencia que al verificar el expediente del caso, los abogados encontraron que la Fiscalía solicitó información al Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre Aeronaves que transportaron al Ex Fiscal General y personal de la FGR, que sin embargo no fueron señalados en el proceso y que no tienen ninguna vinculación con Enrique Rais o sus empresas. Entre los aviones que deben ser investigados a solicitud de la defensa del empresario, están: Los N483FG y N70HB de ABC ELITE AVIATION; como también las matrículas de aeronaves N949SS, N750EL, YS-1011P y TG-CXA.
De acuerdo a la defensa, esos Aviones no pertenecen a Enrique Rais, sino a otros empresarios que deberá identificar la Jueza, con la intención de comprobar que se trataba de una práctica que desinteresadamente realizaban varios empresarios salvadoreños para facilitar la actividad del ente fiscal, que por sus limitaciones; hecho por el cual sin embargo, Rais ha tenido que enfrentar un proceso penal que desde el principio presentó grandes anomalías y que según distintos analistas jurídicos se construyó con el fin de buscar la reelección por parte de Douglas Meléndez, hecho por el que también han sido señalados tanto el Ex Jefe UIF Jorge Cortez, quien también voló en los aviones, como otros de los fiscales que tramitaron el referido caso.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
