Judicial
CASO CORRUPTELA se sigue desmoronando: Defensa de Rais pide que se investiguen a los propietarios de los aviones en los que viajó el exfiscal General
En las últimas horas se ha dado a conocer que los Apoderados legales del empresario Enrique Rais, presentaron una solicitud al Juzgado que ventila el llamado caso “corruptela” para que verifique quiénes son los propietarios de las Aeronaves que transportaban al Ex Fiscal General, Luis Martinez, durante el periodo en que fungió como tal, entre los años 2012-2015.
La petición surgió como consecuencia que al verificar el expediente del caso, los abogados encontraron que la Fiscalía solicitó información al Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre Aeronaves que transportaron al Ex Fiscal General y personal de la FGR, que sin embargo no fueron señalados en el proceso y que no tienen ninguna vinculación con Enrique Rais o sus empresas. Entre los aviones que deben ser investigados a solicitud de la defensa del empresario, están: Los N483FG y N70HB de ABC ELITE AVIATION; como también las matrículas de aeronaves N949SS, N750EL, YS-1011P y TG-CXA.
De acuerdo a la defensa, esos Aviones no pertenecen a Enrique Rais, sino a otros empresarios que deberá identificar la Jueza, con la intención de comprobar que se trataba de una práctica que desinteresadamente realizaban varios empresarios salvadoreños para facilitar la actividad del ente fiscal, que por sus limitaciones; hecho por el cual sin embargo, Rais ha tenido que enfrentar un proceso penal que desde el principio presentó grandes anomalías y que según distintos analistas jurídicos se construyó con el fin de buscar la reelección por parte de Douglas Meléndez, hecho por el que también han sido señalados tanto el Ex Jefe UIF Jorge Cortez, quien también voló en los aviones, como otros de los fiscales que tramitaron el referido caso.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
