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Judicial

Capturan a 17 personas por diferentes delitos en San Vicente

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La Fiscalía General de la República a través de la oficina de San Vicente ordenó la captura de 17 personas ligadas a los delitos de Homicidio Agravado, Violación en Menor e Incapaz, Acoso Sexual, Apropiación Indebida, Hurto y Robo Agravado.

Las detenciones se hicieron efectivas a través de registros con prevención de allanamientos en diferentes lugares de los municipios de San Vicente, Tecoluca, San Cayetano Istepeque, y en San Agustín del departamento de Usulután.

Entre los aprehendidos por Homicidio Agravado está Miguel Ángel Argueta Valencia, integrante de la pandilla 18 revolucionario, que responderá por su participación en el crimen de Melvin Orlando Canizalez González cometido el 9 de septiembre de 2020, en el cantón El Pacún del municipio de Tecoluca.

También, Yosael Bonilla Constanza será procesado por Homicidio Agravado en contra de la vida de José Alfonso Zamora.

Mientras que Víctor Manuel Ayala, será procesado por Homicidio Agravado Tentado en contra de un familiar, realizado el 9 de noviembre de 2017, en el caserío Los Iraheta, del cantón El Rosario del municipio de Santa Clara.

Por el mismo delito, pero cometido en San Esteban Catarina y en diferente víctima, Rolín Josué Barahona Cruz responderá ante los tribunales.

Por el delito de Violación en Menor e Incapaz han sido capturados Walter Alberto Amaya González, Víctor Manuel Soriano Molina y José Andrés Villalta Flores, que darán cuenta por abusar sexualmente a diferentes víctimas cometidos en varios cantones del municipio de Tecoluca.

José Leonidas Miranda Chacón dará cuenta de las acciones ilícitas de Amenazas con Agravación Especial, Expresiones de Violencia contras las mujeres y Acoso Sexual.

Y por el delito de Hurto responderá penalmente, María Luisa Constanza; y Kevin Javier Linarte Torres por el de Robo Agravado.

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Judicial

Continúa proceso judicial contra exdiputado de ARENA, David Reyes

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La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal contra el exdiputado David Reyes y su esposa por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, señalando un incremento patrimonial injustificado que supera los $225,000 durante su periodo legislativo.

De acuerdo con las investigaciones, se habrían detectado irregularidades en la compra de vehículos, pagos de vivienda y uso de tarjetas de crédito, que no corresponden a los ingresos declarados por el exfuncionario.

La FGR sostiene que los fondos utilizados para dichas operaciones no tienen un origen lícito comprobable, por lo que solicitó al tribunal correspondiente que se impongan las sanciones establecidas por la ley en caso de confirmarse las irregularidades.

El proceso judicial se encuentra en su fase final, y será el próximo 28 de octubre cuando el juez emita su veredicto, determinando si Reyes y su esposa deberán devolver los fondos al Estado o enfrentar otras consecuencias legales.

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Judicial

Sujeto es enviado a prisión por asesinato en La Unión

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Noé David Meléndez fue detenido por la Policía, acusado de quitarle la vida a un hombre en Anamorós, La Unión. Según las investigaciones, tras una discusión, Meléndez golpeó a la víctima con un trozo de madera, provocándole la muerte.

El acusado enfrentó la audiencia inicial en el Juzgado de Paz de Anamorós, donde la jueza determinó que permanezca en prisión provisional mientras continúan las investigaciones.

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Judicial

Demandarán a Manuel Flores por $250,000

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El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.

«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.

El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.

La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.

Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.

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