Judicial
Auditores de la CCR capturados por corrupción en caso “El Chaparral” quedan en libertad
Autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) informaron que los dos empleados de la Corte de Cuentas de la República (CCR) que fueron capturados por corrupción en caso “El Chaparral” quedaron en libertad, este viernes.
Miembros de la FGR manifestaron que a pesar que Juzgado Décimo de Paz de San Salvador aceptó toda la prueba presentada contra funcionarios de la CCR, estos continuarán el proceso en Libertad.
Según la Fiscalía, para poder estar en libertad José Isidro Cruz Argueta, de 54 años de edad; y Wilfredo Aguilar Montesinos, de 46 años, deberán cancelar en concepto de fianza dos mil dólares y portar brazaletes electrónicos.
Argueta y Montesinos, quienes ocupan el cargo de jefes auditores, están siendo acusados por los delitos de incumplimientos de deberes y actos arbitrarios.
De acuerdo con la investigación, los procesados habrían supuestamente eliminaron cuatro irregularidades financieras que sumaban 161 millones 941 mil 532 dólares para favorecer a la empresa italiana Astaldi.
Oficiales de la Unidad de Investigación de Delitos Especiales de la División Central de Investigaciones (DCI) de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron en Soyapango y San Salvador a los implicados el pasado 17 de febrero.
Internacionales
Guatemala extradita a El Salvador al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes por hurto agravado
La Policía Nacional de Guatemala, con apoyo de INTERPOL, entregó a las autoridades salvadoreñas al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes, de 67 años, requerido por el delito de hurto agravado.
La extradición se realizó en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Guatemala, emitida el 5 de marzo, tras la solicitud de la Fiscalía General de la República de El Salvador. Gaitán Paredes había estado recluido en la cárcel Mariscal Zavala y, una vez resuelta su situación legal en Guatemala, fue trasladado a través de la frontera de Valle Nuevo, donde fue recibido por agentes de INTERPOL de El Salvador.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador declaró culpable a Edwin Mauricio Alvarado Lazo, por los delitos de feminicidio agravado y agresión sexual en menor e incapaz, imponiéndole una condena de 66 años de cárcel.
De acuerdo con la confesión presentada ante la jueza, el 9 de octubre de 2023 la víctima de 7 años, pasaba frente a la vivienda del procesado, quien la llamó e hizo ingresar.
Una vez dentro, la asfixió mientras estaba sentada en un sofá y posteriormente la agredió físicamente.
Más tarde, introdujo el cuerpo en un saco y lo abandonó en un área verde del reparto La Campanera.
Durante la vista pública, testigos relataron que previamente habían tenido altercados con el imputado por su conducta indebida hacia menores de la zona.
El juzgado identificó la misoginia y el desprecio hacia las mujeres en las acciones del condenado al atacar a una menor de edad y desechar su cuerpo.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
