Judicial
Auditores de la CCR capturados por corrupción en caso “El Chaparral” quedan en libertad
Autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) informaron que los dos empleados de la Corte de Cuentas de la República (CCR) que fueron capturados por corrupción en caso “El Chaparral” quedaron en libertad, este viernes.
Miembros de la FGR manifestaron que a pesar que Juzgado Décimo de Paz de San Salvador aceptó toda la prueba presentada contra funcionarios de la CCR, estos continuarán el proceso en Libertad.
Según la Fiscalía, para poder estar en libertad José Isidro Cruz Argueta, de 54 años de edad; y Wilfredo Aguilar Montesinos, de 46 años, deberán cancelar en concepto de fianza dos mil dólares y portar brazaletes electrónicos.
Argueta y Montesinos, quienes ocupan el cargo de jefes auditores, están siendo acusados por los delitos de incumplimientos de deberes y actos arbitrarios.
De acuerdo con la investigación, los procesados habrían supuestamente eliminaron cuatro irregularidades financieras que sumaban 161 millones 941 mil 532 dólares para favorecer a la empresa italiana Astaldi.
Oficiales de la Unidad de Investigación de Delitos Especiales de la División Central de Investigaciones (DCI) de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron en Soyapango y San Salvador a los implicados el pasado 17 de febrero.
Judicial
Demandarán a Manuel Flores por $250,000
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
Judicial
Tribunal condena a dos personas por vender una propiedad que no les pertenecía
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.



















