Judicial
Asaltante que fue herido en un bus de la ruta 52 seguirá detenido
El Juzgado 12° de Paz de San Salvador resolvió ordenar la detención provisional y apertura de juicio sumario con 15 días de investigación en contra del imputado Douglas Leonel Palacios Martínez, de 28 años de edad, por el delito de robo imperfecto en perjuicio de una víctima con clave.
Según el requerimiento presentado por la Fiscalía General de la República, consta que el día 27 de julio pasado agentes de la Policía Nacional Civil se encontraban realizando patrullaje preventivo cuando se les presentó el ahora imputado lesionado con arma de fuego pidiendo que lo llevaran hospital.
Posteriormente se les acercó otra persona quien manifestó que dicho sujeto minutos antes, en un autobús de la ruta 52, le había robado su teléfono celular amenazándola con un cuchillo, también declaró que un pasajero que presenciaba los hechos sacó su arma y le disparó por la espalda cuando el asaltante se bajaba del autobús y que por tal razón se encontraba herido
Los agentes policiales revisaron al imputado encontrándole en la bolsa derecha del short el cuchillo y el teléfono con las características que había dado la víctima, lo trasladaron al hospital Rosales pero le manifestaron que quedaría detenido incautándole el cuchillo y el teléfono encontrado.
En los quince días de investigación dados por el juzgador, Fiscalía General de la República puede recolectar más pruebas de cargo contra el imputado.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
