Judicial
“Aquí sí, crucifíquenme y háganme las fotos que quieran, pero cuando termine el juicio quiero ver qué foto sacan”; Mario Huezo
Mario Huezo reitera su inocencia por el crimen de la periodista Karla Turcios a su llegada a los tribunales de San Salvador. "Jamás toqué o le alcé la mano a mi mujer", dice pic.twitter.com/dFf8otqFIl
— Leon E Lopez Cabrera (@LeoncioSV) 26 de abril de 2018
Mario Huezo, la pareja sentimental de la periodista Karla Turcios y quien es el principal sospechoso por el asesinato de la comunicadora, se defiendió nuevamente de las acusaciones en su contra y dijo que “jamás toqué o le alcé la mano a mi mujer”.
Las declaraciones las dio luego que se presentara la acusación formal en su contra en el Juzgado 11° de Paz de San Salvador por el delito de feminicidio agravado.
El imputado dijo frente a un nutrido grupo de periodistas: “Aquí sí, crucifíquenme y háganme las fotos que quieran, pero cuando termine el juicio quiero ver qué foto sacan”.
Aclaró que su única manera para defenderse es a través del proceso judicial que se le sigue, pero que asumirá la «responsabilidad que aquí me van a dictar”.
Huezo también mostró su preocupación por el bienestar de su hijo de seis años, de quien dijo le preocupa porque sigue un tratamiento médico.
La audiencia inicial fue programada para mañana a las 2 de la tarde.
Huezo fue capturado el lunes 24 alrededor de las 10:00 de la noche en el estacionamiento de un hotel en el bulevar de Los Héroes y posteriormente presentado en la madrugada en la División Central de Investigaciones (DCI) de la Policía Nacional Civil (PNC).
Durante su arresto manifestó que «cualquiera que nos conoce de cerca sabe que es ilógico que yo le haya hecho algo a ella».
El sábado 14 de abril, el ahora imputado denunció la desaparición de su esposa y relató que ese día él y su hijo habían salido a comprar a una gasolinera y luego a un parque y cuando volvieron la mujer ya no estaba, sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) reunió pruebas que determinan que Huezo estranguló a Karla y la trasladó en su vehículo hasta Santa Rosa Guachipilín, Santa Ana, donde dejó el cadáver de la periodista; el crimen fue en presencia del hijo de la pareja, de seis años.
Por: El Salvador Times
Judicial
Testigos confirman actos de corrupción en juicio contra exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano
Durante la vista pública contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, y otros cuatro imputados, varios testigos presentados por la Fiscalía General de la República han respaldado la acusación por delitos de corrupción cometidos durante su gestión.
En casi un mes de juicio, interrumpido en diversas ocasiones y con jornadas parciales, han comparecido empleados municipales que denunciaron afectaciones por el impago de salarios durante periodos de hasta tres meses, así como la retención de cuotas laborales. Esta última situación les impidió recibir atención médica en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
Con estos testimonios, el Ministerio Público busca demostrar los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales e infracción de las condiciones laborales o de seguridad social.
También declaró una perito que elaboró un informe técnico confirmando que, aunque se descontaron las cuotas laborales a los empleados, los fondos no fueron trasladados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). El peritaje establece un perjuicio a la administración pública por más de $387,042.71.
Otro experto técnico relató que, mediante un análisis forense digital, extrajo información de los dispositivos electrónicos incautados a los imputados —entre ellos teléfonos celulares—, hallando datos que vinculan a los procesados con actividades ilícitas.
Además, una auditoría financiera reveló que durante la gestión de Montano, la alcaldía pagó $1.2 millones en comisiones a una empresa por recuperación de mora, cifra superior a los $867,499 realmente recuperados. Según el informe, no se realizó un estudio previo para definir el porcentaje de comisión, y la empresa representada por el imputado Ricardo Arturo Roque Baires cobró un 9.97% más que otras contratadas en administraciones anteriores.
Con este conjunto de pruebas, la Fiscalía busca sustentar las acusaciones de malversación e incumplimiento de deberes contra los exfuncionarios municipales.
Judicial
Juzgado programará audiencia inicial para 12 transportistas detenidos por suspensión del servicio
El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ha programado para este viernes la audiencia inicial en contra de 12 empresarios del transporte público, quienes fueron capturados entre el 5 y el 7 de mayo de 2025 por presuntamente haber suspendido de forma irregular el servicio, a pesar de ser un servicio público subsidiado por el Estado.
Las detenciones fueron ordenadas luego de que los transportistas no operaran con normalidad sus unidades, lo cual, según las autoridades, constituye una falta grave al tratarse de un servicio esencial para la ciudadanía y financiado parcialmente con fondos públicos.
El pasado lunes, la Fiscalía General de la República presentó el requerimiento ante el juzgado, solicitando que el caso avance a la etapa de instrucción formal. Además, pidió que se otorguen medidas alternas a la detención provisional, lo que permitiría que los imputados continúen el proceso judicial en libertad.
A los acusados se les atribuyen los delitos de peculado e incumplimiento de deberes, según consta en el expediente promovido por el Ministerio Público.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ayer (lunes) el requerimiento de acusación contra 12 empresarios del transporte colectivo, a quienes se les imputa la presunta comisión de los delitos de peculado e incumplimiento de deberes.
Según informó la institución, los señalados serán procesados en libertad, bajo medidas alternas a la detención.
Los imputados poseen concesiones y permisos provisionales para operar diferentes rutas del transporte público. De acuerdo con la FGR, fueron capturados los días 5, 6 y 7 de mayo de 2025, luego de que las autoridades detectaran que no prestaron el servicio de transporte a la población o lo hicieron con una reducción significativa de unidades, pese a que el Gobierno había entregado $12 millones en compensación para garantizar la gratuidad del servicio, debido al cierre temporal del tramo de Los Chorros en la carretera Panamericana.
“Se procedió a la detención en flagrancia, siendo este un servicio público y subsidiado con fondos del Estado”, indicó la Fiscalía.
El requerimiento fue presentado en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador.
