Judicial
Anciano acusado de ser el autor intelectual de quitarle la vida a su nieto de 9 años queda absuelto por falta de pruebas
Según el veredicto del Tribunal 1° de Sentencia de la ciudad y departamento de Santa Ana, José Antonio Cruz, de 75 años a quien la Fiscalía General de la República (FGR) acusaba de ser el autor intelectual del homicidio agravado en perjuicio de un niño de nuevo años, quedó absuelto.
Durante la vista pública, el Ministerio Público no logró acreditar la participación del imputado en la comisión del delito; y debido a la falta de pruebas no se logró quebrantar su presunción de inocencia, por lo que fue puesto en libertad.
Por este mismo caso, el pasado 12 de agosto uno de los Jueces de este mismo Tribunal impuso una condena de 30 años de prisión a Pablo Gilberto Martínez Vásquez, de 19 años, quien a través de la prueba desfilada en juicio se comprobó que fue la persona que ejecutó el crimen contra el menor de edad.
El hecho por el que ambos sujetos fueron acusados ocurrió el 23 de agosto del año 2019, en el caserío La Garita, cantón Casas de Teja, del municipio de Candelaria de la Frontera, en Santa Ana.
En ese lugar, el menor de nueve años fue asesinado con arma blanca; y la causa de su muerte, según autopsia realizada, fue fallo cardio circulatorio letal, desencadenado por hemorragia producida por una herida en la vena yugular, causada por heridas corto contundentes múltiples en el cuello.
Según el dictamen de acusación, Cruz fue el autor intelectual del hecho; y Martínez Vásquez el autor material. El primero le ofreció dinero al segundo a cambio de asesinar al niño.
Fue así como el supuesto autor material se lo llevó hasta un lugar desolado. Ahí sacó un corvo y le produjo múltiples heridas hasta dejarlo sin vida. El cadáver del menor fue encontrado por la Policía la noche del mismo día, luego de que sus parientes interpusieran la denuncia respectiva por su desaparición en horas de la tarde.
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Judicial
Entre lágrimas, integrantes de la Barra Brava del Alianza se despiden de sus familiares tras ser llevados a prisión
Los 13 integrantes de la Barra Brava del Alianza Fútbol Club fueron enviados a prisión tras ser procesados por los delitos de daños y desórdenes públicos.
Durante su traslado, algunos de los imputados se dirigieron a sus familiares que los esperaban afuera del Juzgado de Paz de San Juan Opico, en La Libertad. “Tranquila, mi amor, todo va a estar bien, Dios sabe lo que hace”, dijo uno de ellos mientras abordaba el vehículo policial.
Los procesados son acusados de atacar con piedras y botellas un bus que transportaba a aficionados del FAS, el pasado 25 de octubre, hecho que dejó varias personas lesionadas y daños materiales.
Bajo custodia policial y esposados, los miembros de la barra fueron trasladados a un centro penal, mientras continúa la fase de instrucción del caso.
#CRONIO Entre lágrimas y abrazos, familiares despidieron a los 13 miembros de la Barra Brava del Alianza F.C., trasladados a un centro penal tras la audiencia inicial por los delitos de daños y desórdenes públicos, relacionados con los disturbios ocurridos el pasado 25 de… pic.twitter.com/KKTWssq0if
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 12, 2025
Judicial
14 integrantes de la Barra Brava del Alianza enfrentan audiencia por ataque a bus de aficionados del FAS
Este martes, se desarrolla audiencia inicial en contra de 14 integrantes de la Barra Brava del Alianza Fútbol Club, acusados de realizar actos de intolerancia en la vía pública, el pasado 25 de octubre.
Los involucrados lanzaron botellas de vidrio, piedras y otros objetos a un bus que transportaba a seguidores del FAS, después de la disputa de un partido entre ambos equipos.
Este hecho dejó a varias personas lesionadas.
Hemos procedido a la captura de los responsables del ataque contra un autobús que transportaba aficionados del equipo de fútbol FAS.
Todos los detenidos son aficionados del Alianza.
El hecho se registró esta tarde sobre el paso a desnivel del desvío de San Juan Opico, en… pic.twitter.com/08PMLBQbdF
— PNC El Salvador (@PNCSV) October 26, 2025
Todos son procesados por los siguientes delitos:
Desórdenes públicos agravados
Daños agravados
Lesiones
La audiencia se lleva a cabo ante el Juzgado de Paz de San Juan Opico, La Libertad Centro.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una condena de 12 años y seis meses de cárcel a José Melvin Rivera Ortega, tras comprobarse su responsabilidad en un caso de violación agravada continuada ocurrido en un hospedaje de Guazapa, San Salvador Norte.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador declaró culpable a José Melvin Rivera Ortega y lo condenó a 12 años y seis meses de prisión por el delito de violación agravada en la modalidad de delito continuado.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), los hechos ocurrieron el 19 de diciembre de 2024 en un hospedaje del distrito de Guazapa, municipio de San Salvador Norte, donde el imputado llevó a la víctima bajo engaños.
Una vez en el lugar, Rivera Ortega amenazó a la víctima con una navaja y la agredió sexualmente en varias ocasiones, manteniéndola retenida hasta el día siguiente. La mujer logró escapar y acudió a la Unidad de la Mujer de la Policía Nacional Civil (PNC) de Chalatenango, donde relató lo sucedido y formalizó la denuncia con apoyo de las autoridades fiscales.
Tras la valoración de las pruebas presentadas, el tribunal determinó la culpabilidad del procesado y, además de la pena de prisión, lo condenó al pago de $960 en concepto de responsabilidad civil.
En un caso similar, el pasado 30 de octubre, el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de cárcel a Alexis Hernández, quien fue declarado culpable de abuso sexual agravado contra una menor en el municipio de Santo Tomás, al sur de San Salvador.
Según la investigación, Hernández contactó a la víctima mediante redes sociales, la engañó para que se reuniera con él y la retuvo en su vivienda, donde la agredió sexualmente durante dos días. La menor denunció los hechos tras contarle a su madre lo ocurrido.
Ambos casos refuerzan los esfuerzos del sistema judicial salvadoreño por garantizar justicia para las víctimas de violencia sexual y aplicar sanciones ejemplares a los agresores.
