Judicial
Anciano acusado de ser el autor intelectual de quitarle la vida a su nieto de 9 años queda absuelto por falta de pruebas
Según el veredicto del Tribunal 1° de Sentencia de la ciudad y departamento de Santa Ana, José Antonio Cruz, de 75 años a quien la Fiscalía General de la República (FGR) acusaba de ser el autor intelectual del homicidio agravado en perjuicio de un niño de nuevo años, quedó absuelto.
Durante la vista pública, el Ministerio Público no logró acreditar la participación del imputado en la comisión del delito; y debido a la falta de pruebas no se logró quebrantar su presunción de inocencia, por lo que fue puesto en libertad.
Por este mismo caso, el pasado 12 de agosto uno de los Jueces de este mismo Tribunal impuso una condena de 30 años de prisión a Pablo Gilberto Martínez Vásquez, de 19 años, quien a través de la prueba desfilada en juicio se comprobó que fue la persona que ejecutó el crimen contra el menor de edad.
El hecho por el que ambos sujetos fueron acusados ocurrió el 23 de agosto del año 2019, en el caserío La Garita, cantón Casas de Teja, del municipio de Candelaria de la Frontera, en Santa Ana.
En ese lugar, el menor de nueve años fue asesinado con arma blanca; y la causa de su muerte, según autopsia realizada, fue fallo cardio circulatorio letal, desencadenado por hemorragia producida por una herida en la vena yugular, causada por heridas corto contundentes múltiples en el cuello.
Según el dictamen de acusación, Cruz fue el autor intelectual del hecho; y Martínez Vásquez el autor material. El primero le ofreció dinero al segundo a cambio de asesinar al niño.
Fue así como el supuesto autor material se lo llevó hasta un lugar desolado. Ahí sacó un corvo y le produjo múltiples heridas hasta dejarlo sin vida. El cadáver del menor fue encontrado por la Policía la noche del mismo día, luego de que sus parientes interpusieran la denuncia respectiva por su desaparición en horas de la tarde.
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El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.
Judicial
Fiscalía reporta 1,090 condenas por violación y agresión sexual a menores en los primeros nueve meses del año
Entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República ha logrado condenar a 1,090 personas por los delitos de violación y agresión sexual a menores de edad, superando ya las cifras de todo 2024 (1,077) y 2023 (875).
Según los datos oficiales, las condenas mensuales fueron: 117 en enero, 134 en febrero, 136 en marzo, 93 en abril, 124 en mayo, 126 en junio, 147 en julio, 95 en agosto y 118 en septiembre.
Entre los casos recientes destaca la condena del 9 de octubre contra los hermanos Edwin Emerson y Douglas Manuel Hernández Ramírez, sentenciados a 26 y 20 años de prisión, respectivamente, por abusar de una niña desde que tenía 8 años en San Juan Opico, La Libertad. Según la fiscal del caso, los imputados amenazaron a la víctima para mantener el abuso en secreto hasta 2022, cuando se presentó la denuncia.
En otro caso, el 7 de julio, Juan Carlos Pérez de Jesús fue condenado a 20 años de prisión por violar a una menor en 2023 en San Salvador, aprovechando que la víctima jugaba sola con otras niñas.
Las estadísticas también reflejan que entre enero y septiembre fueron capturadas en flagrancia 258 personas acusadas de violación y agresión sexual a menores, con un promedio mensual de 17 a 35 detenciones, según los reportes del ministerio público.
Estos resultados evidencian la labor constante de la Fiscalía en la persecución de delitos sexuales contra menores y el fortalecimiento de los procesos judiciales en el país.
