Judicial
Anciano acusado de ser el autor intelectual de quitarle la vida a su nieto de 9 años queda absuelto por falta de pruebas
Según el veredicto del Tribunal 1° de Sentencia de la ciudad y departamento de Santa Ana, José Antonio Cruz, de 75 años a quien la Fiscalía General de la República (FGR) acusaba de ser el autor intelectual del homicidio agravado en perjuicio de un niño de nuevo años, quedó absuelto.
Durante la vista pública, el Ministerio Público no logró acreditar la participación del imputado en la comisión del delito; y debido a la falta de pruebas no se logró quebrantar su presunción de inocencia, por lo que fue puesto en libertad.
Por este mismo caso, el pasado 12 de agosto uno de los Jueces de este mismo Tribunal impuso una condena de 30 años de prisión a Pablo Gilberto Martínez Vásquez, de 19 años, quien a través de la prueba desfilada en juicio se comprobó que fue la persona que ejecutó el crimen contra el menor de edad.
El hecho por el que ambos sujetos fueron acusados ocurrió el 23 de agosto del año 2019, en el caserío La Garita, cantón Casas de Teja, del municipio de Candelaria de la Frontera, en Santa Ana.
En ese lugar, el menor de nueve años fue asesinado con arma blanca; y la causa de su muerte, según autopsia realizada, fue fallo cardio circulatorio letal, desencadenado por hemorragia producida por una herida en la vena yugular, causada por heridas corto contundentes múltiples en el cuello.
Según el dictamen de acusación, Cruz fue el autor intelectual del hecho; y Martínez Vásquez el autor material. El primero le ofreció dinero al segundo a cambio de asesinar al niño.
Fue así como el supuesto autor material se lo llevó hasta un lugar desolado. Ahí sacó un corvo y le produjo múltiples heridas hasta dejarlo sin vida. El cadáver del menor fue encontrado por la Policía la noche del mismo día, luego de que sus parientes interpusieran la denuncia respectiva por su desaparición en horas de la tarde.
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El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado ordenó que siete limpiaparabrisas y cobradores informales de parqueo permanezcan en prisión preventiva, tras ser acusados de los delitos de coacción y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados operaban en distintos semáforos de la capital, donde presuntamente intimidaban a conductores mediante señas alusivas a estructuras criminales. La FGR señaló que exigían dinero u objetos de valor a cambio de no causar daños a los vehículos o atentar contra sus ocupantes.
Los sospechosos fueron capturados entre el 8 y el 10 de mayo en las inmediaciones de la 25ª Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II, en San Salvador. Las autoridades explicaron que la investigación se desarrolló con técnicas especializadas y el apoyo de inteligencia policial.
Los detenidos fueron identificados como Julio César Aldana, Luis Alonso Ramos Molina, Maycol Javier Haslan Pavón, Kevin Alexander Navarro Méndez, José Miguel Arteaga Melgar, Ariel Francisco Montes Hernández y Héctor René Renderos Navarro.
Un informe de análisis criminal elaborado por la Policía Nacional Civil (PNC) reveló el modo de operar del grupo, cuya estructura —según las autoridades— buscaba evadir la detección policial mientras cometía los delitos.
Durante la audiencia, la jueza consideró que existen suficientes elementos indiciarios para mantener detenidos a los imputados mientras continúa la investigación.
La FGR dispone ahora de un plazo de cuatro meses para ampliar el proceso y presentar pruebas adicionales que serán evaluadas en la audiencia preliminar.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró 23 años de prisión para José Remberto Ávalos por violación en menor o incapaz continuada y privación de libertad de una niña de 11 años.
De acuerdo a las investigaciones de la FGR, Ávalos cometió los abusos, el 2 de septiembre de 2020 en el cantón El Matazano, del distrito de Comasagua, en La Libertad Sur.
El sujeto, mediante engaños, persuadió a la niña para que llegara a su vivienda con la intención de recuperar el teléfono perdido de su abuela.
Al llegar al lugar, el procesado la privó de libertad y la obligó a entrar a casa donde la violó varias veces.
Posteriormente, la víctima fue amenazada por el imputado para que no escapara; sin embargo logró huir y le contó a su familia sobre los abusos sufridos.
Los familiares al enterarse interpusieron la denuncia en contra del sujeto, quien fue detenido por orden fiscal.
Gracias a los elementos de prueba, documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró establecer la participación del imputado en los abusos.
Además de la condena de cárcel, el sujeto deberá pagar $400 en concepto de responsabilidad civil.
