Judicial
Abusador sexual de una menor es condenado a 8 años de prisión
La Fiscalía General de la República (FGR) informa que ha logrado que el Tribunal 3° de Sentencia de San Salvador condene a Héctor Antonio Martínez a 8 años de prisión, por el delito de Agresión Sexual en Menor.
De acuerdo con el registro fiscal, este sujeto cometió la agresión el 31 de diciembre de 2020, por lo que familiares de la menor procedieron a denunciarlo ante las autoridades quienes lo capturaron.
Además, en cumplimiento a la lucha y el combate contra el crimen organizado, la FGR logró que un Tribunal de Sentencia de la ciudad de Santa Tecla, La Libertad, impusiera condenas carcelarias de 15 años para 6 miembros de una estructura delincuencial, dedicada a extorsionar a comerciantes de la zona de La Libertad.
La Vista Pública, se desarrolló en el Juzgado Primero de Sentencia de Santa Tecla a inicios de la presente semana, y el juez estableció este jueves como fecha para dar al resultado en contra de los imputados quienes fueron procesados por el delito de Extorsión Agravada.
La resolución establece la pena de 15 años de prisión para Reynaldo Antonio Rivas Escamilla, Dennis Esteban Menjívar Mejía, Oscar Ernesto Hernández Escamilla, William Alexander Renderos, Ernesto Antonio Cartagena y Nelson Ernesto Renderos.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
