Judicial
Abogado Mario Calderón se convierte en criteriado de la FGR para evitar condena por lavado de dinero
El abogado Mario Calderón Castillo llegó a un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) para evitar una condena por el delito de lavado de dinero y que no se le juzgue por el hallazgo de rastros de heroína tras un allanamiento que le practicaron.
Una fuente cercana a Calderón confirmó las negociaciones entre el abogado y el ministerio público, este último terminó favoreciéndolo.
El tema de los criterios de oportunidad ha sido el mecanismo que la Fiscalía ha utilizado en la mayoría de casos mediáticos, lo cual ha sido denunciado especialmente por el expresidente Mauricio Funes, en sus redes sociales.
El compromiso del abogado Calderón consistiría en darle un soporte testimonial creíble al nuevo caso por delitos de Lavado y corrupción que el Fiscal General le está fabricando al exfiscal general Luis Martínez, a Enrique Rais y otras personas como José Luis Merino todo por supuesta petición del Señor Salume, como también al líder sindical de ASTRAM, Rolando Castro y al actual diputado por el PCN, Raúl Beltrán Bonilla.
Según la fuente consultada, en un café muy popular de la Colonia Escalón ha habido diversas reuniones entre el Jefe de Crimen Organizado, Wil Walter Ruiz, y la auxiliar de este Mayra Guerra, para “fabricar” su confesión y que precisamente el día jueves 23 de agosto, en horas de la mañana continuaría trabajando, para completar todo el montaje.
Según dijo, con esa declaración “se matarán tres pájaros de un solo tiro, se salva él de una condena segura y termina el trabajo que inició para los canadienses y Salume para conseguir el Relleno de Nejapa, que siempre fue el objetivo”.
Cabe recordar que Mario Calderón y su esposa, tienen pendiente afrontar una audiencia preliminar en el Juzgado 9 de Instrucción por el delito de Lavado de Dinero, en virtud que no pudieron justificar alrededor de $10 millones en sus cuentas y bienes
Se ha revelado que Calderón está satisfecho con el acuerdo logrado con la FGR porque así evita ser investigado por delitos relacionados al narcotráfico, ya que en el expediente en el caso de lavado consta la prueba de un experto policial que encontró restos de heroína en el lugar de residencia de los esposos Calderón.
También asegura la fuente que el fiscal Douglas Meléndez ya ordenó a la Jueza 9º. de Instrucción que cierre definitivamente el caso contra el abogado. Esta sería la razón por la cual la diligencia se ha suspendido por más de siete ocasiones, a petición de la Fiscalía.
Sobre el caso contra el exfiscal Martínez se ha dicho que Calderón se ha jactado que fue él quien hizo caer a Luis Martínez del poder, a través del Tribunal de Ética y sus periodistas allegados; y que lo mismo puede hacer con el fiscal Meléndez, si no le quita el delito de lavado de dinero.
Todo esto lo habría trabajado en las oficinas de Diario1.com, para que éste pueda tener la primicia de la información y se reproduzca en los otros medios que están a la orden de Salume, detalló.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
