Judicial
Abogado Mario Calderón se convierte en criteriado de la FGR para evitar condena por lavado de dinero
El abogado Mario Calderón Castillo llegó a un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) para evitar una condena por el delito de lavado de dinero y que no se le juzgue por el hallazgo de rastros de heroína tras un allanamiento que le practicaron.
Una fuente cercana a Calderón confirmó las negociaciones entre el abogado y el ministerio público, este último terminó favoreciéndolo.
El tema de los criterios de oportunidad ha sido el mecanismo que la Fiscalía ha utilizado en la mayoría de casos mediáticos, lo cual ha sido denunciado especialmente por el expresidente Mauricio Funes, en sus redes sociales.
El compromiso del abogado Calderón consistiría en darle un soporte testimonial creíble al nuevo caso por delitos de Lavado y corrupción que el Fiscal General le está fabricando al exfiscal general Luis Martínez, a Enrique Rais y otras personas como José Luis Merino todo por supuesta petición del Señor Salume, como también al líder sindical de ASTRAM, Rolando Castro y al actual diputado por el PCN, Raúl Beltrán Bonilla.
Según la fuente consultada, en un café muy popular de la Colonia Escalón ha habido diversas reuniones entre el Jefe de Crimen Organizado, Wil Walter Ruiz, y la auxiliar de este Mayra Guerra, para “fabricar” su confesión y que precisamente el día jueves 23 de agosto, en horas de la mañana continuaría trabajando, para completar todo el montaje.
Según dijo, con esa declaración “se matarán tres pájaros de un solo tiro, se salva él de una condena segura y termina el trabajo que inició para los canadienses y Salume para conseguir el Relleno de Nejapa, que siempre fue el objetivo”.
Cabe recordar que Mario Calderón y su esposa, tienen pendiente afrontar una audiencia preliminar en el Juzgado 9 de Instrucción por el delito de Lavado de Dinero, en virtud que no pudieron justificar alrededor de $10 millones en sus cuentas y bienes
Se ha revelado que Calderón está satisfecho con el acuerdo logrado con la FGR porque así evita ser investigado por delitos relacionados al narcotráfico, ya que en el expediente en el caso de lavado consta la prueba de un experto policial que encontró restos de heroína en el lugar de residencia de los esposos Calderón.
También asegura la fuente que el fiscal Douglas Meléndez ya ordenó a la Jueza 9º. de Instrucción que cierre definitivamente el caso contra el abogado. Esta sería la razón por la cual la diligencia se ha suspendido por más de siete ocasiones, a petición de la Fiscalía.
Sobre el caso contra el exfiscal Martínez se ha dicho que Calderón se ha jactado que fue él quien hizo caer a Luis Martínez del poder, a través del Tribunal de Ética y sus periodistas allegados; y que lo mismo puede hacer con el fiscal Meléndez, si no le quita el delito de lavado de dinero.
Todo esto lo habría trabajado en las oficinas de Diario1.com, para que éste pueda tener la primicia de la información y se reproduzca en los otros medios que están a la orden de Salume, detalló.
Judicial
Pareja que agarró a patadas a agentes de tránsito por una multa, deberá acudir a terapia sicológica
Josué Misael M. y Ana María B. M. fueron condenados a un año de suspensión condicional del proceso tras agredir física y verbalmente a agentes de tránsito el pasado domingo.
Los hechos ocurrieron cuando los agentes procedieron a multar a la pareja por obstruir el paso frente a un garaje. Al intentar retirar las placas del vehículo, los imputados reaccionaron de manera violenta, propinando patadas a los agentes e insultándolos.
Ante estos hechos, las autoridades procedieron a la detención de ambos. Posteriormente, el Juzgado Segundo de Paz de San Martín celebró una audiencia en la que los imputados aceptaron los cargos por el delito de resistencia.
Como parte de la sentencia, el juez impuso a la pareja reglas de conducta, entre ellas la obligación de asistir a terapia psicológica para el control de la ira y la prohibición de cambiar de domicilio.
Judicial
Tribunal condena a Erick Sánchez a 35 años de cárcel por homicidio agravado en San Salvador
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 35 años de prisión a Erick Daniel Sánchez Liévano por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Ana A. Asimismo, lo condenó al pago de la responsabilidad civil en abstracto.
El hecho ocurrió en San Salvador el 16 de febrero de 2019, en horas de la mañana. Uno de los testigos declaró haber recibido una llamada telefónica de su madre, quien le informó que la habían subido a un vehículo y luego la comunicación se cortó. Posteriormente, un sujeto llamó exigiéndole 10 mil dólares o, de lo contrario, matarían a su madre. El familiar llamó inmediatamente al Sistema de Emergencias 911 para denunciar el secuestro.
Ese mismo día, a las 4:30 de la tarde, el testigo recibió otra llamada donde le reiteraron que no se trataba de una broma. A la mañana siguiente, volvieron a llamar para comunicarles que el plazo había vencido.
Luego de localizar el cuerpo, la autopsia determinó que Ana falleció el 16 de febrero y que presentaba heridas por arma blanca en el cuello, tórax y abdomen.
Al momento de la captura de Sánchez, se le incautaron dos teléfonos celulares. Se demostró que uno de los números telefónicos estuvo en el lugar del hecho y que fue utilizado para realizar las llamadas a los familiares de la víctima, exigiendo el pago del rescate.
La Fiscalía General de la República logró que la Cámara Ambiental de Santa Tecla admitiera la totalidad de las pruebas presentadas en contra del exdiputado del FMLN Guillermo Francisco Mata Bennet y sus dos hijos, procesados por enriquecimiento ilícito, al no poder justificar el incremento de su patrimonio por un monto de $271,314.75 dólares.
A Mata Bennet, que fungió como diputado en los periodos 2012-2015 y 2015-2018, se le señalan inconsistencias por un monto de $13,270.00 dólares.
A Guillermo Eduardo Mata Mayorga, se le señalan $251,685.80 dólares.
A Jorge Alberto Mata Mayorga, se le reclaman $6,358.85 dólares. En total, son 15 irregularidades en depósitos bancarios, pago de préstamos hipotecarios, pago de tarjetas de crédito, compra de vehículos, entre otros, que no pudieron justificar.
