Judicial
Investigan a fiscales y empleados administrativos acusados de participar en la supuesta red de corrupción en la administración de Luis Martínez
Cuatro fiscales y dos empleados administrativos fueron acusados en el Juzgado Noveno de Paz, de esta capital, por los delitos de privación ilegal de libertad, omisión de la investigación y falsedad documental agravada.
El requerimiento fiscal fue presentado la mañana del miércoles 11 del mes en curso y en el documento se señala a los abogados, Marta Colindres, Carolina Manzanares Nóchez, Yesenia Carolina Ayala y Mauricio Aguilar.
Se informó, que los imputados tenían la misión de girar órdenes de captura ilegales en contra de algunas personas sin tener un sustento legal, mientras que los administrativos Edwin Geovanni Hernández y Damián Cabrera Bernal, colaboraban en el desvío y en la apropiación de unos 400 mil dólares, por lo cual son procesados por delito de peculado.
Los empleados administrativos son acusados por el delito de peculado de fondos públicos y si bien todos los señalados siguen trabajando en la FGR, los fiscales asignados al caso pidieron al juez que sigan su proceso en libertad condicional, siempre y cuando se garantice que no van a escapar de la justicia.
Durante la administración de Douglas Arquímedes Meléndez, los fiscales y los empleados administrativos fueron beneficiados con criterio de oportunidad a cambio que confesaran los delitos cometidos.
Sin embargo, los ahora imputados aseguraron que fueron obligados por el exfiscal Meléndez para que rindieran una declaración sobre los delitos que les imputan y sobre todo que fueran criteriados.
Estas personas se suman a 30 acusados de participar en la supuesta red de corrupción que se generó en la administración de Luis Martínez.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
