Judicial
Investigan a fiscales y empleados administrativos acusados de participar en la supuesta red de corrupción en la administración de Luis Martínez
Cuatro fiscales y dos empleados administrativos fueron acusados en el Juzgado Noveno de Paz, de esta capital, por los delitos de privación ilegal de libertad, omisión de la investigación y falsedad documental agravada.
El requerimiento fiscal fue presentado la mañana del miércoles 11 del mes en curso y en el documento se señala a los abogados, Marta Colindres, Carolina Manzanares Nóchez, Yesenia Carolina Ayala y Mauricio Aguilar.
Se informó, que los imputados tenían la misión de girar órdenes de captura ilegales en contra de algunas personas sin tener un sustento legal, mientras que los administrativos Edwin Geovanni Hernández y Damián Cabrera Bernal, colaboraban en el desvío y en la apropiación de unos 400 mil dólares, por lo cual son procesados por delito de peculado.
Los empleados administrativos son acusados por el delito de peculado de fondos públicos y si bien todos los señalados siguen trabajando en la FGR, los fiscales asignados al caso pidieron al juez que sigan su proceso en libertad condicional, siempre y cuando se garantice que no van a escapar de la justicia.
Durante la administración de Douglas Arquímedes Meléndez, los fiscales y los empleados administrativos fueron beneficiados con criterio de oportunidad a cambio que confesaran los delitos cometidos.
Sin embargo, los ahora imputados aseguraron que fueron obligados por el exfiscal Meléndez para que rindieran una declaración sobre los delitos que les imputan y sobre todo que fueran criteriados.
Estas personas se suman a 30 acusados de participar en la supuesta red de corrupción que se generó en la administración de Luis Martínez.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
