Judicial
Investigan a fiscales y empleados administrativos acusados de participar en la supuesta red de corrupción en la administración de Luis Martínez
Cuatro fiscales y dos empleados administrativos fueron acusados en el Juzgado Noveno de Paz, de esta capital, por los delitos de privación ilegal de libertad, omisión de la investigación y falsedad documental agravada.
El requerimiento fiscal fue presentado la mañana del miércoles 11 del mes en curso y en el documento se señala a los abogados, Marta Colindres, Carolina Manzanares Nóchez, Yesenia Carolina Ayala y Mauricio Aguilar.
Se informó, que los imputados tenían la misión de girar órdenes de captura ilegales en contra de algunas personas sin tener un sustento legal, mientras que los administrativos Edwin Geovanni Hernández y Damián Cabrera Bernal, colaboraban en el desvío y en la apropiación de unos 400 mil dólares, por lo cual son procesados por delito de peculado.
Los empleados administrativos son acusados por el delito de peculado de fondos públicos y si bien todos los señalados siguen trabajando en la FGR, los fiscales asignados al caso pidieron al juez que sigan su proceso en libertad condicional, siempre y cuando se garantice que no van a escapar de la justicia.
Durante la administración de Douglas Arquímedes Meléndez, los fiscales y los empleados administrativos fueron beneficiados con criterio de oportunidad a cambio que confesaran los delitos cometidos.
Sin embargo, los ahora imputados aseguraron que fueron obligados por el exfiscal Meléndez para que rindieran una declaración sobre los delitos que les imputan y sobre todo que fueran criteriados.
Estas personas se suman a 30 acusados de participar en la supuesta red de corrupción que se generó en la administración de Luis Martínez.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
