Judicial
Investigan a fiscales y empleados administrativos acusados de participar en la supuesta red de corrupción en la administración de Luis Martínez
Cuatro fiscales y dos empleados administrativos fueron acusados en el Juzgado Noveno de Paz, de esta capital, por los delitos de privación ilegal de libertad, omisión de la investigación y falsedad documental agravada.
El requerimiento fiscal fue presentado la mañana del miércoles 11 del mes en curso y en el documento se señala a los abogados, Marta Colindres, Carolina Manzanares Nóchez, Yesenia Carolina Ayala y Mauricio Aguilar.
Se informó, que los imputados tenían la misión de girar órdenes de captura ilegales en contra de algunas personas sin tener un sustento legal, mientras que los administrativos Edwin Geovanni Hernández y Damián Cabrera Bernal, colaboraban en el desvío y en la apropiación de unos 400 mil dólares, por lo cual son procesados por delito de peculado.
Los empleados administrativos son acusados por el delito de peculado de fondos públicos y si bien todos los señalados siguen trabajando en la FGR, los fiscales asignados al caso pidieron al juez que sigan su proceso en libertad condicional, siempre y cuando se garantice que no van a escapar de la justicia.
Durante la administración de Douglas Arquímedes Meléndez, los fiscales y los empleados administrativos fueron beneficiados con criterio de oportunidad a cambio que confesaran los delitos cometidos.
Sin embargo, los ahora imputados aseguraron que fueron obligados por el exfiscal Meléndez para que rindieran una declaración sobre los delitos que les imputan y sobre todo que fueran criteriados.
Estas personas se suman a 30 acusados de participar en la supuesta red de corrupción que se generó en la administración de Luis Martínez.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
