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Incendio de grandes proporciones consume decenas de hectáreas en el Complejo San Marcelino
Un incendio de grandes proporciones consume varias hectáreas del Área Natural Protegida (ANP) San Isidro, que integra el Complejo San Marcelino, compartida por los departamentos de Santa Ana y Sonsonate, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), anoche.
Autoridades detallaron que el fuego inició el pasado 18 de febrero y pudo ser contenido rápidamente, pero este se reactivó anoche y ya consumió un aproximado de 40 hectáreas, que representan el 10 % del ANP.
“Los esfuerzos por extinguirlo continúan, pero las condiciones del tiempo, en especial los fuertes vientos, dificultan las labores de los equipos, además de las condiciones del terreno que complican la movilidad, el traslado de agua y herramientas”, detalló el MARN.
De acuerdo con Medio Ambiente, el origen del incendio será determinado por las investigaciones correspondientes, así como la afectación de fauna y flora en la zona. “De manera preliminar se ha determinado que hay daños en varias especies de árboles, pero no en animales, por el momento”, agregaron autoridades.
Por ahora, en la extinción de este incendio participan seis guardarrecursos del MARN y nueve voluntarios que se activaron con la alerta comunitaria para proveer de agua y apoyo en el combate del fuego.
Expertos explicaron que esta es una de las zonas del país donde el bosque ha crecido sobre sábanas de lava volcánica y que todos los años se ve amenazada por incendios forestales subterráneos difíciles de combatir.
La jueza dos del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso una condena de 397 años de prisión a Pedro Melara Romero, alias Caballo, por los delitos de proposición y conspiración en homicidio agravado, extorsión agravada, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas, además de agrupaciones ilícitas, en perjuicio de la paz pública.
Asimismo, Wilfredo Alonso Mancía Alberto, alias Frijol, fue condenado a 180 años de cárcel por proposición y conspiración en homicidio agravado, privación de libertad, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
De igual forma, Miriam Elizabeth Gutiérrez, alias La Miriam, recibió una pena de 109 años de prisión por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
En total, otras 44 personas fueron sentenciadas con penas que van desde tres hasta 94 años de prisión.
De acuerdo con la Fiscalía, todos forman parte de la hengla Sexta Quebranta Huesos Locos Sureños, perteneciente a la pandilla 18 Sureños, que operaba en diversos sectores de San Salvador Centro.
Entre los condenados se encuentran cuatro líderes de la clica, entre ellos:
•José David Ayala Renderos, alias Morro, corredor de cancha de las canchas Modelo 2 y 3.
•Alias Caballo, como corredor de tribu.
•Hugo Armando Chávez Murcia y Jonathan Ernesto Hernández Vides, alias Yoster, ambos palabreros de la estructura.
Ismael Alexander Hernández Rivera, alias Saiper, es un pandillero de la 18S que venía en un vuelo comercial desde México.
Equipos policiales fueron notificados por la oficina de atención ciudadana de la terminal aeroportuaria.
Es miembro de la clica Tiny Locos Sureños del distrito de Jiquilisco, Usulután Oeste.
Posee varios tatuajes de su pandilla.
Una pandillera de la MS fue condenada a 245 años de cárcel por los delitos de extorsión agravada y agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública.
Se trata de Claudia Margarita Juárez, quien era parte de la clica Viroleños Locos Salvatruchos.
Recibió la pena por parte del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, jueza dos.
Juárez fue hallada culpable de cobrar extorsiones a empresarios del transporte público del distrito de Zacatecoluca, en el municipio de La Paz Este.
Tambien, Manuel Antonio Martínez Mena, alias ‘Yegua’, fue condenado a 240 años de prisión por el delito de extorsión agravada.
Juárez y Mena operaban como parte de la clica Viroleños Locos Salvatruchos de la MS-13.
El tribunal dio por acreditados 24 casos de extorsión, ocurridos entre 2018 y 2019, mediante los cuales las víctimas fueron obligadas a entregar sumas de dinero bajo amenazas.
