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Habilitan clínica empresarial en el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada
El Gobierno inauguró la nueva clínica empresarial del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) en las instalaciones del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), como parte de los esfuerzos por acercar los servicios de salud a los trabajadores.
La directora del Seguro Social, Mónica Ayala Guerrero, y el ministro de la Defensa Nacional, René Merino Monroy, presidieron la habilitación de las nuevas instalaciones médicas en el IPSFA, que estarán adscritas al Policlínico Zacamil, ubicado en Mejicanos.
Ayala detalló que el Instituto Salvadoreño del Seguro Social cuenta con 305 clínicas empresariales. “Las clínicas empresariales son de beneficio para todo el activo más importante de una institución: el recurso humano”, agregó.
Con la clínica empresarial se beneficiará a 249 empleados del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, quienes recibirán servicios de salud personalizados, oportunos y de calidad sin salir de lugar de trabajo. El horario será de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
La clínica brindará consulta médica general, ginecológica y odontológica, así como planificación familiar, control prenatal, toma de exámenes de laboratorio clínico y de citologías, pequeñas cirugías, curaciones e inyecciones, terapia respiratoria y desarrollo de programa en medicina preventiva.
El ministro Merino Monroy agradeció el apoyo recibido para inaugurar el centro médico. “Este es un ejemplo más de la integración que tenemos ente las diferentes instituciones del Gobierno”, dijo.
El recurso humano del centro estará compuesto por médico general, enfermera y secretaria. Las proyecciones del Seguro Social indican que se atenderá en promedio a 12 pacientes diarios, lo que equivale a cerca de 370 consultas mensuales.
La habilitación de clínicas empresariales forma parte del Sistema de Atención en Salud Empresarial (SASE). A la fecha, el ISSS registra 305 centros de atención en empresas e instituciones a escala nacional, con las cuales se beneficia a más de 300,000 trabajadores cotizantes.
Información importante para todos los Miembros, Fundadores o Activos de la Sociedad de Comerciantes de Industriales Salvadoreños:
Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos.
: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
