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Gobierno sigue un protocolo para la custodia y protección de las dosis de vacunas contra COVID-19
El traslado de las vacunas hacia los centros de salud requiere una logística especial de seguridad tanto para proteger las propiedades del fármaco, así como para custodiar el producto ante cualquier intento de robo o sabotaje. El Gobierno del Presidente Nayib Bukele sigue el protocolo para que las jornadas de vacunación se desarrollen normalmente.
Un equipo multidisciplinario del Gobierno conformado por personal del Ministerio de Salud, la Fuerza Armada, Policía Nacional Civil (PNC), entre otros, participa en los traslados de las dosis de vacunas para aplicar inicialmente al personal médico que ha estado trabajando en primera línea durante la pandemia.
El pasado miércoles fue almacenado el primer lote de 20 mil vacunas en el Centro Nacional de Biológicos (CONEBI), situado en el municipio de Soyapango. Este lugar cuenta con la capacidad de almacenar más de 6 millones de vacunas, es el de mayor capacidad per cápita en Latinoamérica.
Desde ese centro son distribuidas las vacunas hacia todo el país donde se encuentre personal médico laborando, incluso el jueves pasado fueron llevadas, en lanchas, las dosis del antídoto a la isla Meanguera, en el Golfo de Fonseca, La Unión.
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En todo el mundo hay una enorme demanda por obtener vacunas anti COVID-19, ya ha habido reportes de diferentes países respecto a intentos de robo de parte de bandas criminales que quieren obtener, a como dé lugar, el llamado “oro líquido”, refiriéndose a las vacunas.
Para el traslado de los fármacos el Gobierno ha puesto a disposición una flota de vehículos terrestres, aéreos y marítimos. Esta es una de las operaciones más grandes e importantes que se desarrollan a escala nacional.
Entre la tarde del miércoles y el viernes en la noche habían sido aplicadas 4,500 vacunas al personal de primera línea. En esta primera etapa de la jornada de vacunación se esperan aplicar un promedio de 2
Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
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VMT solicitará nueva prórroga para renovación de placas y moderniza transporte público con cámaras y GPS
El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, anunció en entrevista para Diálogo 21 que el Gobierno solicitará una nueva ampliación del plazo para la renovación de placas de vehículos, motocicletas, autobuses y camiones, cuyo vencimiento estaba previsto para agosto de 2025.
Reyes explicó que, aunque la renovación es necesaria, se debe considerar la situación económica de las familias salvadoreñas, por lo que se buscará extender la vigencia de las placas actuales. Además, destacó la necesidad de implementar un sistema hexadecimal para generar más combinaciones ante el crecimiento del parque vehicular.
La última renovación de placas se realizó en 2011, con varias prórrogas posteriores que han extendido su vigencia hasta agosto de 2025.
Por otro lado, el viceministro informó que ya se encuentra en licitación la instalación de cámaras de videovigilancia y sistemas GPS para las unidades del transporte colectivo en el área metropolitana de San Salvador. Este proyecto, financiado con fondos del plan de control territorial, busca mejorar la fiscalización, la seguridad y la calidad del servicio.
Reyes indicó que siete empresas han presentado ofertas y que las evaluaciones están en proceso. El sistema permitirá monitorear en tiempo real la cantidad de pasajeros, las rutas y frecuencias, lo que facilitará optimizar el servicio y reducir delitos dentro de las unidades.
El funcionario resaltó que estas medidas fortalecerán la seguridad pública y ayudarán a mejorar la experiencia de los usuarios del transporte público.
