La Gerente de Cumplimiento del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Ana Regina Meléndez de Romero, es señalada de estar bloqueando el cumplimiento que ordenó en julio pasado, el Juzgado Ambiental de San Salvador, al procedimiento sancionatorio impuesto en el permiso ambiental del botadero Melara, ubicado en el departamento de La Libertad.

El juzgado en mención, ordenó el pasado mes, realizar una auditoría al relleno sanitario que en diferentes ocasiones se ha visto señalado por presuntamente incumplir todas condiciones ambientales que exige el Ministerio de Medio Ambiente.  

En junio del presente año, el MARN con orden del juzgado Ambiental de San Salvador, realizó una auditoría en el botadero del señor Salume, pues éste estaba sobrepasando la cantidad de toneladas permitas acorde a su capacidad, lo que generaba un cúmulo grande de basura y creando un alto riesgo de insalubridad en el sector que atentaba a la salud de los pobladores.

Debido a ello, se ordenó la revisión inmediata por los especialistas del MARN quienes debían dar una respuesta en cinco días, una vez emitida la resolución del juzgado.

La auditoría habría sido realizada según el mandato del tribunal de Medio Ambiente de San Salvador y entregada a la sede y autoridad competente del MARN, en este caso a la gerente de cumplimiento, Ana Regina Meléndez de Romero, quien presuntamente estaría deteniendo todas las investigaciones y denuncias sobre el referido botadero, cayendo en el delito de desobediencia, al no entregar los resultados del informe de la autoría a la Fiscalía General de la República (FGR) y al juez ambiental a cargo del caso, obstruyendo así un posible proceso penal contra el representante del botadero Melera por no cumplir la medidas preventivas.

Tales medidas fueron emitidas el pasado 28 de mayo de 2019, donde se ordenaba que se suspendiera de manera inmediata (en las próximas 24 horas) el ingreso de desechos sólidos excedentes a 500 toneladas diarias, la cantidad autorizada a procesar por el MARN; sin embargo, no se atendió y superó el doble de la capacidad autorizada poniendo en riesgo la salud de la población de periferia y por el momento el relleno sanitario no cumple las normas establecidas para su funcionamiento.