Nacionales
Fusades se lucró operando una microfinanciera y aprovechó su carácter de “utilidad pública” para no pagar impuestos
Convencidas de que la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) se benefició económicamente con el manejo de una Microfinanciera que implementó por medio del Programa de Promoción de la Micro y Pequeña Empresa (PROPEMI), las diputadas de la Bancada Cyan Marcela Pineda y Alexia Rivas pidieron al Ministerio de Hacienda que le retire a esa organización su carácter de “utilidad pública”.
La Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro establece en su artículo 9 que “Se entenderá que una asociación y fundación es sin fines de lucro, cuando no persiga el enriquecimiento directo de sus miembros, fundadores y administradores. En consecuencia, no podrán distribuir beneficios, remanentes o utilidades entre ellos, ni disponer la distribución del patrimonio de la entidad entre los mismos al ocurrir la disolución y liquidación de la entidad.”
Sin embargo, las legisladoras aseguraron que Fusades pierde su calidad de “utilidad pública” que se contempla en el artículo 7 de la misma normativa, cuando en 1986 creó la Microfinanciera, la cual durante 21 años entregó créditos y microcréditos que en su conjunto ascienden a más de $290 millones.
No solo eso, en 2007, Fusades vendió por más de $51 millones la cartera de clientes de la Microfinanciera y obtuvo más $11 millones en concepto de “premio” por la transacción.
Dado a que la institución tiene la categoría de “utilidad pública”, otorgado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), una investigación de esta dependencia del Ministerio de Hacienda, estableció que por la venta a un banco privado del país debió pagar $1.5 millones en concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) y un aproximado de $2.3 millones en Impuesto Sobre la Renta.
Con todos esos elementos legales, la diputada Alexia Rivas dijo que “Pedimos al Ministerio de Hacienda que investigue si FUSADES está cumpliendo con su carácter de utilidad pública, ya que ha dejado de pagar impuestos que pudieron haber sido invertidos en obras de desarrollo para el país”.
Un niño de un año de edad falleció este día en la hacienda Atalaya, en el distrito de Acajutla, Sonsonate, luego de caer de manera accidental en una canaleta de agua, según reportes preliminares.
De acuerdo con la información inicial, el menor habría sufrido el percance dentro del sector, por causas que aún se encuentran bajo investigación. Autoridades competentes se desplazaron a la zona para realizar las diligencias correspondientes y determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos.
Familiares, amigos y vecinos del menor expresaron su pesar por lo sucedido, un hecho que ha generado consternación entre los habitantes de la comunidad. Las autoridades reiteraron que será el proceso investigativo el que establezca las circunstancias del incidente.
Kevin Israel Corea Carabantes, de 27 años, acusado de hurto agravado, en perjuicio patrimonial de una víctima, seguirá en prisión provisional, así resolvió el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador.
El hecho ocurrió el 12 de enero de 2026, en una discoteca ubicada en el bulevar Del Hipódromo, colonia San Benito, en San Salvador. La investigación fiscal detalla que Corea hurtó de una habitación una mochila y un maletín de mano que contenían diversos objetos, entre ellos, perfumes, además de una cartera de mano con documentos personales de la víctima.
«La acusación sostiene que el imputado fue visto por una empleada cuando salía por la ventana del baño que colinda con el jardín. Asimismo, los empleados del establecimiento encontraron una caja fuerte dañada, cielos falsos, vidrios y cámaras de seguridad averiados, daños que ascienden a una responsabilidad civil de aproximadamente $4,000», informaron fuentes judiciales.
El imputado fue reconocido por la gerencia de la discoteca a través de la cámara de seguridad, señalando que trabajó en el lugar durante cuatro días. Además, en los documentos presentados para aspirar al puesto se encontraba su identificación.
En la audiencia inicial, la juzgadora consideró que existen indicios suficientes para establecer la existencia del delito y la probable participación del procesado. El caso fue remitido al Juzgado de Instrucción de San Salvador.
Juan Francisco Grande Hernández, de 41 años, fue condenado a 12 años de prisión por el delito de tráfico ilícito, así resolvió el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador.
Grande Hernández fue capturado el 29 de noviembre de 2024, en la calle antigua a Huizúcar, en la colonia Lomas de Versalles de San Salvador, cuando agentes policiales realizaban un patrullaje en busca de personas que delinquían con la venta de droga.
El imputado intentó huir, pero fue en vano. Los policías le encontraron en un bolso una porción grande y otras medianas de material vegetal, además de $3,044.75 en efectivo y una báscula digital color rojo. También en el asiento del vehículo en el que se trasladaba tenía más porciones de droga.
La prueba de campo determinó que el material vegetal era marihuana, en total se sumaron 1.52 kilogramos, valuados en $3,446.70. Asimismo, un análisis de espectrometría determinó que la báscula y el dinero presentaban rastros de metanfetamina, marihuana y cocaína.
Recientemente, por posesión y tenencia con fines de tráfico, en perjuicio de la salud pública, también fue condenado a seis años de prisión Emerson Joel Moz Cruz, de 24 años. La pena fue impuesta por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
A Moz Cruz, agentes policiales le incautaron 178.4 gramos de marihuana y 1.8 gramos de cocaína en diciembre de 2024. Fue interceptado cuando se conducía en una motocicleta sobre la Autopista Norte, frente al Registro de Armas, ubicado en el distrito de San Salvador.
