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Fusades se lucró operando una microfinanciera y aprovechó su carácter de “utilidad pública” para no pagar impuestos
Convencidas de que la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) se benefició económicamente con el manejo de una Microfinanciera que implementó por medio del Programa de Promoción de la Micro y Pequeña Empresa (PROPEMI), las diputadas de la Bancada Cyan Marcela Pineda y Alexia Rivas pidieron al Ministerio de Hacienda que le retire a esa organización su carácter de “utilidad pública”.
La Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro establece en su artículo 9 que “Se entenderá que una asociación y fundación es sin fines de lucro, cuando no persiga el enriquecimiento directo de sus miembros, fundadores y administradores. En consecuencia, no podrán distribuir beneficios, remanentes o utilidades entre ellos, ni disponer la distribución del patrimonio de la entidad entre los mismos al ocurrir la disolución y liquidación de la entidad.”
Sin embargo, las legisladoras aseguraron que Fusades pierde su calidad de “utilidad pública” que se contempla en el artículo 7 de la misma normativa, cuando en 1986 creó la Microfinanciera, la cual durante 21 años entregó créditos y microcréditos que en su conjunto ascienden a más de $290 millones.
No solo eso, en 2007, Fusades vendió por más de $51 millones la cartera de clientes de la Microfinanciera y obtuvo más $11 millones en concepto de “premio” por la transacción.
Dado a que la institución tiene la categoría de “utilidad pública”, otorgado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), una investigación de esta dependencia del Ministerio de Hacienda, estableció que por la venta a un banco privado del país debió pagar $1.5 millones en concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) y un aproximado de $2.3 millones en Impuesto Sobre la Renta.
Con todos esos elementos legales, la diputada Alexia Rivas dijo que “Pedimos al Ministerio de Hacienda que investigue si FUSADES está cumpliendo con su carácter de utilidad pública, ya que ha dejado de pagar impuestos que pudieron haber sido invertidos en obras de desarrollo para el país”.
La embajada de Japón en El Salvador anunció en sus redes sociales que está trabajando en un proyecto de vivienda de alquiler llamada “Danchi”, proyecto de vivienda social que fue popular en el país asiático en la década de los años 60 y 70.
Este anuncio lo realizó la embajada durante la visita que recibió de la ministra de Vivienda, Michelle Sol.
«Visita de cortesía a la ministra Michelle Sol por parte del embajador SANO (Taketoshi). Conversaron sobre el modelo japonés de vivienda de alquiler «Danchi». ¡Ya inició el proyecto para crear la versión salvadoreña de vivienda pública!”, detalló la embajada japonesa.
A pesar de este anuncio se desconocen más detalles del mismo, ya que ni la embajada de Japón ni el Ministerio de Hacienda han publicado sobre ese encuentro en su redes sociales ni páginas web, aparte de lo que anunció la embajada japonesa.
El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó que Rolban Steven Rodríguez, enfrente juicio por los delitos estafa, uso y tenencia de documentos falsos, uso falso de documento de identidad, así como agrupaciones ilícitas.
En la acusación ratificada por la Fiscalía General de la República durante la audiencia preliminar, se detalló que el imputado fue parte de una estructura que entre el 2020 y 2022 alquiló vehículos y posteriormente los vendió con documentos falsos.
La banda utilizaba documentos de identidad de víctimas a quienes se los hurtaban para que los miembros de ese grupo delictivo se hicieran pasar como ellas.
Con los documentos sustraídos procedían a verificar quienes de los integrantes de la banda se parecían a las víctimas para trasladarse a empresas dedicadas a la renta de vehículos.
Cuando ya tenían los automotores en alquiler los llevaban a estacionamientos y los ponían a la venta, cuando aparecían las personas interesadas en adquirirlos, realizaban compraventas falsas con los documentos que habían hurtado.
Los demás miembros de la banda ya el mismo tribunal los había enviado a juicio, entre ellos hay exmiembros de la Policía Nacional Civil.
Un hombre de 65 años, identificado como José del Carmen R. A., fue enviado al penal de Mariona, acusado de intentar asesinar a Elmer Francisco A. F., en la urbanización Montes de San Bartolo V, de Soyapango.
El hecho ocurrió el 18 de enero de 2026, aproximadamente a las 11:23 de la noche, cuando ambos ingerían bebidas alcohólicas. Según la acusación luego de comenzar a discutir en el interior de una vivienda, el imputado sacó un arma blanca con la cual lesionó a la víctima.
Testigos informaron a las autoridades que auxiliaron a la víctima para que fuera trasladado al Hospital Nacional Dr. José Molina Martínez y una vecina llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para que investigara lo ocurrido y ubicara al agresor.
Al imputado lo capturado el siguiente día en horas de la mañana cuando estaba laborando como agente de seguridad privada en el distrito de Panchimalco.
En la resolución de la audiencia inicial, la jueza envió la causa penal al Juzgado Segundo de Instrucción de Soyapango y ordenó que el acusado siga en prisión mientras dure el proceso penal.
Según la decisión judicial, la víctima estuvo en riesgo inminente de perder la vida a raíz de las lesiones que el imputado le ocasionó.
