Convencidas de que la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) se benefició económicamente con el manejo de una Microfinanciera que implementó por medio del Programa de Promoción de la Micro y Pequeña Empresa (PROPEMI), las diputadas de la Bancada Cyan Marcela Pineda y Alexia Rivas pidieron al Ministerio de Hacienda que le retire a esa organización su carácter de “utilidad pública”.

La Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro establece en su artículo 9 que “Se entenderá que una asociación y fundación es sin fines de lucro, cuando no persiga el enriquecimiento directo de sus miembros, fundadores y administradores. En consecuencia, no podrán distribuir beneficios, remanentes o utilidades entre ellos, ni disponer la distribución del patrimonio de la entidad entre los mismos al ocurrir la disolución y liquidación de la entidad.”

Sin embargo, las legisladoras aseguraron que Fusades pierde su calidad de “utilidad pública” que se contempla en el artículo 7 de la misma normativa, cuando en 1986 creó la Microfinanciera, la cual durante 21 años entregó créditos y microcréditos que en su conjunto ascienden a más de $290 millones.

No solo eso, en 2007, Fusades vendió por más de $51 millones la cartera de clientes de la Microfinanciera y obtuvo más $11 millones en concepto de “premio” por la transacción.

Dado a que la institución tiene la categoría de “utilidad pública”, otorgado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), una investigación de esta dependencia del Ministerio de Hacienda, estableció que por la venta a un banco privado del país debió pagar $1.5 millones en concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) y un aproximado de $2.3 millones en Impuesto Sobre la Renta.

Con todos esos elementos legales, la diputada Alexia Rivas dijo que “Pedimos al Ministerio de Hacienda que investigue si FUSADES está cumpliendo con su carácter de utilidad pública, ya que ha dejado de pagar impuestos que pudieron haber sido invertidos en obras de desarrollo para el país”.