Judicial
FOTO – Si usted maneja ebrio su multa podría ser de $2 mil dólares, según propuesta de la PNC
Policía busca alternativas que frenen causas de accidentabilidad en el país
Mediante la implementación de medidas severas, las cuales tocarán el bolsillo de los que infringen la Ley, la División de Transito de la Policía Nacional Civil (PNC), busca el consenso de los diputados de la Comisión de Obras Públicas de la Asamblea Legislativa, para aumentar las multas a quienes la violen y así reducir las estadísticas de accidentabilidad nacional.
Este incremento de las sanciones económicas, podrían no ser muy gratas para los infractores, ya que la División de Tránsito propone la cantidad de 2 mil dólares para los conductores ebrios detenidos en controles vehiculares y $4 mil para quienes sean arrestados como producto de un accidente de tránsito, donde ya existan otras consecuencias.
La comisionada Verónica Uriarte, jefa de la División de Tránsito, junto a otros oficiales de esa unidad, presentó, este lunes, ante esa Comisión, una alternativa que busca reducir estas cifras, que se mantienen, pese a los esfuerzos de las autoridades de hacer conciencia en las y los conductores de vehículos y automotores.
Así también, las autoridades de Tránsito buscan la aprobación de $500.00 en multas para las infracciones leves; $1,000 para las graves y $ 1,500 para las más graves; razón económica suficiente para evitar infringir la Ley de Tránsito, por si la razón al estar al volante falló.
“La intención no es recolectar dinero, aseveró la comisionada Uriarte, sino que corregir a los conductores”.
Las autoridades presentaron un recuento de accidentes viales de los años 2017 y 2018, así como las principales causas de los mismos, entre las que se encuentran la invasión al carril, no guardar la distancia reglamentaria, velocidad inadecuada y la distracción del conductor; todas atribuidas a la persona.
En cuanto a la accidentabilidad del año 2,018, se tiene una reducción del 5.6 por ciento, aunque la cifra de los lesionados y fallecidos haya aumentado, dijo la jefa policial, por lo cual también se buscan otras alternativas, como es la de retomar el trabajo con la Asamblea Legislativa, y el Viceministerio de Transporte (VMT), para revisar la Ley y el reglamento de Tránsito, dijo.
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El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
