Judicial
FOTO – Si usted maneja ebrio su multa podría ser de $2 mil dólares, según propuesta de la PNC
Policía busca alternativas que frenen causas de accidentabilidad en el país
Mediante la implementación de medidas severas, las cuales tocarán el bolsillo de los que infringen la Ley, la División de Transito de la Policía Nacional Civil (PNC), busca el consenso de los diputados de la Comisión de Obras Públicas de la Asamblea Legislativa, para aumentar las multas a quienes la violen y así reducir las estadísticas de accidentabilidad nacional.
Este incremento de las sanciones económicas, podrían no ser muy gratas para los infractores, ya que la División de Tránsito propone la cantidad de 2 mil dólares para los conductores ebrios detenidos en controles vehiculares y $4 mil para quienes sean arrestados como producto de un accidente de tránsito, donde ya existan otras consecuencias.
La comisionada Verónica Uriarte, jefa de la División de Tránsito, junto a otros oficiales de esa unidad, presentó, este lunes, ante esa Comisión, una alternativa que busca reducir estas cifras, que se mantienen, pese a los esfuerzos de las autoridades de hacer conciencia en las y los conductores de vehículos y automotores.
Así también, las autoridades de Tránsito buscan la aprobación de $500.00 en multas para las infracciones leves; $1,000 para las graves y $ 1,500 para las más graves; razón económica suficiente para evitar infringir la Ley de Tránsito, por si la razón al estar al volante falló.
“La intención no es recolectar dinero, aseveró la comisionada Uriarte, sino que corregir a los conductores”.
Las autoridades presentaron un recuento de accidentes viales de los años 2017 y 2018, así como las principales causas de los mismos, entre las que se encuentran la invasión al carril, no guardar la distancia reglamentaria, velocidad inadecuada y la distracción del conductor; todas atribuidas a la persona.
En cuanto a la accidentabilidad del año 2,018, se tiene una reducción del 5.6 por ciento, aunque la cifra de los lesionados y fallecidos haya aumentado, dijo la jefa policial, por lo cual también se buscan otras alternativas, como es la de retomar el trabajo con la Asamblea Legislativa, y el Viceministerio de Transporte (VMT), para revisar la Ley y el reglamento de Tránsito, dijo.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ayer (lunes) el requerimiento de acusación contra 12 empresarios del transporte colectivo, a quienes se les imputa la presunta comisión de los delitos de peculado e incumplimiento de deberes.
Según informó la institución, los señalados serán procesados en libertad, bajo medidas alternas a la detención.
Los imputados poseen concesiones y permisos provisionales para operar diferentes rutas del transporte público. De acuerdo con la FGR, fueron capturados los días 5, 6 y 7 de mayo de 2025, luego de que las autoridades detectaran que no prestaron el servicio de transporte a la población o lo hicieron con una reducción significativa de unidades, pese a que el Gobierno había entregado $12 millones en compensación para garantizar la gratuidad del servicio, debido al cierre temporal del tramo de Los Chorros en la carretera Panamericana.
“Se procedió a la detención en flagrancia, siendo este un servicio público y subsidiado con fondos del Estado”, indicó la Fiscalía.
El requerimiento fue presentado en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador.
El combate frontal contra las pandillas continúa dejando resultados contundentes. En las últimas horas, diferentes tribunales del país emitieron sentencias condenatorias contra varios integrantes de estructuras criminales, responsables de diversos delitos que van desde homicidios agravados hasta extorsión y agrupaciones ilícitas.
Comenzamos…
Condenan a 30 años de prisión a cuatro pandilleros de la MS por homicidio agravado en Santa Ana
Cuatro miembros de la estructura criminal MS fueron condenados a 30 años de cárcel cada uno, tras ser hallados culpables del delito de homicidio agravado. El crimen fue cometido en el departamento de Santa Ana, donde los pandilleros llegaron armados a la vivienda de su víctima y, tras una discusión, le dispararon hasta causarle la vida.
Los sentenciados han sido identificados como Erick Fernando Ruperto García, Nelson Amílcar Polanco Hernández, Carlos Isaías Sánchez García y Jonathan José López Barahona. Según informó la Fiscalía General de la República, los condenados enfrentan además otros procesos judiciales, por lo que sus penas podrían incrementarse en los próximos meses.
Pandillero del barrio 18 condenado a 20 años por extorsión en Santa Ana
A 20 años de prisión fue condenado el pandillero del barrio 18, William Alexander Valencia Salazar, tras demostrarse con abundantes evidencias que extorsionó a una víctima en diciembre de 2021 y enero de 2022. De acuerdo con las investigaciones, Valencia amenazó a su víctima para exigirle grandes cantidades de dinero a cambio de no atentar contra su vida e integridad física.
Estos hechos ocurrieron en Santa Ana. La condena fue impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de dicho departamento, mientras que Valencia continuará enfrentando otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó instrucción formal con detención provisional contra Ariel Ignacio Ortega González, de 27 años, acusado del delito de tráfico ilícito, en perjuicio de la salud pública.Local events calendar
Según la relación circunstanciada de los hechos, el imputado fue detenido el 2 de mayo de 2025, cuando agentes de Policía Nacional Civil (PNC) realizaban patrullajes preventivos en la calle Buenos Aires y la avenida Cuscatancingo, en la colonia El Bosque de San Salvador.
En ese momento, observaron que un vehículo particular se estacionó de forma brusca, lo que generó sospechas de que el conductor podría estar bajo los efectos del alcohol.
Al interceptarlo y realizarle una requisa, los agentes encontraron en el vehículo una porción mediana y siete porciones pequeñas de polvo blanco, además de una balanza digital.
La prueba de campo confirmó que la sustancia era cocaína, con un peso de 14.979 gramos y 1.944 gramos, respectivamente.
Durante la audiencia inicial, el juzgador consideró que existen suficientes elementos indiciarios sobre la existencia del delito y la posible participación del imputado, requisito mínimo para que el caso avance a la etapa de instrucción.
