Judicial
FOTO – Si usted maneja ebrio su multa podría ser de $2 mil dólares, según propuesta de la PNC
Policía busca alternativas que frenen causas de accidentabilidad en el país
Mediante la implementación de medidas severas, las cuales tocarán el bolsillo de los que infringen la Ley, la División de Transito de la Policía Nacional Civil (PNC), busca el consenso de los diputados de la Comisión de Obras Públicas de la Asamblea Legislativa, para aumentar las multas a quienes la violen y así reducir las estadísticas de accidentabilidad nacional.
Este incremento de las sanciones económicas, podrían no ser muy gratas para los infractores, ya que la División de Tránsito propone la cantidad de 2 mil dólares para los conductores ebrios detenidos en controles vehiculares y $4 mil para quienes sean arrestados como producto de un accidente de tránsito, donde ya existan otras consecuencias.
La comisionada Verónica Uriarte, jefa de la División de Tránsito, junto a otros oficiales de esa unidad, presentó, este lunes, ante esa Comisión, una alternativa que busca reducir estas cifras, que se mantienen, pese a los esfuerzos de las autoridades de hacer conciencia en las y los conductores de vehículos y automotores.
Así también, las autoridades de Tránsito buscan la aprobación de $500.00 en multas para las infracciones leves; $1,000 para las graves y $ 1,500 para las más graves; razón económica suficiente para evitar infringir la Ley de Tránsito, por si la razón al estar al volante falló.
“La intención no es recolectar dinero, aseveró la comisionada Uriarte, sino que corregir a los conductores”.
Las autoridades presentaron un recuento de accidentes viales de los años 2017 y 2018, así como las principales causas de los mismos, entre las que se encuentran la invasión al carril, no guardar la distancia reglamentaria, velocidad inadecuada y la distracción del conductor; todas atribuidas a la persona.
En cuanto a la accidentabilidad del año 2,018, se tiene una reducción del 5.6 por ciento, aunque la cifra de los lesionados y fallecidos haya aumentado, dijo la jefa policial, por lo cual también se buscan otras alternativas, como es la de retomar el trabajo con la Asamblea Legislativa, y el Viceministerio de Transporte (VMT), para revisar la Ley y el reglamento de Tránsito, dijo.
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
Judicial
Prisión para pandilleros que asesinaron a una mujer tras saber que vivía en una zona controlada por otra estructura
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que tres miembros de la pandilla 18 Sureños fueran condenados a 25 años de prisión por el homicidio de una mujer ocurrido en el departamento de La Libertad.
Los condenados fueron identificados como Giovanni Stanley Santamaría Flores, alias Skipi; Giovanni Stanley Castillo Monjes, alias Saiper; y Alex Edgardo Guillén Zacatares, conocido como Orejón. Las investigaciones determinaron que los tres pertenecen a estructuras terroristas activas en la zona.
Según la FGR, el crimen ocurrió luego de que los pandilleros se encontraran con la víctima en un bar, donde uno de ellos entabló conversación y le ofreció una bebida alcohólica. Posteriormente, le propuso llevarla a su casa, pero al enterarse de que vivía en una zona dominada por una pandilla rival, cambiaron el destino.
La mujer subió al vehículo en el que viajaban los tres agresores y, al llegar al sitio acordado, fue atacada a balazos. Los delincuentes la abandonaron creyendo que había muerto.
Minutos después, agentes policiales la encontraron con vida, la auxiliaron y la trasladaron a un centro asistencial, donde falleció a causa de las graves heridas.
La FGR confirmó que los tres implicados ya guardan prisión y enfrentan además otro proceso penal por el delito de agrupaciones ilícitas.
Tres integrantes de la MS, vinculados a la clica Brentwood, fueron sentenciados a penas de 18 y 20 años de prisión por el asesinato de un hombre durante un torneo navideño en Concepción de Oriente, La Unión.
El Tribunal de Sentencia de La Unión confirmó la culpabilidad de los acusados tras validar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), que demostraron la participación directa de cada imputado en el crimen ocurrido el 20 de noviembre de 2019.
Según las investigaciones, la víctima fue atacada a tiros mientras se desarrollaba un torneo en la cancha de fútbol del caserío Ojo de Agua, cantón Gueripe, un hecho que causó conmoción entre los asistentes.
La Fiscalía determinó que Selvin Abundino Umanzor Euceda y Luis Adonay Velásquez se encargaron de localizar y seguir a la víctima, mientras que Walter Geovanny Alvarado García, junto a un menor de edad, ejecutaron el ataque.
El crimen fue ordenado por la estructura criminal debido a la presunta afiliación de la víctima a la pandilla Barrio 18.
Alvarado García y Umanzor Euceda fueron condenados a 18 años de prisión cada uno, mientras que Velásquez, prófugo de la justicia, fue sentenciado en ausencia a 20 años de cárcel.
