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Fiscalía apela resolución que ordena liberar a suegro de Mauricio Funes
Luego que el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador ordenara poner en libertad al suegro del expresidente Mauricio Funes, Juan Carlos Guzmán Berdugo, la Fiscalía General de la República presentó un recurso de apelación en el cual muestra su inconformidad por la medida tomada.
«La Fiscalía General de la República informa que ante la orden de libertad en favor de Juan Carlos Guzmán Berdugo, emitida por el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, ha presentado recurso de apelación. Existe un alto riesgo de fuga del imputado, por lo que seguirá detenido».
El tribunal notificó la resolución a las partes el pasado 22 de mayo, a raíz de un escrito que presentó la defensa de Guzmán Berdugo bajo el argumento que lleva dos años de estar detenido sin que haya una sentencia en firme.
El suegro de Funes fue extraditado desde Costa Rica, el 19 de mayo del 2021, desde esa fecha ha permanecido en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, departamento de La Paz.
Guzmán Berdugo, quien es parte del círculo íntimo de Funes, es acusado de haber gastado $7,985.80, en cuatro viajes a Costa Rica y Miami, en Estados Unidos, pero el ministerio público en todas las pesquisas concluyó que lavó $133,564.71, aunque en el expediente se menciona que junto a su esposa, Ada Luz Sigüenza de Guzmán, recibieron $351,530.01 en transferencias hechas por Funes.
Según la Fiscalía, ese dinero salió de la Cuenta Subsidiaria del Tesoro Público de Casa Presidencial.
En el expediente «Saqueo Público», Fiscalía ha dicho que Funes, ideó una red sofisticada para sustraer más de $351 millones. La investigación que duró año y medio descubrió que la estrategia delictiva era vaciar las arcas del Estado entre los años 2009 al 2014, período en el cual fungió como presidente.
Al momento de judicializar la serie de actos de corrupción, el 8 de junio de 2018, la Fiscalía acusó a Funes de haber estructurado una red para sustraer $351,035,400 y acusó a 32 personas de lavado de dinero, peculado, lavado de dinero y encubrimiento, pero un informe que consta agregado en la carpeta judicial y que proporcionó el Banco Hipotecario tras una auditoría, establece que Funes y su compleja red se apropió de $379.5 millones.
#SaqueoPúblico | La @FGR_SV informa que ante la orden de libertad en favor de Juan Carlos Guzmán Berdugo, emitida por el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, ha presentado recurso de apelación.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) May 25, 2023
Existe un alto riesgo de fuga del imputado, por lo que seguirá detenido. pic.twitter.com/Ba75tqOXTa
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Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
