Judicial
FGR presentó requerimiento penal en contra de Hernán Contreras, expresidente de la Corte de Cuentas
Fiscales del Grupo Contra la Impunidad presentaron en el Juzgado Octavo de Paz de San Salvador requerimiento penal en contra de Rafael Hernán Contreras Rodríguez, quien enfrentará los delitos de Incumplimiento de deberes y Falsedad documental Agravada, en su calidad de expresidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), periodo 29 de junio del año 2002 al 28 de junio de 2011.
Consta en el requerimiento que Contreras Rodríguez ordenó en agosto del 2005, una auditoría a los estados financieros de la Presidencia de la República, relacionada con los gastos reservados realizados en el período del expresidente Elías Antonio Saca.
Contreras Rodríguez tuvo conocimiento acerca de que la información remitida por Casa Presidencial era incompleta e insuficiente, razón por la cual, el requerimiento señala que el ex funcionario omitió conscientemente las formalidades requeridas para la validez del acto.
Contreras ordenó la auditoría obviando procesos establecidos legalmente al retomar los requerimientos que hizo Casa Presidencial al Ministerio de Hacienda para la asignación de fondos, sin documentación que respaldara el uso de los mismos. “Con tal comportamiento, Contreras incumplió sus deberes como presidente de la Corte de Cuentas y más aún, al ordenar que en los análisis se insertara información falsa”, dijo German Arriaza, Director Contra la Corrupción y la Impunidad, de la Fiscalía General de la República.
La primera orden para hacer la auditoría de la partida de gastos reservados fue en agosto de 2005. Los siguientes exámenes auditables se hicieron bajo los mismos mecanismos irregulares, hasta que finalizó el período del expresidente Saca.
Según el requerimiento, Contreras cometió Falsedad documental Agravada, en la modalidad de falsedad ideológica, delitos previstos y sancionados en los artículos 321, 285 y 284 del Código Penal, en perjuicio de la Administración Pública y de la Fe Pública.
Junto al escrito que se presentó hoy al citado Juzgado, la Fiscalía General de la República está ofreciendo prueba de tipo documental, testimonial y pericial. Solicitó a la vez que se aplique la medida cautelar de detención provisional y el proceso sea enviado a la etapa de instrucción.
Información de FGR
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
