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Exfiscal general de la República, Astor Escalante avaló los primeros 100 días del gobierno del presidente Nayib Bukele en la lucha contra la delincuencia
El abogado y Analista político Astor Escalante avaló los primeros 100 días del gobierno del presidente Nayib Bukele y el gabinete de Seguridad en la lucha contra la delincuencia, pues asegura que la población manifiesta sentirse más segura al término de 100 días . Así lo sostuvo en el programa El Salvador Today, con Luís Alvarado de Órbita TV, este martes 5 de septiembre, en donde se abordó la temática: «100 días del gobierno de Nayib Bukele. Principales logros en seguridad».
Escalante es del pensamiento que, hay que apoyar a las autoridades para que el país mejore, ya que “si a las autoridades les va bien, al país le va bien y por ende a todos les va bien”, por tal motivo es importante el apoyo de parte de todos los órganos del estado.
“Tiene que haber un convenio de temas importantísimos que se deben tratar de parte del órgano Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero creo que paso a paso se tienen que ir haciendo estos ajustes para ir mejorando” aseguró el analista
Asímismo piensa que la clave del éxito para lograr un balance positivo ha sido “hacer las cosas” a fin de golpear las estructuras delincuenciales.
Sin embargo, sostiene que se tienen que hacer más cosas para mejorar en temas de seguridad, como el abordaje integral del tema de desaparición forzada, implementando el tema de la prevención, ya que para Escalante «es fundamental evitar mas casos de desaparecidos y no es un tema que lo va a resolver sólo la fiscalía, ni sólo la PNC, ni el ejercito, sino unidos con la sociedad civil».
«Para ello se requiere de la cooperación de la víctima, a veces no colaboran por obvias razones, las instituciones tienen que mejorar en esos temas y cuidar a las víctimas y testigos, sino el crimen organizado los mata y los casos quedan en la impunidad». enfatizó el exfiscal general de la República.
Además, opina que en el tema de las extorsiones se tiene que facilitar una herramienta tan importante como es de la denuncia, y más y mejor seguridad tecnológica.
De igual manera, opina que para mejorar en temas de seguridad no deben de existir intereses personales de los agentes policiales en su trabajo para afectar a los jóvenes, «esas medidas deben sancionarse, deben depurarse los malos elementos» apuntó Escalante.
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Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
