La reciente condena del expresidente Elías Antonio Saca y su esposa, Ana Ligia de Saca, por parte de la Cámara Primero de lo Civil, que les ordenó restituir al Estado $3,892,698.71 y $589,608.82, respectivamente, trajo a la palestra judicial las presuntas ilegalidades cometidas por el exjefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República (FGR), Jorge Cortez, quien según se denunció, cuando el expresidente Saca realizaba una confesión (en 2018) donde confesaba que el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) era parte de los receptores del dinero desfalcado al país, decidió interrumpir sin éxito la declaración del exmandatario para evitar que el juez conociera más detalles de esa distribución.

CONFESIÓN DEL EXPRESIDENTE SACA.

Una fuente judicial, que solicitó reserva de su nombre por temor a represalias, señaló que sobre Jorge Cortez existen denuncias en el ministerio público, sin que hasta el momento se haya iniciado un proceso judicial.

Según se conoció, Cortez formó parte de un equipo de fiscales de confianza del exfiscal general Douglas Meléndez, que armaban casos con testigos y pruebas falsas para presentarlos en los tribunales, con la finalidad de no perder los procesos judiciales.

Varios empleados de la fiscalía, entre agentes fiscales y empleados administrativos denunciaron ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que fueron víctimas de acosos y amenazas por parte de Jorge Cortez y otro grupo de fiscales bajo el mando de Douglas Meléndez, para convertirse en testigos criteriados en un intentento de sostener en los juzgados el caso conocido como “Corruptela”; sin embargo, los trabajadores se negaron a mentir en los tribunales y realizaron la denuncia.

Hasta la fecha, los empleados que fueron coaccionados para dar falso testimonio para incriminar a otras personas, siguen esperando una acusación formal por parte del ministerio público. Por otra parte, la denuncia que los afectados interpusieron en la misma entidad no ha sido procesada por parte la actual administración, bajo el mando de Raúl Melara.

La denuncia señala que durante la confesión del expresidente Elías Antonio Saca, en agosto de 2018, Jorge Cortez trató de desviar la atención del juzgador durante la declaración de exmandatario, quien explicaba la forma que ideó para sacar dinero del Estado y entregarlo a sociedad, incluido al partido ARENA, y otras formas operativizar el mecanismo usado para entregar fondos. Pese a ser el responsable de defender los intereses del país, Cortez trató de evitar que el expresidente siguiera acusando al partido tricolor.

“Él buscó proteger a miembros y al mismo partido ARENA tratando de opacar la confesión del expresidente Saca, pero el juez en su momento tomó la decisión de terminar de escuchar al imputado», destaca la denuncia.

En el Juzgado Cuarto de Instrucción el expresidente Saca expuso que: “posteriormente se procedió a emitir una cantidad de cheque a favor del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), por la cantidad de $400 mil, así como también fueron abonados a cuentas y cobrados en efectivo, por cantidades que no recuerdo, pero que fueron por varios millones de dólares”, mencionó Saca, quien además narró la creación de una unidad para el manejo de fondos públicos que recaía en la figura de Elmer Charlaix, situación que no agradó al fiscal Cortez, quien interrumpió la confesión.

“Señoría lo que está declarando el señor Elías Antonio Saca González de ninguna manera eso constituye una confesión de carácter judicial, si va a seguir en esa línea la representación fiscal es de la idea de que desistamos ya de este acto con respecto a la institución porque lo que está haciendo él es una justificación, de un uso que, de acuerdo a la tesis de acusación ha sido ilegal. Esa no fue la confesión que había preparado la representación fiscal en su origen, para bien de jueces…”, espetó Cortez. Por su parte el juzgador reprendió al fiscal por la abrupta interrupción y ordenó a Saca seguir con su declaración.

Tras conocerse las acusaciones en contra del exjefe de la UIF, Jorge Cortez, en la Sala de lo Penal (Casación), la denuncia expone que en la actualidad este está tramitando un asilo en Canadá, donde estaría recibiendo la colaboración de los empresarios de ese país, que actualmente son prófugos, Matteo Pascual y Franco Pacetti y quienes figuran como principales acusadores en un proceso mercantil, que el fiscal Douglas Meléndez trató de llevar, sin éxito, a los tribunales como crimen organizado.