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El Salvador cerró el viernes con cero homicidios
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que ayer, 23 de marzo, el país no registró homicidios a escala nacional, un logro atribuido siempre al Plan Control Territorial (PCT) y al régimen de excepción que fue aprobado por la Asamblea Legislativa.
«Finalizamos el viernes 24 de marzo con 0 homicidios en el país», reiteró la policía desde sus redes sociales.
Finalizamos el viernes 24 de marzo, con 0 homicidios en el país. pic.twitter.com/63VycYijSa
— PNC El Salvador (@PNCSV) March 25, 2023
El 2023 se perfila como uno de los años más seguros, según con la PNC. En específico, enero del presente año destaca como el más seguro en 201 años de historia de El Salvador, cerrando con 11 homicidios.
Mientras que febrero presenta una reducción del 70 % en el índice de homicidios en comparación al mismo período (primera quincena del mes) del año pasado en donde se registraron cifras de hasta 14 muertes a causa de la violencia al día.
Cabe mencionar que luego de la implementación de ambas estrategias, por parte del Gobierno de El Salvador, el promedio diario de homicidios de enero de este año fue de 0.3, en tanto que en nueve meses del régimen de excepción fue entre 0.5 y 0.6, lo que significa cerca de un 50 % en la reducción diaria sostenida a escala nacional.
De igual forma, las autoridades de seguridad contabilizan 65,795 pandilleros y el decomiso de 2, 513 armas de fuego, 3,167 vehículos, 15, 693 teléfonos celulares y $3 millones en efectivo.
El pasado15 de marzo, la Asamblea Legislativa aprobó, con 67 votos a favor, una nueva prórroga del régimen de excepción por treinta días más en todo el territorio nacional.
Asimismo, el Gobierno de El Salvador implementó la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), como parte del Plan Control Territorial, la estrategia de seguridad que desde 2019 ha logrado una reducción sostenible e histórica, además de la disminución de otros delitos de alto impacto que por décadas agobiaron a la población honrada.
Hasta el momento, un total de 4,000 terroristas ya fueron trasladados de diferentes penales a la megacárcel situada en Tecoluca, San Vicente.
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Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
