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El Gobierno impone 655 multas al transporte público, de las cuales 373 son por aumentar el pasaje a los usuarios
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Desde que el Gobierno del Presidente Nayib Bukele implementó las 11 medidas económicas para aliviar el bolsillo de los salvadoreños ante la crisis generada por el aumento al costo del petróleo, derivado de la guerra Rusia-Ucrania; la Policía Nacional Civil, en coordinación con el Viceministerio de Transporte (VMT), han impuesto al transporte público de pasajeros 655 multas, de las cuales 373 por aumentar ilegalmente el pasaje.
El viceministro de Transporte, Saúl Castelar, informó qué, en el marco de verificación del cumplimiento de las medidas económicas del Gobierno, han impuesto las multas a motoristas de buses y microbuses del transporte público.
“El transporte colectivo es vital y que las tarifas se mantengan estables es supremamente importante para el Gobierno del Presidente Nayib Bukele. Continuamos en el esfuerzo de verificación y control del comportamiento del cobro de las tarifas del sector del transporte colectivo”, afirmó el titular del VMT.
Entre las 11 medidas económicas que el Gobierno mantiene en vigor para paliar la crisis del petróleo se encuentran la de mantener la tarifa del precio del pasaje. Esto manteniendo el subsidio a los transportistas.
“Vamos a seguir desarrollando esta labor y garantizaremos a los salvadoreños la estabilidad de las tarifas”, reiteró Castelar.
El Presidente Nayib Bukele ha afirmado que su Gobierno podría retornar a la mesa de negociaciones con los transportistas, si cumplen las leyes de la República y cobren a los usuarios de las unidades el tarifario autorizado.
El jefe de Estado ha advertido que su Gobierno no tolerará que se aumente ni siquiera un centavo al costo del pasaje y que las personas que se atrevan a hacerlo, tendrán sanciones administrativas y penales conforme a lo establecido en las leyes de la República.
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La Libertad Norte desarrolla diversos programas sociales
La alcaldía de La Libertad Norte se encuentra desarrollando diversos proyectos sociales en beneficio de la población, aseguró el jefe municipal Jorge Escamilla.
Explicó que algunos de esos proyectos son destinados a las personas de la tercera edad, así como a jóvenes y niños a través de actividades en educación musical y baile. Además, sigue el otorgamiento de becas.
«Uno de los programas sociales es el programa municipal de becas, en el que tengo a cerca de 120 chicos becados, entre jóvenes de bachillerato y universidades privadas. También podemos destacar está la creación de la banda municipal, en donde tenemos un semillero de talentos, y la escuela de ballet que tiene un poco más de 100 niñas formándose. Y las atenciones médicas a domicilio a personas de la tercera edad», detalló Escamilla.
En cuanto al otorgamiento de becas, señaló que muchos jóvenes de bachillerato que son beneficiarios viven en zonas alejadas, por lo que se les brinda apoyo que cubre los pasajes, documentos y alimentación.
Respecto a la escuela de música, explicó que los niños y jóvenes que la integran posteriormente pasan a ser miembros de la banda municipal, en la que «no solamente les enseñamos a hacer sonar un instrumento, sino que les enseñamos solfeo, leer notas musicales».
Con el programa del médico a domicilio se brinda atención a aquellos residentes de La Libertad Norte que ya no pueden salir de casa.
«Tenemos comités de adulto mayor en cada comunidad; ellos identifican casos de vulneración de derechos, que necesitan víveres o que necesitan atención médica», indicó.
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Extienden al 1 de marzo nueva vigencia del régimen especial
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
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Se suscribirá préstamo para educación
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.


