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CUBO de San Miguel podría estar listo a mediados de 2021
El Centro de Bienestar y Oportunidades (CUBO) que se construye en la colonia Milagro de La Paz, del municipio de San Miguel, podría estar concluido a finales del próximo año, informó el director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín.
En total, son 10 los centros que el actual gobierno construye o planifica edificar en diferentes zonas del país, que han sido históricamente marginadas y estigmatizadas.
“Tienen centro de cómputo con máquinas de primera generación e internet, donde puedes ver redes sociales, videos, realizar las tareas”, explicó el funcionario.
Asimismo, los CUBO cuentan con área lúdica, en donde voluntarios cuidan a hijos de madres solteras que están inscritas en los talleres que se imparten dentro de sus instalaciones.
Entre los talleres se encuentran robótica, fotografía, “break dance”, entre otros que permiten desarrollar los conocimientos de los miembros de la comunidad.
Marroquín detalló que cada CUBO requiere de una inversión de medio millón de dólares, destinada a su construcción y equipamiento. El funcionario añadió que como parte del presupuesto 2021 se proyecta más inversiones sociales de este tipo.
Los CUBO son una estrategia de prevención de la violencia que forma parte de la segunda fase del Plan Control Territorial, que es la estrategia de seguridad impulsada por el actual gobierno.
Una pareja fue sorprendida la noche de este viernes realizando actos indebidos en las inmediaciones del centro comercial Metrocentro, en San Salvador.
Según la denuncia difundida en redes sociales, el hecho ocurrió en un horario de alta afluencia, cuando numerosas personas transitaban por la zona tras salir de cenas, actividades religiosas y reuniones familiares.
La situación generó múltiples reacciones entre los usuarios, algunos de los cuales comentaron el incidente con referencias al próximo concierto de Shakira programado para este sábado. No obstante, el suceso provocó molestia e indignación entre quienes se encontraban en el lugar al momento de lo ocurrido.
Un menor de edad falleció y al menos tres personas resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 77 de la carretera que conecta Metapán con Santa Ana, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
En el percance estuvieron involucrados una motocicleta, un vehículo particular y un camión, lo que provocó la restricción parcial del paso vehicular en la zona.
Según el reporte oficial, las personas lesionadas fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica, sin que hasta el momento se haya detallado su condición de salud.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
Coatepeque | 📣Juzgado de paz instala audiencia inicial en contra del alcalde de dicha localidad y su concejo municipal acusados de
⚠️Peculado y
⚠️Negociaciones Ilícitas. pic.twitter.com/fJLwq2zezu— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2019
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.
