Judicial
Condenan a 22 años de prisión a dos peligrosos pandilleros en Ahuachapán
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que un tribunal de dicha ciudad condenara a 22 años de prisión a Gerson Amílcar Vásquez Reyes y Óscar Armando Ramírez Tobar, por el delito de Homicidio Agravado, en perjuicio de Brian Israel Escobar Flores.
El Asesinato ocurrió en el mes de mayo del año 2019, en cantón Guayapa Arriba, del municipio de Jujutla, informó el jefe de la sede fiscal, Cristóbal Hernández.
Según la declaración de un testigo, que presenció el crimen, en horas de la mañana del día señalado, la víctima fue sometida a la fuerza por tres sujetos, quienes lo llevaron a la orilla del río que corre por la zona y posteriormente lo asesinaron.
Durante la vista pública desarrollada en el Tribunal de Sentencia de Ahuachapán, los fiscales del caso en su intervención presentaron las pruebas de tipo periciales, documentales y testimoniales con las cuales comprobó la participación de los dos imputados en el homicidio.
Después de los alegatos de las partes, el tribunal validó toda la evidencia presentada por el ente fiscal, dictando el fallo condenatorio.
En su resolución el juez impuso la pena de 22 años de cárcel para los imputados, quienes además son miembros de una estructura terrorista que operaba en la zona. Un tercer imputado fue sobreseído provisionalmente porque no fue identificado por el testigo bajo régimen de protección.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
