Judicial
CONDENADOS – Pandilleros bajaron a dos sujetos de un bus por ser de zona contraria y los ejecutaron en Cuscatancingo
El Juzgado Especializado de Sentencia “B” condenó a 20 años de prisión a los pandilleros Jonathan Enrique Romero, Héctor Antonio Galdámez, Walter Rolando Aguilar y a Kevin Oswaldo Guevara, acusados del delito de homicidio agravado en perjuicio de dos víctimas.
El falló se absolvieron a 14 imputados, debido a que el testigo con criterio de oportunidad no fue interrogado de la mejor manera, “no pudo dejar claro la funcionalidad de la pandilla, la participación de los sujetos y no pudo establecer una zona de control de esta” acotó la juzgadora.
De lo que si se puedo establecer en el juicio fue dos homicidios, uno ocurrido el 8 de junio del 2016, cuando privaron de su vida a Bryan Flores, porque él no estaba obedeciendo a los pandilleros.
Asimismo, para la juzgadora se logró establecer el hecho cometido el 21 de agosto del 2016, cuando los ahora condenados se subieron a un bus, en Cuscatancingo, San Salvador y al solicitar la documentación a Oscar Morales y Arnoldo Pérez, observaron que era de otra zona, por lo tanto los bajaron y posteriormente los mataron sin mediar palabra.
Finalmente, manifestó que en el hecho ocurrido 5 de abril del 2015, en la Comunidad María Auxiliadora, de Cuscatancingo, sujetos de la pandilla entraron a la casa ubicada en pasaje 6, donde vivía Katherine Yamileth Andrade y sin mediar palabra le empezaron a disparar. A Andrade la mataron porque estaba embaraza de un sujeto que pertenecía a la pandilla contraria, pero no se pudo establecer la participación de los imputados, además dos de los acusados en esa fecha eran menores de edad, por lo cual serán referidos a los juzgados de menores.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.
