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Cansado de los maltratos que recibía, policía amenazó a un superior al que “cuidaba cuando estaba bolo”
Un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) identificado como Torres fue absuelto por un juzgado de los delitos de amenaza que se le atribuían y que se habrían dado durante una discusión que tuvo con el jefe del puesto en el que se encontraba destacado, en la colonia Los Conacastes de Soyapango.
El sargento Baltazar Olaizola Díaz, quien recibió las amenazas, murió decapitado un año después de este episodio; por ese hecho también era sospechoso el agente Torres.
Según la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), el agente Torres era uno de los subalternos que recibía malos tratos de parte del sargento Olaizola Díaz.
Cansado de la forma en como era tratado –a manera de ejemplo mencionó que no podía comer a la hora señalada- el 26 de octubre de 2014, el agente Torres le reclamó por eso, aunque lo hizo en estado de ebriedad, mientras ambos departían.
La Fiscalía señaló que en esa discusión el agente estaba armado y que incuso llegó a sacar el arma para apuntar contra Olaizola y amenazarlo de muerte.
Otro agente que presenció los hechos confirmó la discusión, pero en su testimonio aclaró que nunca hubo tal amenaza.
El imputado reconoció que hizo el reclamo, pero en su defensa también recordó la relación que mantenía con el demandante: “Es cierto que le reclamé por como me trataba y le recordé que estando bolos yo lo cuidaba y lo iba a dejar hasta su casa para que no le pasara nada”.
Luego de la discusión, a Torres le decomisaron su arma de equipo y fue persuadido por otros compañeros para que saliera de la habitación donde estaban y regresara a sus funciones.
El informe del jefe policial fue presentado al ministerio público, que en enero de 2016 inició las investigaciones pertinententes. Paralelo a esto, el agente Torres fue investigado por la Unidad de Asuntos Internos de la corporación, caso del que terminó absuelto.
En ese tiempo el agente pasó a ser parte de la División de Investigaciones de Soyapango y posteriormente fue trasladado a una delegación policial en Morazán, donde está hasta la fecha.
Sospechas por la muerte del sargento
Torres también explicó que el Ministerio Público lo tiene bajo investigación debido a la muerte del sargento Olaizola, ocurrida un año después de las supuestas amenazas.
“También dicen que yo estuve involucrado en la muerte del sargento, que lo encontraron decapitado en Quezaltepeque, pero no es cierto”, se defendió el agente en su declaración.
Según lo informado, el jefe policial fue interceptado por sujetos que lo asesinaron y decapitaron cuando se dirigía rumbo a su casa, en Apopa. Por ese caso fueron juzgados recientemente varios pandilleros y el exalcalde de Apopa, Elías Hernández.
El 5 de octubre de 2015, Olaizola iba en estado de ebriedad y fue desaparecido por un grupo de pandilleros. Un día después, su cabeza fue encontrada en el kilómetro 12 de la carretera de Oro, a la altura de Mejicanos, mientras del cuerpo no hay reportes hasta la fecha. 
La directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina), Linda Amaya, informó en La Entrevista de Noticiero El Salvador que en el 100 % de los casos que han atendido por vulneración a los derechos de la niñez, han buscado la permanencia de los menores de edad en el sistema educativo.
«Durante estos tres años, el 100 % de los casos se ha buscado la restitución de sus derechos, además tienen un seguimiento porque la idea es que deje de haber deserción escolar, no solo es el tema de reincorporar a la educación, sino asegurarnos de que se mantengan dentro del sistema educativo», expresó.
De acuerdo con Amaya, trabajan de manera articulada con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) para dar un seguimiento a los casos de los niños que han sufrido vulneraciones para garantizar su permanencia en las escuelas.
«Es un trabajo que también el Ministerio de Educación lo ha retomado con mucha fuerza y trabajar de manera articulada nos ha permitido ir asegurando seguimientos en esta población», afirmó la titular del Conapina.
Por otra parte, Amaya afirmó que los equipos de la institución han recibido actualizaciones en su formación para fortalecer sus capacidades y dotarlos de herramientas modernas para abordar óptimamente cada caso en el que la niñez salvadoreña se encuentre en riesgo.
«Los equipos del Conapina se han actualizado, hemos contado con el apoyo de organismos que nos han dado herramientas modernas y actuales para poder hacer valoraciones de carácter forense donde ya no te pregunto a ti, pero puedo observar qué es lo que jugás y cómo te expresás para ir determinando si has sido vulnerado», explicó la directora del Conapina.
Amaya recordó que la institución cuenta con 16 juntas de protección a escala nacional y con la línea telefónica gratuita 119 para que los ciudadanos den avisos o denuncien casos de maltratos o abusos a la primera infancia, niñez y adolescencia.
Dos centros educativos del distrito de San Jorge, en San Miguel Oeste, serán renovados con una inversión conjunta que supera los $1.3 millones, como parte del programa nacional de modernización de infraestructura escolar. Las obras corresponden a la Escuela #571, Centro Escolar Cantón Joya de Aventura, y a la Escuela #572, Centro Escolar Caserío El Mogote.
La primera intervención corresponde al Centro Escolar Cantón Joya de Aventura, que atiende a 63 estudiantes desde parvularia hasta básica. El proyecto contempla una inversión de $806,000 para renovar 620 metros cuadrados de infraestructura educativa, bajo la ejecución de la Dirección General de Centros Penales.
Además, se desarrolla la renovación del Centro Escolar Caserío El Mogote, que beneficia a 65 estudiantes y abarca un área de construcción de 412 metros cuadrados. En este caso, la inversión asciende a $535,000.
Las obras en ambos centros incluyen escarificación de paredes para retirar pintura deteriorada, repello y nuevos acabados; nivelación de pisos e instalación de porcelanato de alto tráfico; colocación de ventanas corredizas tipo francesa y sustitución de puertas por modelos metálicos. Asimismo, se renovará la red eléctrica con iluminación LED y ventiladores en cada aula, además de mejoras en los sistemas hidrosanitarios.
El proyecto también contempla obras exteriores como andenes, canchas deportivas, espacios lúdicos y jardines, además de la dotación de mobiliario para estudiantes y docentes, juegos didácticos y áreas de cocina, con el objetivo de garantizar instalaciones modernas, seguras y funcionales para la comunidad educativa.
El uso correcto del sistema de retención infantil (SRI) reduce el riesgo de muerte y de lesiones graves en niños, ya que en el caso de un accidente protege zonas vulnerables, especialmente la cabeza, el cuello y la columna. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los traumatismos por accidentes de tránsito son la principal causa de muerte de niños y jóvenes a escala mundial.
En ese sentido, la directora del Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat), Bessy Guzmán, destacó que los SRI reducen hasta un 71 % el riesgo de muerte. Asimismo, el Gobierno salvadoreño ha sumado esfuerzos para impulsar una estrategia nacional de seguridad vial infantil para reducir los índices de siniestralidad.
«Actualmente nos encontramos en el Decenio de Acción para la Seguridad Vial [2021–2030], el cual busca reducir la siniestralidad vial y la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito a la mitad. Medidas como usar el cinturón de seguridad, la utilización de cascos certificados y de los sistemas de retención infantil están encaminadas a ayudarnos a llegar a esa reducción», dijo Guzmán.
Desde el Viceministerio de Transporte (VMT) y el Fonat se ejecutan medidas preventivas para garantizar la seguridad vial de los niños. Entre estas destacan capacitaciones sobre el uso de las SRI, la conformación de comités de seguridad vial en centros escolares y la intervención de conductores y peatones sobre la movilidad segura en las calles y carreteras. Asimismo, trabajan en la toma de conciencia sobre la importancia de usar correctamente estos sistemas en el vehículo.
A partir de diciembre de 2025, en El Salvador usar el SRI es obligatorio. Como pasajeros de vehículos, los menores de 12 años no podrán viajar en el asiento delantero, mientras que los niños menores de cinco años deben ser trasladados en un SRI de acuerdo con su peso y estatura.
El incumplimiento de esta normativa se considera una falta muy grave y se sancionará con una multa de $150. Para garantizar la seguridad de los menores de edad, el Fonat recomienda no poner en marcha el vehículo antes de que todos los ocupantes tengan puesto el cinturón de seguridad y los niños estén colocados en el SRI.
De igual manera, ningún ocupante puede tomar bebidas calientes en el carro, ya que podría lesionar a los niños en un choque o un frenado brusco.
«Los sistemas de retención infantil no deben utilizarse si ya han sido parte de un siniestro vial o si alguna de sus piezas ha caducado; vea la fecha de vencimiento en la parte de atrás», indicó el Fonat
