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Cansado de los maltratos que recibía, policía amenazó a un superior al que “cuidaba cuando estaba bolo”
Un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) identificado como Torres fue absuelto por un juzgado de los delitos de amenaza que se le atribuían y que se habrían dado durante una discusión que tuvo con el jefe del puesto en el que se encontraba destacado, en la colonia Los Conacastes de Soyapango.
El sargento Baltazar Olaizola Díaz, quien recibió las amenazas, murió decapitado un año después de este episodio; por ese hecho también era sospechoso el agente Torres.
Según la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), el agente Torres era uno de los subalternos que recibía malos tratos de parte del sargento Olaizola Díaz.
Cansado de la forma en como era tratado –a manera de ejemplo mencionó que no podía comer a la hora señalada- el 26 de octubre de 2014, el agente Torres le reclamó por eso, aunque lo hizo en estado de ebriedad, mientras ambos departían.
La Fiscalía señaló que en esa discusión el agente estaba armado y que incuso llegó a sacar el arma para apuntar contra Olaizola y amenazarlo de muerte.
Otro agente que presenció los hechos confirmó la discusión, pero en su testimonio aclaró que nunca hubo tal amenaza.
El imputado reconoció que hizo el reclamo, pero en su defensa también recordó la relación que mantenía con el demandante: “Es cierto que le reclamé por como me trataba y le recordé que estando bolos yo lo cuidaba y lo iba a dejar hasta su casa para que no le pasara nada”.
Luego de la discusión, a Torres le decomisaron su arma de equipo y fue persuadido por otros compañeros para que saliera de la habitación donde estaban y regresara a sus funciones.
El informe del jefe policial fue presentado al ministerio público, que en enero de 2016 inició las investigaciones pertinententes. Paralelo a esto, el agente Torres fue investigado por la Unidad de Asuntos Internos de la corporación, caso del que terminó absuelto.
En ese tiempo el agente pasó a ser parte de la División de Investigaciones de Soyapango y posteriormente fue trasladado a una delegación policial en Morazán, donde está hasta la fecha.
Sospechas por la muerte del sargento
Torres también explicó que el Ministerio Público lo tiene bajo investigación debido a la muerte del sargento Olaizola, ocurrida un año después de las supuestas amenazas.
“También dicen que yo estuve involucrado en la muerte del sargento, que lo encontraron decapitado en Quezaltepeque, pero no es cierto”, se defendió el agente en su declaración.
Según lo informado, el jefe policial fue interceptado por sujetos que lo asesinaron y decapitaron cuando se dirigía rumbo a su casa, en Apopa. Por ese caso fueron juzgados recientemente varios pandilleros y el exalcalde de Apopa, Elías Hernández.
El 5 de octubre de 2015, Olaizola iba en estado de ebriedad y fue desaparecido por un grupo de pandilleros. Un día después, su cabeza fue encontrada en el kilómetro 12 de la carretera de Oro, a la altura de Mejicanos, mientras del cuerpo no hay reportes hasta la fecha. 
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Javier Milian, Presidente de LNB
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El Juzgado Octavo de Paz de San Salvador condenó a diez años de prisión, en un juicio sumario, a Elías Candelario Crespín López, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, en perjuicio de la paz pública.
El reporte oficial detalla que, en noviembre del año pasado, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron alertados de que, sobre la 8a. Avenida Norte y 1a. Calle Oriente de San Salvador, en un microbús de la ruta 11, se transportaba un hombre con arma de fuego. Al ser intervenido, fue identificado como Elías Candelario Crespín, quien portaba un revólver calibre 38, con seis cartuchos.
Al solicitarle la documentación del arma de fuego, Elías Candelario pudo demostrar la legalidad, razón por la cual fue detenido.
La Fiscalía informó que en la vista pública se comprobó la culpabilidad del procesado a través de la prueba documental, pericial y testimonial incorporada durante la investigación sumaria.
En octubre de 2025, Pedro Héctor Rosa Cruz fue condenado a 10 años y seis meses de prisión por los delitos de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego y disparo de arma de fuego.
El 4 de febrero de 2025, el imputado se encontraba frente a su casa, junto a otras personas, en la lotificación El Trapiche, en el distrito de Guazapa, San Salvador. Al lugar llegó una patrulla con agentes policiales que habían recibido informes de varios disparos en la zona. Pedro Héctor, que se encontraba en estado de ebriedad, entregó el arma de la cual no tenía permiso y fue puesto en detención.
Armando Cárcamo Andrade fue condenado a 27 años de prisión por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador por el delito de homicidio agravado en perjuicio de José Dimas Flores. Asimismo, el tribunal libró la respectiva orden de captura por ser imputado rebelde.
El reporte oficial da cuenta que el hecho ocurrió en horas de la madrugada del 9 de septiembre de 2021, en el distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este. El cuerpo sin vida fue encontrado por una persona que hacía labores de limpieza, quien ingresó a la vivienda al notar que el portón se encontraba entreabierto y que el vehículo de la víctima no estaba en el lugar.
La persona continuó con sus labores y, al pasar a la habitación, observó a Dimas en una hamaca, al acercarse notó que presentaba heridas en el rostro y el cuello, además de que el cuarto estaba desordenado. Uno de los testigos declaró que la víctima había llegado tres días antes del crimen junto a su agresor y que ambos estuvieron departiendo.
Durante el juicio se demostró que la activación de las antenas del teléfono celular de la víctima fue ubicada en la residencia de Cárcamo Andrade, quien además se llevó el vehículo de la víctima hacia su vivienda, situada en el departamento de La Unión, detalló la Fiscalía.
En otro caso, el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca condenó a 30 años de prisión a Juan José Díaz Salinas, integrante de la Mara Salvatrucha por el homicidio de un agente de la PNC en septiembre de 2017.
Según la investigación fiscal, el imputado mató a la víctima en un área rural del distrito de San Pedro Masahuat, La Paz; el agente estaba de licencia y se transportaba en su bicicleta cuando Salinas y otros imputados le salieron al paso y, sin mayor discusión, comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en ese lugar.
Además de la pena de prisión, Cárcamo Andrade debe pagar $2,500 en concepto de responsabilidad civil.
Actualmente Díaz Salinas cumple penas de prisión, entre otros hechos, por haber asesinado a una mujer en 2017 y por participar en el asesinato de un miembro de su estructura en el 2018, acciones que también fueron cometidas en la jurisdicción del departamento de La Paz.
