Nacionales
Cansado de los maltratos que recibía, policía amenazó a un superior al que “cuidaba cuando estaba bolo”
Un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) identificado como Torres fue absuelto por un juzgado de los delitos de amenaza que se le atribuían y que se habrían dado durante una discusión que tuvo con el jefe del puesto en el que se encontraba destacado, en la colonia Los Conacastes de Soyapango.
El sargento Baltazar Olaizola Díaz, quien recibió las amenazas, murió decapitado un año después de este episodio; por ese hecho también era sospechoso el agente Torres.
Según la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), el agente Torres era uno de los subalternos que recibía malos tratos de parte del sargento Olaizola Díaz.
Cansado de la forma en como era tratado –a manera de ejemplo mencionó que no podía comer a la hora señalada- el 26 de octubre de 2014, el agente Torres le reclamó por eso, aunque lo hizo en estado de ebriedad, mientras ambos departían.
La Fiscalía señaló que en esa discusión el agente estaba armado y que incuso llegó a sacar el arma para apuntar contra Olaizola y amenazarlo de muerte.
Otro agente que presenció los hechos confirmó la discusión, pero en su testimonio aclaró que nunca hubo tal amenaza.
El imputado reconoció que hizo el reclamo, pero en su defensa también recordó la relación que mantenía con el demandante: “Es cierto que le reclamé por como me trataba y le recordé que estando bolos yo lo cuidaba y lo iba a dejar hasta su casa para que no le pasara nada”.
Luego de la discusión, a Torres le decomisaron su arma de equipo y fue persuadido por otros compañeros para que saliera de la habitación donde estaban y regresara a sus funciones.
El informe del jefe policial fue presentado al ministerio público, que en enero de 2016 inició las investigaciones pertinententes. Paralelo a esto, el agente Torres fue investigado por la Unidad de Asuntos Internos de la corporación, caso del que terminó absuelto.
En ese tiempo el agente pasó a ser parte de la División de Investigaciones de Soyapango y posteriormente fue trasladado a una delegación policial en Morazán, donde está hasta la fecha.
Sospechas por la muerte del sargento
Torres también explicó que el Ministerio Público lo tiene bajo investigación debido a la muerte del sargento Olaizola, ocurrida un año después de las supuestas amenazas.
“También dicen que yo estuve involucrado en la muerte del sargento, que lo encontraron decapitado en Quezaltepeque, pero no es cierto”, se defendió el agente en su declaración.
Según lo informado, el jefe policial fue interceptado por sujetos que lo asesinaron y decapitaron cuando se dirigía rumbo a su casa, en Apopa. Por ese caso fueron juzgados recientemente varios pandilleros y el exalcalde de Apopa, Elías Hernández.
El 5 de octubre de 2015, Olaizola iba en estado de ebriedad y fue desaparecido por un grupo de pandilleros. Un día después, su cabeza fue encontrada en el kilómetro 12 de la carretera de Oro, a la altura de Mejicanos, mientras del cuerpo no hay reportes hasta la fecha. 
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha reestructurado su operatividad institucional de cara a las elecciones de presidente de la república, diputados y concejos municipales que se realizarán el 28 de febrero de 2027.
Para tal efecto, el organismo colegiado ha creado 10 comisiones multidisciplinarias de trabajo que desarrollan funciones administrativas, operativas, logísticas, jurídicas y de planeación, según se detalla en la memoria de labores 2024-2025.
Como parte de los grupos de trabajo está la Comisión de Seguimiento I del Plan General de Elecciones [PLAGEL] 2027, cuya función es la de «dar seguimiento a la elaboración de los programas en el ámbito de sufragio en el territorio nacional y sufragio en el extranjero».
Estos programas incluyen la elaboración del Plan General de Seguridad Electoral, la inclusión e igualdad electoral, el cierre del registro electoral y generación de padrones, información y atención de consulta ciudadana, capacitación electoral, organización y logística electoral, soporte de escrutinio de la Junta Receptora de Voto (JRV).
También incluye la transmisión, procesamiento y divulgación de resultados electorales preliminares [Sistema para voto electrónico y transmisión de resultados electorales preliminares] y escrutinio final.
Esta comisión es integrada por Roxana Soriano, presidenta del TSE, una magistrada propietaria y dos suplentes.
La obligatoriedad de crear e integrar estas comisiones está normado en el artículo 50 del Código Electoral, para los fines que la institución designe, es decir, administrativo, operativo, logístico, jurídico y de planeación, «conforme sea requerido para la óptima gestión de la administración pública».
En lo relativo siempre a las elecciones, fue creada la Comisión de Seguimiento II y III del PLAGEL y la Comisión Organizadora de este plan, entre otras.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que más de $7,000 que fueron decomisados a pandilleros pasen al Estado.
Durante la audiencia de sentencia, la representación fiscal logró comprobar que los $7,087 incautados a tres pandilleros de la MS en un procedimiento realizado el 2 de julio de 2019 en San Salvador procedían de actividades ilícitas.
«Se demostró que ese dinero procedía de diversos delitos de maras o pandillas en virtud de que se encontró manuscritos de diferentes aportaciones de las diversas clicas de El Salvador, utilizado para financiar actividades ilícitas» explicó el fiscal del caso, al concluir la audiencia.
El monto fue decomisado a Santos Elías Guardado Flores, William Arnoldo Hernández Navidad y José Luis González Villalobos, quienes no lograron justificar la procedencia legal de los fondos.
Semanas atrás, el mismo juzgado resolvió que otros $30,000 pasaran al Estado por estar relacionados directamente a la actividad delictiva de agrupaciones ilícitas.
El dinero fue incautado el 2 de enero de 2023 a Kevin Eduardo Castillo Mejía en la residencial Ciudad Versalles, en San Juan Opico, La Libertad. El detenido tenía registro criminal por pertenecer a grupos criminales.
Julio César Hernández Magaña, acusado del delito de homicidio culposo por presunta mala praxis, es enjuiciado por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
La acusación fiscal detalla que Hernández Magaña realizó un procedimiento quirúrgico inadecuado el 24 de junio del 2022, en su clínica ubicada en colonia Escalón, San Salvador Centro.
«La mujer habría sido sometida a tres cirugías en un lapso de seis horas en el quirófano; posteriormente se le dio el alta y no habría recibido la vigilancia médica requerida después de las intervenciones», explicó el ministerio público.
La víctima falleció seis días después de las cirugías, el 30 de junio 2022 en su casa de habitación ubicada en Lourdes Colón, La Libertad Oeste.
Durante el juicio, la Fiscalía asegura que presentará suficiente prueba documental, pericial, testimonial que determinan la responsabilidad del imputado y ha pedido al tribunal que se haga justicia y que le aplique la pena máxima de cárcel por ese delito y también una condena civil.
