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Bomberos efectúa jornadas educativas en centros escolares enmarcadas en Ley Crecer Juntos
El personal de Bomberos llevó a cabo las jornadas educativas dirigidas a los alumnos y al personal docente del Colegio Ridván, en el cantón Lourdes, municipio de Colón, en el departamento de La Libertad, en el Centro Escolar Doctor Doroteo Vasconcelos, Ayutuxtepeque, en San Salvador.
Todos los alumnos y el personal docente disfrutaron de un momento lúdico en el que conocieron los diferentes servicios que brinda dicha institución.
“La acción está enmarcada en la Ley Crecer Juntos, que es la guía para la formación integral de las nuevas generaciones que lidera la Primera Dama de la República, Gabriela de Bukele”, indicó el Cuerpo de Bomberos.
Esta es una forma didáctica en la que el personal del Cuerpo de Bomberos demuestra todo el trabajo que ejecuta diariamente en beneficio de la población y además, prepara a los estudiantes y profesores para actuar de manera preventiva en el control y extinción de incendios.
“Con esta acción buscamos que la comunidad educativa conozca cuál es el trabajo que ejecutamos día a día en la atención de emergencias y prepararlos para actuar en caso de algún percance”, resaltó el Cuerpo de Bomberos.
El Gobierno no solo prepara a la población de los centros escolares en técnicas para enfrentar un incendio, sino a la población en general. Recientemente personal de Bomberos durante una jornada de Activación Territorial en la Urbanización Las Margaritas, Soyapango, compartió un momento lúdico y de capacitación con los habitantes de esa zona.
El Gobierno, mediante la Activación Territorial, acerca los diferentes servicios del Estado a la población.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
Un aparatoso accidente de tránsito se registró este jueves en el distrito de San Miguel, cuando un microbús que circulaba a excesiva velocidad se estrelló contra el muro perimetral de una vivienda en la zona de Chirilagua.
El siniestro fue captado por la cámara de seguridad de la propiedad afectada, y en las imágenes se observa cómo el vehículo se aproxima a gran velocidad antes de impactar violentamente contra la estructura.
Según testigos, el microbús trasladaba a varios maestros que se dirigían hacia el centro escolar donde laboran. Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales, pero las autoridades investigan las causas del accidente y si hubo personas lesionadas.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
