Nacionales
Asamblea Legislativa habría invadido funciones del Ejecutivo al obligar el pago de pensiones para exempleados de ANTEL, advierte la Sala
Los diputados de oposición aprobaron un decreto para obligar al Gobierno a pagar una pensión estimada en $2,800 a los extrabajadores de la empresa pública de telecomunicaciones, ANTEL. Pero, en el proceso de aprobación, los legisladores omitieron los principios constitucionales e invadieron las funciones del Ejecutivo.
Así lo determinó la Sala de lo Constitucional cuando admitió la contorversia entre el Ejecutivo y el Legislativo por el referido decreto, con la referencia 810/2021. “La admisión tendrá por finalidad determinar si el D.L. no 810/2021 transgrede los principios de planificación y equilibrio en materia presupuestaria (art. 226), debido a que la Asamblea Legislativa habría creado un gasto de manera inconsulta con el Órgano Ejecutivo en el ramo de Hacienda, a quien por atribución constitucional le corresponde dirigir las finanzas públicas, lo que generaría un desequilibrio en el presupuesto general del Estado para el presente año”, consigna el texto de la resolución.
En términos sencillos, los legisladores responsables de esta maniobra se saltaron los procesos que la Constitución ordena seguir. El administrador de las finanzas públicas es el Ejecutivo, y si los legisladores quieren agregar un gasto nuevo, por obligación tienen que consultar al Ministerio de Hacienda. Sin embargo, para el caso de las pensiones de los extrabajadores de ANTEL no lo hicieron. Pero aún, trataron de sumar un gasto adicional sin proponer ninguna fuente de ingresos que lo cubra, con lo que distorsionan el presupuesto nacional de este año.
La Sala trabajará en resolver la controversia y ha dado 10 días hábiles para escuchar al Presidente de la República. También conocerán los argumentos de las otras partes involucradas.
La venta y privatización de ANTEL ocurrió entre 1998 y el año 2000, al juntar todos los procesos administrativos. El FMLN tuvo mayoría legislativa dos veces y dirigió el Ejecutivo, también, durante dos períodos. En ningún momento se interesaron por los extrabajadores de dicha entidad. Fue hasta que ya quedaban pocos meses para la campaña electoral que el partido de pseudo izquierda presentó la iniciativa de ley que dio origen a este decreto 810, aprobado con múltiples irregularidades.
Un aparatoso accidente de tránsito se registró este mediodía en Tecoluca, departamento de San Vicente, cuando dos vehículos particulares colisionaron en una de las carreteras más transitadas de la zona, según informaron las autoridades.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar para procesar la escena y determinar la responsabilidad de los conductores involucrados.
De manera preliminar, se presume que la excesiva velocidad habría sido una de las causas del percance. Hasta el momento, no se ha confirmado si hubo personas lesionadas o fallecidas.
La vela de un motociclista que falleció ayer lunes en un accidente sobre la carretera que de El Rosario conduce a Jujutla, en Ahuachapán, fue interrumpida por el pastor José Alberto Serrano, de la Iglesia Pentecostal Unida en Copinulapa.
De acuerdo con familiares de la víctima, el líder religioso se molestó porque feligreses de otra congregación solicitaron realizar un culto adicional al fallecido dentro del templo. Ante ello, el pastor expresó que “con un culto bastaba” y, en un momento de ira, ordenó suspender la vela.
Los asistentes tuvieron que sacar el ataúd bajo la lluvia y trasladarlo a una vivienda cercana, facilitada por un vecino, mientras cubrían el féretro con sacos. La situación ha generado indignación en la comunidad por la actitud del pastor.
La Policía Nacional Civil (PNC) fue alertada del hecho y acudió al lugar para intervenir.
Nacionales
Autoridades destruyen más de 10 toneladas de cigarrillos decomisados en el marco del Plan Anticontrabando
El Gobierno del presidente Nayib Bukele continúa combatiendo las estructuras criminales que afectan las finanzas públicas a través del contrabando. Este martes, las autoridades informaron sobre la destrucción de 7,618,040 unidades de cigarrillos, equivalentes a 10.28 toneladas, con un valor aproximado de 2.1 millones de dólares en impuestos, almacenaje y multas.
El anuncio fue hecho por el ministro de Hacienda, Jerson Posada; el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro; el director general de Aduanas, Benjamín Mayorga; y el fiscal adjunto para la Defensa de los Intereses del Estado, Jonathan Mata. Posada enfatizó que la acción envía “un mensaje claro y firme: en el nuevo El Salvador el crimen no tiene espacio y la ley se respeta”.
La destrucción de los cigarrillos se llevó a cabo en la planta Geocycle, en Metapán, Santa Ana, mediante un proceso ambientalmente seguro.
Esta medida forma parte del Plan Anticontrabando liderado por la Dirección General de Aduanas, que ha permitido importantes decomisos en puntos fronterizos no habilitados y rutas fiscales.
Según Posada, el comercio ilícito de cigarrillos daña a consumidores, comercios legales e industrias establecidas, además de desestabilizar los mercados y generar competencia desleal. La Dirección General de Aduanas continuará ejecutando operativos en coordinación con la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y la Fiscalía General de la República para prevenir y combatir el contrabando y otros ilícitos aduaneros.
