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Arlyn Rivas presenta escrito para evitar expulsión de ARENA
La concejala de ARENA de la alcaldía de San Salvador, Arlyn Rivas, presentó este viernes al Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) un segundo escrito para anular su proceso de expulsión de dicho partido político tras denunciar anomalías y maltrato del edil, Ernesto Muyshondt.
Rivas presentó esta mañana el escrito ante el Tribunal de Primera Instancia del COENA en esta capital para pedir la nulidad del proceso en su contra.
«Yo lo atribuyo al tema de poder estar señalando dentro del Concejo Municipal la mala administración de Muyshondt”, respondió Rivas a la prensa tras ser consultada sobre las medidas tomadas por el COENA.
Arlyn Rivas explicó en su cuenta de Twitter que presentó un segundo escrito “ante El Tribunal de Primera Instancia de ARENA, en el que solicito se dé por anulado el proceso de expulsión iniciado”.
Denunció que no se le notificó “los motivos que llevaron a interponer esta denuncia al presidente del COENA… es una clara violación al debido proceso”.
“Solicito se dé inicio a un nuevo proceso basado en la misma denuncia y en el cual se me garantice mi derecho a conocer los motivos y así poder presentar las respectivas pruebas”, señaló.
Por otra parte dijo estar “completamente segura que no he faltado a ninguna de las causales establecidas en el Art 134 de los estatutos del partido: Sé que este proceso obedece a un intento de querer callarme y que no denuncie las irregularidades de la administración del alcalde Muyshondt”, añadió la concejala de ARENA.
Rivas acusó públicamente al alcalde capitalino de acoso y discriminación política por no acceder a tapar los actos de corrupción dentro de la comuna y señaló que a pesar de eso seguirá “trabajando en el territorio. Mi trabajo por los capitalinos no para. ¡Los buenos servidores públicos somos más!”, agregó.
De acuerdo con Rivas, la diferencia con el jefe edilicio es por la falta de transparencia en la gestión capitalina y que la llevó a votar en contra de algunas iniciativas municipales, que no iban en beneficio de los capitalinos, y comenzó a cuestionar su comportamiento dentro del concejo municipal.
“En el tiempo en que fungí como directora de la Dirección para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos, llegué a poner orden y así, terminar con una etapa de corrupción del anterior director”, explicó Rivas.
Dijo que “estas decisiones han tenido como consecuencia de que el alcalde no me llevara en la planilla para su reelección y además, mi destitución sin explicación alguna de la Dirección ejecutiva de la Dirección para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos”, explicó Rivas.
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Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
