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ARENA y FMLN insisten en obtener más información sobre los préstamos pendientes
Los partidos ARENA y FMLN exigen más detalles sobre cómo se utilizarán los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial, antes de terminar de autorizarlos. Pero el Ministerio de Hacienda (MH) insiste en que ya se ha entregado toda la información que solicitan.
Son cuatro paquetes que suman $570 millones en préstamos. Un grupo de diputados de la Comisión de Hacienda continúan pidiendo detalles acerca del uso que se hará de ese dinero, a pesar de que Hacienda ha estado enviando informes desde hace más de dos meses. Durante una de las reuniones entre los diputados de la mencionada comisión y las autoridades del ministerio, los legisladores incluso recibieron los decretos que ya consignan los destinos de esos fondos.
“Se les ha entregado (la información que solicitan), en varias ocasiones, a la Comisión de Hacienda”, dijo el titular del Ministerio de Hacienda (MH), Alejandro Zelaya.
Estos $570 millones van dirigidos para fortalecer la atención en salud pública, responder a la emergencia sanitaria y proveer apoyos económicos a los sectores afectados por la pandemia. También va incluido un componente para financiar tres meses de pensiones para los veteranos y excombatientes de la guerra civil.
Los diputados buscan profundizar en aspectos técnicos que, de acuerdo al ministro Zelaya, se adelanta al debido proceso de formación de ley: la asignación presupuestaria -con sus líneas y sus rubros- se construye hasta que el préstamo pasa por la tercera ronda de votación. “Así ha sido siempre. Es la lógica de la formulación presupuestaria y de la aprobación de deuda pública. No puede ser de otra forma”, enfatizó Zelaya.
“Los diputados lo saben. Han estado aprobando préstamos por años”, comentó también el ministro de Hacienda.
Del total de créditos pendientes, $550 millones los prestó el BID y están distribuidos en tres paquetes diferentes. Los tres tienen dos rondas de votación pendientes antes que se puedan desembolsar. Entre esos tres está un paquete de $250 millones que, si no supera estas dos rondas de votación para el 31 de julio, el BID lo retirará y lo pondrá a disposición de otros países. Este punto en particular ya lo conocían los diputados desde el 18 de mayo.
El otro es un préstamo del Banco Mundial por $20 millones, también para salud pública, que ya solo tiene pendiente la tercera ronda de votación.
El Presidente Nayib Bukele ha criticado con dureza la actitud de los diputados de retrasar las votaciones, porque afectará a todos los beneficiarios de los fondos.
Federico Anliker, presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), lamentó que haya grupos en la Asamblea Legislativa que se dediquen a obstaculizar las acciones del Presidente Nayib Bukele frente a la pandemia. “Ya no es un tema en contra del Presidente Bukele. No es un tema en contra del Gobierno. Es un tema en contra de la población salvadoreña. Los diputados se están comportando como unos enemigos de la patria. Como unos traidores de la patria”, criticó.
Durante las primeras horas del viernes 31 de julio, los diputados no habían comenzado a discutir el tema.
La Policía Nacional Civil informó que un hombre murió y una mujer resultó lesionada tras un accidente de tránsito ocurrido en la carretera Litoral, en las cercanías del cantón La Havillal, distrito de San Miguel.
Según el reporte preliminar, en el hecho estuvieron involucrados un camión de volteo y un vehículo particular. El impacto provocó la muerte inmediata del conductor del automóvil, mientras que su acompañante fue trasladada a un centro asistencial.
Debido al siniestro, el paso en la zona permanece habilitado únicamente en un carril. Agentes de la PNC se mantienen en el lugar para orientar el tráfico.
La División de Tránsito junto a elementos del Cuerpo de Bomberos realizan la inspección correspondiente para esclarecer la causa del accidente, cuyos detalles serán ampliados en las próximas horas.
Principal
MOP avanza en la construcción de una nueva obra de paso para restaurar la conectividad en Villa Lourdes
El Ministerio de Obras Públicas (MOP), ejecuta trabajos en el sector de Villa Lourdes, en el distrito de Colón, La Libertad Oeste, para devolver la conectividad a miles de familias afectadas por el colapso de un puente a causa de las lluvias recientes en junio pasado.
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, supervisó a principios de noviembre el avance de las obras, donde explicó que inicialmente se colocó una pasarela provisional para garantizar el paso peatonal mientras se construye una nueva estructura de paso. “Hay rutas alternas habilitadas para el tránsito vehicular, mientras se desarrollan los trabajos en la zona”, indicó el funcionario.
Rodríguez detalló que el terreno presentaba condiciones fangosas, por lo que se realizó una excavación de dos metros de profundidad y un enrocado de piedra para estabilizar el área. Además, se retiraron los escombros y materiales arrastrados por las lluvias.
La nueva obra de paso, que tendrá aproximadamente 28 metros de longitud, contará con una doble caja de concreto y será más resistente ante eventos climáticos. “El avance de los trabajos supera el 10%, más de lo que estaba programado. El plazo para culminar la obra es a mediados del próximo año, pero haremos todo lo posible por finalizar antes del invierno”, aseguró el ministro.
La inversión asciende a más de un millón de dólares y beneficiará directamente a más de 10,000 familias de comunidades como Guarumal, Campos Verdes 1 y 2, y Villa Lourdes.
“Vamos a devolverle la conectividad a las familias de Villa Lourdes y se hará todo lo posible para que pronto el proyecto esté 100% terminado”, manifestó el ministro de Obras Públicas.
Los titulares de la Corte de Cuentas de la República (CCR) y del Consejo Nacional de Calidad (CNC) suscribieron un Convenio Interinstitucional con la finalidad de promover y fortalecer la cultura organizacional, la transparencia y buenas prácticas en la labor que realiza la Entidad Fiscalizadora
Superior.
La firma del instrumento legal estuvo a cargo del Presidente de la CCR, Walter Salvador Sosa Funes y de la Ministra de Economía, María Luisa Hayem Brevé, en su calidad de Presidenta del CNC.
La suscripción se llevó a cabo en el Centro de Instrucción y Capacitación (CINCAP) de este Organismo
Superior de Control.
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Desde abril anterior la Corte de Cuentas tiene en marcha el Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS), encargado de implementar una cultura antisoborno en los procesos de auditoría, jurisdiccionales y administrativos, bajo estándares internacionales.
En similar forma, para cumplir con sus atribuciones, el CNC cuenta con el Sistema Salvadoreño para la Calidad y éste, dentro de su estructura, con el Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN), que será el ente encargado de brindar la certificación a la CCR.
“Esta acción reafirma el compromiso de trabajar con otras instituciones del Estado para servir mejor a los salvadoreños; más allá de los aspectos que enmarca el convenio, este es un paso histórico para la institución, pues el Organismo Salvadoreño de Normalización certificará nuestro Sistema de Gestión Antisoborno conforme a la Norma Internacional ISO 37001:2016”, manifestó el Presidente Sosa Funes, en la apertura del acto.
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Entre los beneficios de esta Certificación Antisoborno ISO 37001, están: el reforzamiento de la confianza pública, adopción de mejores prácticas internacionales, fortalecimiento y formalización de los controles internos, promoción de una cultura organizacional de integridad, cumplimiento con obligaciones nacionales e internacionales, mayor eficiencia y transparencia institucional, reconocimiento oficial del Organismo Salvadoreño de Normalización, relacionamiento más transparente con instituciones auditadas y la proyección estratégica a futuro.
En el documento se remarca que por mandato constitucional la CCR es el ente fiscalizador de la Hacienda Pública y rector del Sistema Nacional de Control y Auditoría de la Gestión Pública. “En ese marco considera indispensable establecer e impulsar buenas prácticas institucionales orientadas a
fortalecer la transparencia, la ética pública y el buen gobierno”.
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