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Antes de ser emboscado y asesinado por pandilleros, policía celebraba que su hija iba a iniciar una carrera universitaria
Antes de ser emboscado y asesinado por pandilleros, el policía Carlos Antonio Flores Martínez, de 41 años de edad, destacado en la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO), celebraba que su hija iba a iniciar una carrera universitaria este año.
Flores Martínez andaba muy contento, pues la hija que había procreado con su esposa iba a estudiar en una universidad capitalina, pero su sueños de verla coronar una carrera fueron truncados después de ser asesinado por supuestos miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) en la lotificación Miraflores, municipio de San Luis Talpa, departamento de La Paz, la mañana del lunes 14 de enero.
Según lo manifestado por una fuente policial, antes de las 6:00 de la mañana el agente salió de su casa con una mochila en su hombro caminando por una calle de polvo que lo conduciría a la calle principal para tomar el transporte colectivo que lo llevaría hacia San Salvador. Luego tomaría otro bus que lo llevaría a su trabajo.
Había caminado aproximadamente tres cuadras en esa calle rural, llena de cercos, arbustos y árboles. Y fue justo en ese momento cuando fue emboscado por un grupo de al menos cuatro sujetos armados.
«Venía de su casa e iba para su trabajo. Iba en un callejón hacia el oriente, pero ya lo estaban esperando y cuando lo vieron le dispararon», explicó la fuente policial.
El agente de la DECO recibió varios balazos de fusiles. Presentaba heridas en el costado izquierdo que le quitaron la vida inmediatamente.
Vestía una camisa tipo Polo de rayas azules con rojas, un pantalón de lona tipo jeans y unos zapatos negros deportivos. Además, portaba una mochila, donde presuntamente llevaba su arma de equipo, la cual no pudo sacar a tiempo para repeler el ataque.
En el lugar donde ocurrió el crimen, se realizó un fuerte operativo en donde participaron elementos de la Sección Táctica Operativa (STO), soldados y otros miembros de unidades policiales.
«Se detuvieron algunas personas, pero de momento no se puede determinar si tuvieron participación en la muerte del agente», sostuvo la fuente policial consultada por este medio.
En cuanto a si anteriormente ya había sido amenazado o estaba siendo vigilado, la fuente aclaró que todos los agentes por su condición de ser policías corren siempre un peligro inminente ante los ataques de las pandillas.
Entre 20 a 21 años de servicio en la PNC
El agente Flores, con ONI 16904, tenía entre 20 a 21 años de servicio dentro de la Policía Nacional Civil (PNC) y una basta experiencia en cuanto a la operatividad.
Antes de estar en la DECO, estuvo en la delegación de la Paz, también en Investigaciones y fue parte de la extinta Unidad Táctica Operativa (UTO). Además, estuvo destacado en la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).
«Era buena persona y bien educado; estaba casado y fue considerado como un buen elemento policial», detalló la fuente. Lamentó que un agente tan preparado y con un gran espíritu de servicio haya perdido la vida a manos de delincuentes.
«Hacerles un llamado a los delincuentes y decirles que van a responder por los hechos que cometen contra la población y a los agentes en el cumplimiento del deber. Van a tener su paga», sentenció la fuente.
Con esta nueva baja, la Policía suma dos agentes caídos en el cumplimiento del deber; además un empleado administrativo también ha sido asesinado en el comienzo del 2019.
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Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
