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ANEP pide a los diputados aprobar los fondos del fideicomiso que el Gobierno diseñó
La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), que representa a las cúpulas empresariales, se unió al llamado para que los diputados aprueben el fideicomiso dirigido a las mipymes y que fue diseñado por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele.
En abril, el Gobierno diseñó y envió para aprobación la ley que constituyó al FIREMPRESA, un instrumento financiero destinado a impulsar la recuperación de las mipymes, formales e informales, así como a la protección del empleo.
La ley está aprobada, pero los diputados no han aprobado los fondos para echarlo a andar. En cuanto a esta autorización, ya llevan siete meses de retraso.
“Nos parece también importante que los diputados aprueben los dineros que están en las leyes mencionadas y que el fideicomiso comience a operar”, dijo Waldo Jiménez, gerente de Asuntos Económicos en la ANEP, durante una entrevista matutina.
Los fondos que ha identificado el Ejecutivo para respaldar el FIREMPRESA son los bonos colocados en julio de este año y un préstamo del BID. Las solicitudes para autorizar los desembolsos de estos recursos llegaron a la Asamblea hace semanas.
“La información que tenemos es que todo está listo solo para que la Asamblea solo apruebe la asignación presupuestaria y que el fideicomiso tiene una estructura tal que no habrá burocracia”, agregó además el gerente de Asuntos Económicos de ANEP.
Juan Pablo Durán, presidente de BANDESAL, entidad financiera del Estado que administrará el fideicomiso, ha confirmado en múltiples entrevistas que ya tienen montada toda la infraestructura para comenzar a aprobar los créditos e incluso hasta ya tuvieron ensayos. El único retraso es la falta de votación por parte de los diputados.
“Sí, se necesitan”, reiteró Jiménez, ante la pregunta de si eran necesarios estos créditos.
El ecosistema tecnológico salvadoreño continúa expandiéndose con el lanzamiento oficial de AuthenticDoc, una plataforma de firmas digitales desarrollada sobre el protocolo descentralizado Nostr y diseñada para cumplir plenamente con la normativa nacional de firma electrónica. Su propuesta apunta a establecer un nuevo estándar de seguridad y autenticidad criptográfica en documentos y contratos, en un contexto global marcado por los desafíos de verificación que plantean la inteligencia artificial y la centralización de datos.
Fabián Vleer, cofundador de AuthenticDoc, explicó que su llegada a El Salvador hace tres años fue determinante para impulsar esta iniciativa. «He estado en el espacio tecnológico por mucho tiempo. Soy bitcoiner, entiendo la tecnología descentralizada y entiendo dónde está el mundo hoy», afirmó.
Su trayectoria incluye desarrollo de software en Australia y un profundo entendimiento de los riesgos de privacidad y manipulación presentes en plataformas centralizadas.
Roberto Funes, pandillero de la MS-13, recibió una condena de 14 años de cárcel por el delito de organizaciones terroristas.
Este sujeto operaba en distintos sectores del distrito El Rosario, municipio La Paz Centro.
La fiscalía ha logrado individualizar la participación de Funes en varios crímenes y actos terroristas, por los cuales también será condenado y se le sumarán años a esta condena recibida.
A siete años de prisión fueron condenados tres hermanos traficantes de personas, quienes por $40,000, prometieron llevar a Estados Unidos, a dos víctimas con régimen de protección.
Al finalizar la vista pública, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, emitió un fallo de responsabilidad penal para Marvin Orlando, José Daniel y Luis Antonio, los tres de apellido Dueñas Fuentes.
El juez los condenó en calidad de prófugos, ya que en la fase de instrucción los declararon rebeldes, por el delito de tráfico ilegal de personas, tras una investigación que inició por denuncia de las personas afectadas.
Además de los años de cárcel, el tribunal ordenó que deben pagar $21,600 a cada una de las víctimas en concepto de responsabilidad civil.
Las dos personas denunciantes, declararon que contactaron a los hermanos Dueñas Fuentes, uno de ellos residentes en Estados Unidos, con el fin de acordar el viaje de manera irregular hacia ese país.
En las pesquisas se detalla que las dos víctimas comenzaron el viaje el 17 de octubre de 2022 y que tras llegar a Estados Unidos, fueron deportadas hacia México en dos ocasiones.
A raíz de lo ocurrido, los imputados exigieron más dinero y las amenazaron con entregarlas a los cárteles mexicanos si no pagaban, ante esa amenaza las personas tomaron la decisión de regresarse a El Salvador por sus propios medios.
