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Alcalde de Santa Tecla, Henry Flores, utiliza planta de transbordo “Los Chorros” que no cuenta con permiso ambiental
La planta de transbordo “Los Chorros” recibe a diario unas 200 toneladas de basura cuando sólo tiene capacidad avalada por el MARN para recibir 60 toneladas diarias.
La recolección y el manejo de la basura sigue siendo una grave problemática para diversas municipalidades, que en algunos casos llevan a infringir las leyes ambientales y poner en riesgo ecosistemas privilegiados; uno de estos casos en la zona de recarga acuífera y reservorio “Los Chorros” donde la municipalidad de Santa Tecla tiene instalada una planta de transbordo de la basura que se recoge en toda la ciudad y que de acuerdo a fuentes de la oficina de medio ambiente, no cuenta con permiso ambiental para su funcionamiento.
La fuente consultada amplía manifestando que el sitio donde opera la planta de transbordo “Los Chorros” cuenta únicamente con una resolución emitida por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en el año 2018, que autoriza el uso del sitio para depositar de forma temporal (menos de 24 horas) hasta 60 toneladas de basura diariamente, considerando el proyecto como uno de “Impacto Ambiental Moderado”; sin embargo en la realidad la comuna deposita diariamente unas 200 toneladas, lo que implica un grave daño ambiental a la zona, que además constituye el reservorio de agua más importante del Gran San Salvador.
Para poder usar la planta y recibir la cantidad de basura que a diario se traslada, la municipalidad está obligada a contar con un permiso ambiental, conforme establece el art. 19 de la Ley de Medio Ambiente.
El licenciado Sergio Portillo Toruño, abogado especialista en Derecho Ambiental, comentó a preguntas de este medio, que la acción realizada por la Alcaldía de Santa Tecla, representada por el alcalde Henry Flores, constituye un caso de una infracción ambiental, pero a su vez se está cometiendo el delito de Contaminación Ambiental Agravada, de los arts. 255 y 256 del Código Penal, ya que se está operando sin permiso ambiental por la cantidad de basura que se deposita diariamente.
También el citado abogado recordó que ya durante el año 2020 denunció la contaminación en las quebradas aledañas a la planta de transbordo de “Los Chorros” donde inclusive existió un video donde los camiones de TECLASEO están haciendo descargas de lixiviados a la quebrada, pero que el anterior juez ambiental Rafael Menéndez Contreras se hizo de la vista gorda para no imponerle medidas cautelares al sitio de la Estación de Transferencia.
Finalmente expresó que la gestión del alcalde Henry Flores, da visos de ser una extensión de los manejos irregulares de la administración edilicia a cargo de Roberto d’Aubuisson, pues no investigó la contratación irregular de TECLASEO, como afirmó en campaña, ni siquiera lo hizo cuando la Corte de Cuentas determinó manejos indebidos en fondos hasta por 1 millón de dólares que fueron a parar de la municipalidad a TECLASEO; tampoco exigió al Sr. Salume la devolución de más de $1.4 millones de dólares que Santa Tecla, le pagó indebidamente a la empresa de Salume dueña del Botadero Municipal del Puerto de La Libertad, durante los años 2017 y 2018 cuando no tenía permiso ambiental de funcionamiento para tratar las casi 200 toneladas diarias que produce la ciudad tecleña. Y luego Flores ha seguido contratando la empresa de Salume, incluso a mayor precio que otras empresas que participaron en el proceso de licitación para el año 2022, contrato que ya finalizó y ha sido prorrogado de mometo a favor de Salume.
Retomado de la Noticia SV
Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
Nacionales
VMT solicitará nueva prórroga para renovación de placas y moderniza transporte público con cámaras y GPS
El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, anunció en entrevista para Diálogo 21 que el Gobierno solicitará una nueva ampliación del plazo para la renovación de placas de vehículos, motocicletas, autobuses y camiones, cuyo vencimiento estaba previsto para agosto de 2025.
Reyes explicó que, aunque la renovación es necesaria, se debe considerar la situación económica de las familias salvadoreñas, por lo que se buscará extender la vigencia de las placas actuales. Además, destacó la necesidad de implementar un sistema hexadecimal para generar más combinaciones ante el crecimiento del parque vehicular.
La última renovación de placas se realizó en 2011, con varias prórrogas posteriores que han extendido su vigencia hasta agosto de 2025.
Por otro lado, el viceministro informó que ya se encuentra en licitación la instalación de cámaras de videovigilancia y sistemas GPS para las unidades del transporte colectivo en el área metropolitana de San Salvador. Este proyecto, financiado con fondos del plan de control territorial, busca mejorar la fiscalización, la seguridad y la calidad del servicio.
Reyes indicó que siete empresas han presentado ofertas y que las evaluaciones están en proceso. El sistema permitirá monitorear en tiempo real la cantidad de pasajeros, las rutas y frecuencias, lo que facilitará optimizar el servicio y reducir delitos dentro de las unidades.
El funcionario resaltó que estas medidas fortalecerán la seguridad pública y ayudarán a mejorar la experiencia de los usuarios del transporte público.
