Nacionales
Al magistrado Juan Antonio Durán, Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador

Yo, Enrique Rais, con el debido respeto y amparado en el artículo 18 de nuestra Constitucion, el cual en lo principal expresa: “Toda persona tiene derecho a dirigir sus peticiones por escrito de manera decorosa, a las autoridades legalmente establecidas...” Siendo así, le presento públicamente el siguiente escrito:
Honorable Magistrado DURAN RAMIREZ, mediante su resolución del 27 de agosto 2019, asestó un golpe letal a la justicia y especialmente a mis derechos a la presunción de inocencia y a la libertad ambulatoria; con una decisión ilegal e injusta, totalmente impropia para esa investidura judicial, imponiéndome una orden de detención en un caso, del que ya la Honorable Sala de lo Constitucional se habia pronunciado en contra de las mismas pretensiones de Matteo Pasquale y su abogado Rene Medrano, cuando ellos intentaron infundadamente quitarse la declaratoria de rebeldia girada en el caso de Extorsion y Apropiacion Indebida de las acciones de la empresa de Barbados, TRADESAL INC., en el Juzgado 5 de Instrucción. Precisamente, Matteo Pasquale a través de René Medrano presentó un amparo y dos Habeas Corpus y todos fueron declarados no ha lugar por improcedentes, en ellos claramente Matteo Pasquale manifestó que se trataba de una deuda y que el caso es 100 % mercantil.
Sin embargo de manera sorprendente su Señoría, hace caso omiso de esas tres resoluciones de la Sala de lo Constitucional, las cuales constan en el expediente que seguramente usted ni siquiera ha leido; y muy a pesar que tanto el Juez tercero de Paz al igual que el Honorable Juez Tercero de Instrucción, claramente pasaron el caso a instruccion sin ningun tipo de medida. Pero usted ordenó anular la audiencia inicial –supuestamente para resguardar mis derechos y garantías- y pidió que se realizara un Audiencia Especial limitada a revisar la procedencia de aplicar o no una medida cautelar, decisión sin ningun fundamento. En dicha reposicion de la audiencia, nuevamente el Juez tercero no encontró elementos para decretar orden de captura, y manifestó que no estaba seguro y claro si se trataba de un caso mercantil, pero lo pasó a instrucción, nuevamente sin orden de detención. Tal parece que eso no fue lo que usted esperaba y por resolución, desconociendo todos los argumentos legales que presentó mi defensa, ordena que se me aplique orden de detención.
De todos es conocido que el ex fiscal Douglas Meléndez atendiendo indicaciones oscuras e ilegales ordenó fabricar pruebas falsas para incriminarme y tan claro es que ya 4 fiscales y dos elementos adminstrativos han declarado ante PDDH y la Señora Jueza 7 de Paz, revocando su criterio de oportunidad, con todo los peligros y riesgos que ello significa. Toda esta fabricación tiene un único propósito: quieren obtener un beneficio económico.
Ante una persecución permanente, sistemática, infundada y arbitraria contra mi persona, mi familia y mi empresa, que inició el Ex Fiscal General Douglas Meléndez, su primo Wil Walter Ruiz y el Ex Jefe UIF Jorge Cortez, que ahora prosigue el Grupo Anti Impunidad -que en realidad pretende dejar impune la verdadera corrupción del Ex Fiscal General Meléndez y su círculo – la esperanza de toda víctima de abuso de poder, estriba en poder encontrar Jueces justos que hagan valer los derechos y garantías fundamentales en el proceso; sin embargo, a la vista de la flagrante mutilación del Estado de Derecho que el citado Magistrados del Tribunal de Apelación ha realizado, no me queda otro camino que exponer públicamente las atrocidades cometidas por éste, así:
- La Cámara 3a de lo Penal, anula la decisión de un Juez de Paz, que atendiendo a las garantías constitucionales determinó que el proceso penal continuara sin aplicación de ninguna medida cautelar -pues en el fondo, no veía más que un reclamo económico y no penal-; y al anular, ordena que se realizara una Audiencia Especial para “verificar” la procedencia o no de imposición de medidas cautelares.
- Lo hace además atendiendo a la falsedad dispuesta por la fiscal del caso, Giovvana Melina Jiménez, porque supuestamente yo he nombrado abogados desde el inicio de la investigación. Abogados a los que por cierto esta fiscal que fraguó el gran engaño para citarme a Fiscalía bajo una mentira, cuando en realidad estaba cumpliendo una orden de Wil Walter Ruiz, nunca les informó el estado de la investigación, ni les permitió participar de las diligencias que han provocado esta causa penal, para poder presentar pruebas de descargo.
- Durante la realización de la Audiencia Especial, el Juez de Instrucción, al advertir que en el trasfondo de la acusación fiscal, había una pretensión patrimonial y no penal, decidió únicamente imponer una medida cautelar de fianza. Sin embargo, la Cámara 3a de lo Penal, que le ordenó “verificar” la procedencia o no de medida cautelar, finalmente termina por revocar la decisión e imponer la detención provisional, que es el plan que se trazó desde un inicio, sin tomar en cuenta que los hechos planteados no eran de índole penal, sino meras conjeturas para conminarme a aceptar unas obligaciones por sumas millonarias, por deudas inexistentes.
- La Cámara 3a de lo Penal, ni siquiera advierte que la Fiscalía tergiversa -por desconocimiento o mal intencionadamente- las disposiciones legales y la razón, naturaleza y procedencia de los actos mercantiles en los que se supone se ha cometido la falsedad de la cual me acusan; tan grave es que ni siquiera evalúa el hecho que se trata de actos que están bajo control de distintas jurisdicciones internacionales y que ni siquiera ha enfocado sobre los alcances de cada una de esas jurisdicciones -Panamá, Barbados y El Salvador-
Entonces, Magistrado Toni Durán, con mi derecho constitucional de ciudadano y de procesado, en el caso que usted ilegalmente me ha ordenado detención provisional, vengo y le pregunto:
- ¿Cómo es posible que no haya tomado en cuenta que la denuncia fue originalmente interpuesta el 30 de junio de 2016, por el abogado Diego Balmore Escobar, como apoderado del canadiense Matteo Pasquale, por un supuesto delito de falsedad material -que en realidad es un simple error de fecha que en nada afecta la legitimidad del document, puesto que se elaboro el document con fecha 3 de mayo 2013 y se firmo al dia siguiente , 4 de mayo de 2013, se aclaro el error -; pero finalmente es judicializado sin que la fiscal me haya permitido conocer los hechos de la imputación, por los delitos de Falsedad Ideológica y Fraude Procesal, que no estaban contenidos en la denuncia y en perjuicio de la Sociedad TRADESAL INC, y ya no por Matteo Pasquale ni Diego Escobar ?
- ¿Cómo puede considerar que hay elementos indiciarios de una supuesta deuda -de más de 5 millones de Dólares Americanos- si la supuesta víctima solamente presenta un informe que dice que fue elaborado como “apoyo en litigio con respecto a una disputa comercial” y que “no constituyen un auditoría, revisión, examen” (Pieza 15, del expediente judicial 70-19-1, Juzgado 3o de Instrucción); por el contrario nosotros hemos presentados tres auditorías que certifican el pago total de la deuda?
- ¿De qué manera, puede sostener usted, o acaso no ha revisado el expediente, que pueda existir si quiera una “deuda pendiente” de mi parte, contra los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, o la Sociedad TRADESAL INC -que se han apropiado indebidamente- cuando la misma Fiscal Giovvana Jiménez, solicitó a los juzgados del 1o al 5o de lo Civil y Mercantil, si los antes mencionados habían presentado demandas por cobro de deudas y exigencia de pagos judiciales contra mi persona, siendo en todos los casos la respuesta negativa? ¿Cómo alguien a quien se le debe supuestamente $5 millones US, no intenta reclamarlos de inmediato? La respuesta es porque carecen de documentación de demostrarlo, por eso se valen del sistema penal, para pretender seguirme extorsionando. (Piezas 1 y 2 del expediente judicial 70-19-1, Juzgado 3o de Instrucción)
- ¿Por qué solo retoma lo que conviene a la supuesta víctima, sin tomar en cuenta que el testigo que ellos presentan, Mario Calderón, miente cuando no reconoce haber participado de la denuncia contra los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, a pesar que a fecha 04 de abril de 2019, el actual Fiscal General Adjunto claramente expresa que “… a las once de la mañana de ese día, llego el licenciado MARIO CALDERON y el licenciado ERNESTO GUTIERREZ, que MARIO CALDERON le dijo que era el apoderado de ENRIQUE RAIS(…) por lo que comenzaron a explicar un caso complejo con rasgos mercantiles en el que describían una apropiación indebida y una posible extorsión…” También que la declaración del Fiscal Adjunto, reconoció las razones para solicitar una nueva Auditoría efectuada por los Peritos de la UIF, que terminó confirmado la veracidad de las Auditorias que nosotros realizamos? (Pieza 1, del expediente judicial 70-19-1, Juzgado 3o de Instrucción)
- Es tan facil comprobar la cancelacion total del prestamo si simplemente, usted Señor Magistrado, toma una calculadora y suma las transferencias realizadas de 252 mil Dólares mensuales por mas de 6 años y que son transferencias bancarias que contienen todo el soporte como declaración de divisas, procedencia legítima de los fondos, y órdenes de transferencia electrónica del banco. Así de fácil y eso justamente fue lo que realizaron los auditores Mario Bruce de Panamá, Castellanos de El Salvador, Crowe Horwarth AIA -auditores de prestigio mundial- y finalmente la misma fiscalía, quien comprobó que efectivamente el préstamo se canceló.
- El contrato original de préstamo fue de 11 millones de Dólares y les cancelé, más de $18 millones US por su capital e intereses, ¿Cree usted Señor magistrado que con pruebas tan claras, es legal que usted me haya decretado orden de captura, con todo el estigma mediatico y reputacional que eso implica?
Por tanto, Señor Magistrado, he presentado revocatoria de tan desatinada y falta de fundamentación de su parte para que se corrija el grave error cometido y tenga la certeza que ejerceré todos los mecanismos que me franquea la ley a nivel nacional, como internacional para demostrar cómo se ha manipulado la ley, como se montó una persecución de Estado en mi contra, cómo se han coludido intereses políticos y empresariales para montar en medios de comunicación específicos una campaña para construir una condenada mediática en mi contra. Y no descansaré hasta demostrar las causas que lo motivaron. Le recuerdo, que ya he sido juzgado por estos mismos hechos en Suiza, en virtud de denuncia interpuesta por los mismos canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, y que el Ministerio Fiscal de la Confederación Suiza -el país más garantista y fiel cumplidor de la ley en el mundo- después de dos años de investigación, me declaró absuelto, y son exactamente los mismos hechos y tambien constan en el expediente bajo su digno cargo.
Usted tendrá en su mano, la facultad de ordenar y confirmar la orden de captura, como tambien la posibilidad de enmendar su error. Pero por mi parte, dure el tiempo que sea y tenga que recorrer el camino que sea siempre en el marco de la legalidad y la justicia, no descansare jamás, hasta demostrar mi total inocencia y demostrar la grave fabricación de pruebas en mi contra.
Enrique Rais
Nacionales
Operativo de investigación en tienda “O” por presunta estafa y empleo irregular de extranjeros

Este día, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), a través de su Departamento de Investigaciones e Inteligencia Migratoria, realizó un operativo en la tienda “O” de El Salvador, dedicada a la venta de artículos para el hogar, ante la presunción de que se estarían cometiendo delitos relacionados con estafa y otras irregularidades migratorias y laborales.
La intervención se llevó a cabo luego de recibir múltiples denuncias de ciudadanos que afirmaron haber pagado por productos que nunca recibieron. Según los testimonios recopilados, tras concretar las compras, los responsables de la tienda brindaban diversas excusas para justificar la falta de entrega, como supuestos atrasos en embarcaciones, sin que los clientes obtuvieran respuesta ni devolución del dinero.
Las autoridades identificaron que en el establecimiento laboran tanto salvadoreños como ciudadanos guatemaltecos. Sin embargo, se determinó que los trabajadores de nacionalidad guatemalteca no poseen autorización ni permisos para ejercer actividades laborales en el país. Además, se constató que están recibiendo pagos en efectivo, lo que sugiere una posible evasión de impuestos por parte del empleador.
De acuerdo con los registros migratorios, estas personas ingresaron a El Salvador en calidad de turistas durante el año 2024, por lo que su actual actividad laboral representa una infracción a la Ley migratoria vigente.
Asimismo, se ha establecido que el propietario de la tienda es de nacionalidad guatemalteca. Según los movimientos migratorios, debería encontrarse en territorio salvadoreño; sin embargo, a través de información recabada por otras fuentes no reveladas, indica que actualmente se encuentra en Guatemala, lo que sugiere que habría evadido los controles migratorios para salir del país.
Según lo establecido en la legislación nacional, corresponde a la DGME verificar las actividades que realizan las personas extranjeras en El Salvador.
A raíz de los hallazgos obtenidos en el operativo, el caso será remitido a la Fiscalía General de la República (FGR), para que se proceda con las investigaciones necesarias y se determinen las responsabilidades legales correspondientes.
Nacionales
Ministro Gustavo Villatoro: «Marina Nacional es la única que ha puesto orden y autoridad en aguas internacionales»

Tras la reciente incautación de una tonelada de cocaína al suroeste del Estero de Jaltepeque, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, resaltó el papel de la Marina Nacional como una fuerza que ha logrado imponer autoridad en aguas internacionales, donde históricamente predominaba el tráfico de drogas.
La operación fue ejecutada el pasado martes 6 de mayo a 570 millas náuticas (1,055 kilómetros) de la Bocana El Cordoncillo, donde se interceptó una embarcación pesquera artesanal con el cargamento ilícito. En declaraciones posteriores, Villatoro aseguró que El Salvador está demostrando al mundo su capacidad para combatir el narcotráfico, incluso más allá de sus fronteras.
“La Fuerza Naval Tridente está demostrando lo que se puede lograr con decisión firme. Estamos tomando control en millas náuticas tan distantes como la 500, 600, hasta la 1,000”, afirmó el ministro, subrayando que solo la Marina salvadoreña ha logrado imponer orden en esa “autopista de aguas internacionales” por la que transitaba libremente la droga.
Villatoro también respondió a las críticas de organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación, al señalar que el actual Gobierno no está vinculado al narcotráfico. “Estamos demostrando que no solo no tenemos nexos, sino que lideramos con firmeza el combate a este flagelo. Contamos con equipos de rayos X y políticas claras en nuestros puertos para escanear lo que sale hacia Europa y Estados Unidos”, enfatizó.
El titular de Seguridad comparó este esfuerzo con la guerra contra las pandillas, indicando que, al igual que en ese combate, se enfrentan a sectores que —según él— terminan defendiendo intereses criminales. “Solo en la cabeza de retrógradas pueden pensar que estamos vinculados con estas actividades”, afirmó.
Finalmente, Villatoro reiteró que seguirán trabajando de la mano con la Fiscalía General de la República para mantener y reforzar el combate al narcotráfico. Según cifras oficiales, en el último año El Salvador ha incautado aproximadamente 28.2 toneladas de droga, valoradas en unos $706.8 millones.
Judicial
Auditoría revela pagos excesivos durante gestión de Nercy Montano en Soyapango

Una auditoría financiera contable presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) reveló irregularidades en la gestión de la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, específicamente en la contratación de una empresa para recuperar impuestos en mora, la cual recibió pagos superiores a lo efectivamente recuperado.
Según explicó ante el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador una auditora de la Corte de Cuentas de la República (CCR), el contrato fue otorgado sin un estudio técnico previo que justificara el porcentaje de comisión acordado por la recuperación de mora tributaria.
La empresa beneficiada, representada legalmente por el abogado Ricardo Arturo Roque Baires —quien actualmente guarda prisión por este caso—, recibió un porcentaje de comisión 9.97% más alto que otras firmas contratadas en administraciones anteriores. Mientras que en gobiernos municipales previos se pagaba una comisión del 15% sobre lo recuperado, en este caso la alcaldía terminó pagando más por el contrato que por lo efectivamente recaudado.
De acuerdo con los datos expuestos en el juicio, la comuna de Soyapango firmó un contrato de recuperación de mora por un monto de $1,247,000. Sin embargo, durante el periodo contractual solo se recuperaron $867,499.96 en impuestos, mientras que a la empresa se le cancelaron $187,530.12, fondos que salieron de dos cuentas municipales firmadas por Montano y la extesorera Ruth Raquel Aguilar de Montano, actualmente prófuga.
La perito calificó como excesivo el pago realizado a la empresa de Roque Baires, quien ya había realizado trabajos similares para la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y Albapetróleos, cobrando comisiones del 13% y 15%, respectivamente.
Para sustentar su informe, la experta auditora revisó documentos proporcionados por la Superintendencia del Sistema Financiero, así como información decomisada por las autoridades y otra suministrada por la misma alcaldía de Soyapango.
El caso forma parte de los procesos judiciales que enfrenta la exalcaldesa Montano por presuntos actos de corrupción durante su administración.