Judicial
A juicio 22 pandilleros por violación y homicidios
El Juzgado Especializado de Instrucción “A” dio a conocer su resolución contra 132 imputados, acusados, en su mayoría, por organizaciones terroristas; dos homicidios agravados, violación sexual y agresión sexual agravada, privación de libertad, atentado contra la libertad agravada, amenazas con agravación especial entre otros.
La jueza procesó a 58 imputados de 132, debido a que el resto se encuentran en centros penales de máxima urgencia, sin embargo, no hubo internet para poder hacer los enlaces respectivos en esos lugares; para ellos habrá una audiencia a realizarse dentro de unos días. La jueza esolvió enviar a juicio a 22 imputados por delitos como organizaciones terroristas, homicidios agravados.
Asimismo, hubo 35 sobreseimientos provisionales y uno definitivo; no obstante la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que hará uso de su derecho a presentar un recurso de apelación, por lo tanto hay efecto suspensivo, lo que significa que mientras el proceso pasa a la cámara especializada los imputados conservan su actual situación jurídica.
Entre los hechos por investigar hay unos tales como la violación de una mujer de 42 años, dos homicidios agravados, privaciones de libertad entre otros ilícitos. Dentro de las investigaciones se informó que los procesados operaban en la zona de San José Villanueva, La Libertad, desde 2015 hasta diciembre de 2017, año que fueron capturados por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC).
Dentro de los hechos, se les procesa por el homicidio en Luis Alfonso Alfaro Granados, quien era miembro de una Asociación de Desarrollo Comunal (ADESCO). Varios de los facinerosos creyeron que era informante de la PNC y por eso lo mataron. El otro de los crímenes fue en Juan Antonio Portillo Urillas. A él lo mataron por ser miembro de la pandilla contraria. Ambos hechos se registraron en el mismo municipio.
De igual forma, los acusados también están involucrados en una violación sexual en una homosexual, ya que aparentemente era parte de una estructura diferente a la de ellos, mientras que a la otra mujer está desaparecida y cuyo cuerpo no ha sido encontrado. Ambas víctimas tenían 42 años al momento de ser abusadas. Esto fue en diciembre de 2015 en el sector de San José Villanueva.
Mientras que a Margarita Elizabeth Flores Hernández la atacaron con corvos, luego de haber sido víctima de atentado contra la libertad agravada. El cadáver tampoco ha sido ubicado. Asimismo, se dedicaban a amenazar a los habitantes de la zona y a planificar otros hechos como extorsiones entre otros ilícitos penales.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado ordenó que siete limpiaparabrisas y cobradores informales de parqueo permanezcan en prisión preventiva, tras ser acusados de los delitos de coacción y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados operaban en distintos semáforos de la capital, donde presuntamente intimidaban a conductores mediante señas alusivas a estructuras criminales. La FGR señaló que exigían dinero u objetos de valor a cambio de no causar daños a los vehículos o atentar contra sus ocupantes.
Los sospechosos fueron capturados entre el 8 y el 10 de mayo en las inmediaciones de la 25ª Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II, en San Salvador. Las autoridades explicaron que la investigación se desarrolló con técnicas especializadas y el apoyo de inteligencia policial.
Los detenidos fueron identificados como Julio César Aldana, Luis Alonso Ramos Molina, Maycol Javier Haslan Pavón, Kevin Alexander Navarro Méndez, José Miguel Arteaga Melgar, Ariel Francisco Montes Hernández y Héctor René Renderos Navarro.
Un informe de análisis criminal elaborado por la Policía Nacional Civil (PNC) reveló el modo de operar del grupo, cuya estructura —según las autoridades— buscaba evadir la detección policial mientras cometía los delitos.
Durante la audiencia, la jueza consideró que existen suficientes elementos indiciarios para mantener detenidos a los imputados mientras continúa la investigación.
La FGR dispone ahora de un plazo de cuatro meses para ampliar el proceso y presentar pruebas adicionales que serán evaluadas en la audiencia preliminar.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró 23 años de prisión para José Remberto Ávalos por violación en menor o incapaz continuada y privación de libertad de una niña de 11 años.
De acuerdo a las investigaciones de la FGR, Ávalos cometió los abusos, el 2 de septiembre de 2020 en el cantón El Matazano, del distrito de Comasagua, en La Libertad Sur.
El sujeto, mediante engaños, persuadió a la niña para que llegara a su vivienda con la intención de recuperar el teléfono perdido de su abuela.
Al llegar al lugar, el procesado la privó de libertad y la obligó a entrar a casa donde la violó varias veces.
Posteriormente, la víctima fue amenazada por el imputado para que no escapara; sin embargo logró huir y le contó a su familia sobre los abusos sufridos.
Los familiares al enterarse interpusieron la denuncia en contra del sujeto, quien fue detenido por orden fiscal.
Gracias a los elementos de prueba, documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró establecer la participación del imputado en los abusos.
Además de la condena de cárcel, el sujeto deberá pagar $400 en concepto de responsabilidad civil.
