Judicial
A juicio 22 pandilleros por violación y homicidios
El Juzgado Especializado de Instrucción “A” dio a conocer su resolución contra 132 imputados, acusados, en su mayoría, por organizaciones terroristas; dos homicidios agravados, violación sexual y agresión sexual agravada, privación de libertad, atentado contra la libertad agravada, amenazas con agravación especial entre otros.
La jueza procesó a 58 imputados de 132, debido a que el resto se encuentran en centros penales de máxima urgencia, sin embargo, no hubo internet para poder hacer los enlaces respectivos en esos lugares; para ellos habrá una audiencia a realizarse dentro de unos días. La jueza esolvió enviar a juicio a 22 imputados por delitos como organizaciones terroristas, homicidios agravados.
Asimismo, hubo 35 sobreseimientos provisionales y uno definitivo; no obstante la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que hará uso de su derecho a presentar un recurso de apelación, por lo tanto hay efecto suspensivo, lo que significa que mientras el proceso pasa a la cámara especializada los imputados conservan su actual situación jurídica.
Entre los hechos por investigar hay unos tales como la violación de una mujer de 42 años, dos homicidios agravados, privaciones de libertad entre otros ilícitos. Dentro de las investigaciones se informó que los procesados operaban en la zona de San José Villanueva, La Libertad, desde 2015 hasta diciembre de 2017, año que fueron capturados por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC).
Dentro de los hechos, se les procesa por el homicidio en Luis Alfonso Alfaro Granados, quien era miembro de una Asociación de Desarrollo Comunal (ADESCO). Varios de los facinerosos creyeron que era informante de la PNC y por eso lo mataron. El otro de los crímenes fue en Juan Antonio Portillo Urillas. A él lo mataron por ser miembro de la pandilla contraria. Ambos hechos se registraron en el mismo municipio.
De igual forma, los acusados también están involucrados en una violación sexual en una homosexual, ya que aparentemente era parte de una estructura diferente a la de ellos, mientras que a la otra mujer está desaparecida y cuyo cuerpo no ha sido encontrado. Ambas víctimas tenían 42 años al momento de ser abusadas. Esto fue en diciembre de 2015 en el sector de San José Villanueva.
Mientras que a Margarita Elizabeth Flores Hernández la atacaron con corvos, luego de haber sido víctima de atentado contra la libertad agravada. El cadáver tampoco ha sido ubicado. Asimismo, se dedicaban a amenazar a los habitantes de la zona y a planificar otros hechos como extorsiones entre otros ilícitos penales.
Imagen de referencia
El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
Judicial
«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
