Internacionales
Un fallecido y tres personas heridas al estrellarse un helicóptero que terminó en el agua
Un policía militarizado murió y otros tres resultaron heridos este lunes al caer el helicóptero en el que viajaban sobre las aguas de la Bahía de Guanabara, situada en la zona norte de la ciudad de Río de Janeiro.
El accidente ocurrió por la mañana, cuando la aeronave «Fénix 08» se vio obligada a realizar «un aterrizaje forzoso en el agua» mientras sobrevolaba la región, según señalaron las autoridades en un comunicado.
Los agentes patrullaban desde el aire la popularmente conocida como «Linha Vermelha» (Línea Roja), una vía expresa que une Río con la zona metropolitana de la capital fluminense.
Tras el impacto, los bomberos rescataron a los cuatro tripulantes del aparato, algunos de los cuales tuvieron que ser sometidos a una reanimación cardiopulmonar, según las imágenes divulgadas por la TV Globo.
Las cuatro víctimas fueron trasladadas al Hospital Central de la Policía Militarizada, pero una de ellas, el sargento Felipe Marques de Queiroz, de 37 años, murió poco después, según anunció la corporación en redes sociales.
Los otros tres policías «están fuera de peligro», añadió.
De acuerdo con la institución, la aeronave, modelo H350 BA, estaba en condiciones para volar y con su manutención en regla.
Las autoridades brasileñas han abierto una investigación para esclarecer los motivos del accidente.
El estado de Río de Janeiro, cuya mayor parte de su población se concentra en la región metropolitana de su capital homónima, atraviesa una grave crisis económica, agravada por los múltiples escándalos de corrupción, y de seguridad.
La ola de violencia provocó que el entonces presidente de Brasil, Michel Temer, decretara en febrero del año pasado una intervención federal que dejó en manos de las Fuerzas Armadas el control del orden público.
La intervención finalizó el 31 de diciembre de 2018, un año en el que los tiroteos aumentaron en la región un 61% frente a 2017, según estudio divulgado la semana pasada.
El elefante, un macho solitario, ha sembrado el pánico desde principios de enero en el distrito rural de West Singhbhum.
«Estamos tratando de rastrear y rescatar a este elefante que mató a tanta gente», dijo a AFP el funcionario forestal gubernamental Aditya Narayan, quien confirmó un saldo de 20 muertos.
Entre los fallecidos hay niños y ancianos, además de un cuidador profesional de elefantes.
Tras dejar un rastro de destrucción, el animal no ha sido visto desde el viernes, pese a múltiples patrullajes en la zona.
Las autoridades dijeron que equipos de búsqueda, con ayuda de drones, revisan densas franjas forestales, incluido un parque nacional en el vecino estado de Odisha.
El miedo ha llevado a los habitantes de más de 20 aldeas a abandonar sus campos o atrincherarse en sus casas por la noche.
«Un equipo policial, o un vehículo de funcionarios forestales, visita por la noche para brindar ayuda esencial a los aldeanos», señaló un dirigente local.
Cada año, cientos de miles de indios se ven afectados por elefantes que arrasan cultivos.
Los elefantes asiáticos están ahora restringidos a apenas el 15% de su hábitat original.
Animales por lo general tímidos, los elefantes entran en contacto cada vez más frecuente con humanos debido a la rápida expansión de los asentamientos y el avance sobre los bosques, incluidas operaciones mineras.
Seis presuntos integrantes de la banda criminal venezolana Tren de Aragua fueron detenidos en Ciudad de México acusados de extorsión y de tráfico de drogas y de personas, informó este martes la secretaría de Seguridad federal.
Este grupo criminal ha sido designado como «organización terrorista» por el presidente estadounidense, Donald Trump.
Militares y agentes federales mexicanos «detuvieron a seis integrantes de la organización criminal Tren de Aragua, relacionadas con extorsión, trata de personas y tráfico de drogas», detalló en la red social X el secretario de Seguridad Omar García Harfuch.
Entre los presuntos criminales capturados destaca una mujer señalada como la encargada «del cobro derivado de la explotación sexual, la distribución de droga y el control de mujeres víctimas» de trata, añadió el funcionario.
También fue detenido un hombre acusado de ser el operador financiero de la organización y de administrar los inmuebles de la banda.
Las autoridades no detallaron la nacionalidad de los detenidos. Otros integrantes de esta banda han sido capturados en México en los últimos meses.
La presunta relación de funcionarios del gobierno venezolano con el Tren de Aragua fue uno de los argumentos de Trump para lanzar una operación militar el 3 de enero en Venezuela y capturar y trasladar a Estados Unidos al depuesto mandatario Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico.
El Tren de Aragua nació dentro del penal venezolano conocido como Tocorón y según estudios se expandió a varios países de América Latina, donde lucra de diversos delitos como el tráfico de estupefacientes y la extorsión.
Los fiscales reprocharon al ex jefe de Estado conservador haber liderado una «insurrección» motivada por una «sed de poder destinada a instaurar una dictadura».
También acusaron al exdirigente, de 65 años, de no mostrar «ningún remordimiento» por actos que amenazaban «el orden constitucional y la democracia».
«En el momento de dictar sentencia no puede tenerse en cuenta ninguna circunstancia atenuante y se impone una sanción severa», concluyeron los fiscales, que solicitaron la pena capital, aún vigente en Corea del Sur aunque no se llevó a cabo ninguna ejecución desde 1997.
El veredicto se espera para el próximo mes.
En la noche del 3 de diciembre de 2024, Yoon Suk Yeol había conmocionado al país al anunciar por sorpresa en televisión la imposición de la ley marcial, enviando tropas al Parlamento.
Horas más tarde dio marcha atrás, después de que un número suficiente de diputados lograra abrirse paso hasta el hemiciclo, rodeado por soldados, y votase la suspensión de su decreto.
Fue destituido oficialmente en abril de 2025 por el Tribunal Constitucional, tras meses de manifestaciones masivas y de caos político.
Yoon Suk Yeol había justificado la imposición de la ley marcial —medida sin precedentes en Corea del Sur desde las dictaduras militares de la década de 1980— alegando que el Parlamento, controlado por la oposición, bloqueaba el presupuesto.
