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La carta de “El Chapo” que puso en aprietos a Emma Coronel, acusada en EE.UU. de narcotráfico
Una supuesta carta escrita a mano por Joaquín “El Chapo“ Guzmán es una de las pruebas en las que se basó la investigación para detener este lunes en Estados Unidos a su esposa, Emma Coronel, acusada de narcotráfico internacional.
Entre las evidencias que el agente del FBI Eric S. McGuire incluye en una declaración jurada presentada el miércoles 17 de febrero para obtener la orden de arresto contra Coronel, está dicho documento manuscrito enel que negocia con un socio el tráfico de heroína.
“Con respecto a Cleto, aumenta la producción para que rinda. Salúdame a Cleto. Dile que por favor me eche una mano, para que la primera venta sea de mi parte… porque tengo muchos gastos aquí”, dice la carta citada en el documento.
McGuire detalla en este documento que Cleto es un narcotraficante con base en Durango que produce heroína para El Chapo Guzmán. También detalla que cuando habla de “muchos gastos” se refiere a los sobornos que tenía que pagar dentro de la cárcel, además del dinero para mantener a su familia.
“La madre de las gemelas te dirá algo a ti y a mis hijos. Por favor, esté atento compadre. Ella se lo explicará”, dice la carta. “La madre de las gemelas tiene un mensaje para todos ustedes”, agrega. La madre de las gemelas es Coronel, según detalla el agente del FBI.
De acuerdo con McGuire, esta carta fue autentificada por varios testigos, incluido el testigo cooperante número 1. Una fuente de la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés) confirmó a Noticias Telemundo que el testigo a quien hace referencia el agente del FBI es Dámaso López, también conocido como El Licenciado, un antiguo colaborador de El Chapo en su contra durante el juicio 2019.
La carta pudo haber sido redactada por Guzmán en alguno de los periodos que pasó recluido en el Altiplano, el penal de máxima seguridad ubicado en el Estado de México, entre 2014 y 2017, que fue interrumpido por su fuga en julio de 2015.
Dámaso López se desempeñó como subdirector del penal de Puente Grande en Jalisco, de donde se fugó El Chapo en 2001. También se le ha vinculado con el asesinato del periodista mexicano Javier Valdez en Culiacán, Sinaloa, el 15 de mayo de 2017.
López testificó durante el juicio contra Guzmán que Coronel lo había ayudado a llevar a cabo su elaborado plan de escape en 2015 del Altiplano.
McGuire añade que Coronel recibió el dinero de la venta de más de cinco kilos de heroína por parte de Cleto y el testigo cooperante 1.
“Sé por mi investigación que Cleto y el testigo cooperante 1 proporcionaron a Coronel el producto de la droga de más de 5 kilogramos de heroína”, precisa McGuire en la acusación.
Colaboración en la fuga de ‘El Chapo’
Asimismo, el agente McGuire también detalla cómo Coronel supuestamente ayudó a su esposo a escapar de una cárcel de máxima seguridad mexicana en 2015.
“El testigo cooperante 1 me dijo que Coronel acordó ayudar a facilitar a Guzmán a escapar de Altiplano a través de un túnel subterráneo. Según el testigo cooperante 1, Coronel se reunió con él y le pidió ayuda para la fuga de Guzmán de la prisión del Altiplano. El testigo colaborador 1 aceptó ayudar”, describe el documento.
El documento detalla que ella actuaba como mensajera entre Guzmán Loera y sus socios e hijos, Iván, Alfredo, Ovidio y Joaquín. Así, la carta manuscrita firmada por Guzmán Loera, autentificada por múltiples testigos, contiene instrucciones detalladas sobre las operaciones en curso del Cártel de Sinaloa, incluyendo el transporte de narcóticos.
“Te pido que siempre estés de acuerdo con mis cuatro hijos. Contrata contadores en todo el estado, y paga a los chicos y a las viudas desde allí, y lo que quede al mes, la mitad es para ti y la otra mitad para ellos cuatro”, escribió El Chapo a un colaborador.
Citando a testigos protegidos, el del FBI describe en estos documentos cómo Coronel ayudó a manejar el imperio de la droga de su esposo, asistiéndolo con envíos de cargamentos entre 2012 y 2014, y ayudándolo a evadir a las autoridades estadounidenses y mexicanas.
“Coronel creció con conocimiento de la industria de los narcóticos y se casó con Guzmán cuando era una adolescente… Coronel estaba al tanto de los cargamentos de toneladas de cocaína que se enviaban, las toneladas de heroína que se producían… comprendía los ingresos de la droga que controló durante su matrimonio con Guzmán”, se lee en el documento.
El Chapo se casó con Coronel en 2007 cuando ella tenía apenas 17 años; era hija de Inés Coronel, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa.
El agente del FBI asegura en el documento que Coronel “proveyó al testigo cooperante número 1 cerca de $100,000 dólares y le dio instrucciones a él/ella para arreglar la compra de una propiedad cerca de la prisión”. Para ello, habría gastado en total alrededor de 1 millón de dólares.
Coronel se habría reunido con López y con cuatro de los hijos de Guzmán para comprar el terreno y planear la excavación del túnel por el que terminaría escapando su marido en una moto sobre rieles, incluida la logística para llevarlo hasta la sierra sinaloense.
Los abogados Jeffrey Lichtman y Mariel Colón, quienes formaron parte de la defensa en el juicio contra El Chapo Guzmán, también representarán a Coronel, aunque no pudieron adelantar más detalles sobre los cargos que enfrenta.
Coronel, de 31 años, con ciudadanía mexicana y estadounidense, fue detenida en el aeropuerto internacional de Dulles. Será presentada por videoconferencia ante la Corte Federal del Distrito de Columbia este martes. A la mujer también originaria de Sinaloa se le acusa en concreto de conspirar para importar y distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana.
Mike Vigil, exencargado de las operaciones internacionales de la agencia antidrogas estadounidense DEA, dijo que ella “estuvo involucrada en el tráfico de drogas desde que era una niña pequeña. Conoce bien cómo funciona el Cártel de Sinaloa”.
“Creo que los Chapitos (los hijos de Guzmán de relaciones anteriores) e Ismael ‘El Mayo’ Zambada (quien se presume es el líder actual del cártel) están temblando ahora”, indicó, porque cree que Coronel probablemente colaborará con las autoridades estadounidenses. Lo mismo dijo Vigiel en entrevista con Noticias Telemundo.
“Cooperará, no tengo ninguna duda”, dijo Vigil. “Tiene una gran motivación y esa son sus gemelas”, agregó.
Con información de AP y Reforma.
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¿Quién es el acusado del mayor robo de joyas en EE.UU. que quedó en libertad tras ser deportado a Ecuador?
Un hombre acusado de participar en lo que las autoridades calificaron como el mayor robo de joyas en la historia de Estados Unidos, con un botín estimado en USD 100 millones, quedó en libertad luego de ser deportado a Ecuador, una decisión que dejó en suspenso el proceso judicial en su contra.
Se trata de Jeson Nelon Prescilla Flores, uno de los siete sospechosos señalados por el asalto a un camión blindado de la empresa Brinks ocurrido en julio de 2022.
De acuerdo con la acusación, el vehículo transportaba oro, diamantes, piedras preciosas y relojes de lujo cuando fue interceptado a plena luz del día.
La banda habría seguido el camión durante más de 480 kilómetros, desde el norte de California hasta una parada al norte de Los Ángeles, antes de ejecutar el robo.
Según reportó el diario Los Angeles Times, la mayor parte de la mercancía robada aún no ha sido recuperada.
Sin embargo, Prescilla Flores fue liberado bajo fianza en agosto y poco después quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En un giro inesperado, el imputado optó por la deportación a finales de diciembre, mientras aún estaba detenido por ICE, lo que paralizó en la práctica el caso penal.
En una moción presentada el 15 de enero, la defensa sostuvo que “el Gobierno decidió renunciar a la persecución penal” al permitir la expulsión del acusado del país.
No obstante, los fiscales aseguran que no fueron informados de la deportación mientras el proceso seguía abierto y argumentaron que el caso no debería extinguirse simplemente porque el acusado haya salido del territorio estadounidense.
Los joyeros afectados expresaron su indignación. “Cuando un acusado en un importante caso federal de robo abandona el país antes del juicio, las víctimas se quedan sin respuestas, sin un veredicto y sin cierre”, afirmó Jerry Kroll, abogado de algunas de las empresas joyeras, citado por el Los Angeles Times.
“Para nuestros clientes —joyeros que perdieron el trabajo de toda su vida— este desenlace deja al descubierto una falla del sistema que merece transparencia. Tienen derecho a respuestas claras sobre cómo ocurrió esto y sobre si existen salvaguardas para evitar que vuelva a suceder”, agregó.
Prescilla Flores, quien se había declarado no culpable, se enfrentaba a hasta 15 años de prisión por conspiración. Por su parte, las autoridades indicaron que podría volver a ser acusado si regresa a Estados Unidos.
Mientras tanto, la coordinación entre agencias federales quedó bajo cuestionamiento y el paradero de gran parte del botín continúa siendo un misterio.
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Hallados todos los cadáveres de los 10 pasajeros de avioneta accidentada en Indonesia
Los equipos de rescate completaron este viernes el hallazgo de los restos mortales de los 10 pasajeros que iban en una avioneta que se estrelló contra una montaña en Indonesia el fin de semana, informó un funcionario local.
El avión turbohélice de Indonesian Air Transport, fletado por el Ministerio de Pesca indonesio, transportaba a siete tripulantes y tres funcionarios cuando perdió contacto con el control de tráfico aéreo el sábado.
A principios de esta semana se recuperaron ocho cadáveres, mientras los equipos de rescate peinaban las empinadas laderas de la montaña, con sus esfuerzos dificultados por el difícil terreno y las malas condiciones meteorológicas.
Los cuerpos de las dos personas que seguían desaparecidas fueron encontrados este viernes y serán recuperados, informó el responsable local de rescate, Andi Sultan.
La caja negra del avión fue localizada el miércoles y podría arrojar luz sobre las causas del accidente, ocurrido poco antes de que el avión aterrizara en la ciudad de Makassar, según la agencia local de búsqueda y rescate.
Los restos del avión, incluyendo el fuselaje, partes de la cola y las ventanas, fueron encontrados el domingo cerca de la cima de la montaña.
Indonesia, un extenso archipiélago en el sudeste asiático, depende del transporte aéreo para comunicar sus islas.
El país tiene un mal balance en materia de seguridad aérea. El pasado septiembre, un helicóptero con seis pasajeros y dos tripulantes se estrelló poco después de despegar de Borneo Meridional, sin supervivientes.
Menos de dos semanas después, cuatro personas murieron al estrellarse otro helicóptero en el distrito de Ilaga, en la isla de Papúa.
Un grupo de defensa de derechos humanos radicado en Estados Unidos anunció este viernes que pudo confirmar que más de 5,000 personas murieron durante las recientes protestas en Irán, y que en su gran mayoría se trata de civiles abatidos por las fuerzas de seguridad.
Oenegés que monitorean el balance dejado por la represión de las mayores manifestaciones organizadas en Irán en años indicaron que su labor se había visto entorpecida por el corte de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero, y advirtieron que el saldo real probablemente sea mucho más elevado.
La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, anunció este viernes que había confirmado la muerte de 5.002 personas, incluidas 4,714 manifestantes, 42 menores de edad, 207 miembros de las fuerzas de seguridad y 39 transeúntes.
Sin embargo, el grupo agregó que todavía está investigando otros 9,787 posibles decesos.
Al menos 26.852 personas fueron detenidas, según la misma organización, cuyo balance supera al único que han dado hasta la fecha las autoridades iraníes, de 3,117 muertos.
El organismo que comunicó ese balance el miércoles es la fundación iraní de mártires y veteranos, que distingue entre «mártires» —miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes inocentes— y «alborotadores» respaldados por Estados Unidos. De las 3.117 personas muertas, según la fundación, 2,427 eran «mártires».
Al divulgar su propio balance, HRANA señaló que las autoridades iraníes «intentaron apuntalar el relato oficial del gobierno respecto a las matanzas».
Otra oenegé, Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, afirmó haber documentado la muerte de al menos 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, pero advirtió que el saldo final podría rondar los 25.000 decesos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con nuevas acciones militares contra Teherán en respuesta a la represión, advirtiendo en particular sobre consecuencias en caso de ejecución de manifestantes.
La Casa Blanca indicó el 15 de enero que «800 ejecuciones que estaban programadas y debían realizarse» el 14 de enero «fueron suspendidas» tras las presiones de Washington.
Sin embargo, el fiscal general de Irán, Mohamad Movahedi, calificó esa afirmación de «completamente falsa».
«El irracional y arrogante presidente estadounidense (…) afirmó que impidió la ejecución de 800 personas en Irán. Esa afirmación es completamente falsa: no existe tal cifra, ni el poder judicial ha tomado una decisión en ese sentido», declaró, citado por el sitio web del poder judicial Mizan.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el viernes a las autoridades iraníes a poner fin a su «represión brutal», en particular «a los juicios sumarios y a las penas desproporcionadas».
