Internacionales
Exabogado de Trump reconoce en juicio que mintió por el exmandatario
Michael Cohen, otrora fiel colaborador y hombre para todo de Donald Trump, reconoció haber mentido por su exjefe y haber ejercido la intimidación, al rendir testimonio este lunes en el juicio en Nueva York contra el exmandatario.
Cohen, exabogado de Trump, es interrogado por la fiscalía sobre los pagos a una exactriz de cine porno que fueron disfrazados de gastos legales y que han sentado al expresidente en el banquillo.
Después del interrogatorio de Stormy Daniels la semana pasada, Cohen es el testigo más importante de la fiscalía, que intenta demostrar que el expresidente falsificó registros contables para ocultar un pago a la exactriz en plena recta final de las elecciones de 2016.
En la audiencia de este lunes, la fiscal Susan Hoffinger preguntó a Cohen si alguna vez había mentido por Trump, o si había intimidado a la gente.
«Sí… Era lo que había que hacer para cumplir con la tarea», respondió Cohen que de tanto en tanto se giraba para mirar a Trump, hundido impasible en su butaca.
Cohen ha declarado anteriormente que a pedido de su exjefe pagó de su bolsillo 130.000 dólares a Daniels para comprar su silencio por una relación sexual ocurrida en 2006, y que el magnate siempre ha negado. Cuando ya era presidente, Trump se los reembolsó fraccionados haciéndolos pasar como gastos legales, según la fiscalía.
El antiguo abogado, al que llamaban «pitbull» por el celo que demostraba para proteger a su jefe, ya se declaró culpable y fue condenado a tres años de cárcel -solo cumplió 13 meses y un año y medio en arresto domiciliario-, por mentir al Congreso y por delitos financieros y electorales.
En una semana difícil para Trump, de 77 años, que aspira a volver a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre, Daniels contó con todo lujo de detalles la supuesta aventura de una noche con el magnate durante un torneo de golf para ricos: desde su pijama, sus calzoncillos y la posición sexual así como que no llevaba preservativo.
Detalles que la defensa consideró irrelevantes para el caso y por los que intentó que el juez Juan Merchan anulara el juicio en dos ocasiones. Sin éxito.
A lo largo de tres semanas, el jurado que sellará la suerte del magnate en plena campaña electoral ha escuchado de los numerosos testigos que han pasado por el estrado que Cohen era un personaje difícil, que intimidaba y engatusaba a los demás para salirse con la suya.
Para los abogados de la defensa se trata de un mentiroso patológico y un criminal convicto.
«Respaldado por documentos»
«Todo lo que dice está respaldado por documentos», dijo a la AFP una fuente cercana a Cohen.
Si la semana pasada fue complicada para el magnate, a quien el juez Merchan ha prohibido que hable de los testigos en público, la semana que comienza puede ser todavía peor con el testimonio de Cohen, uno de los dos últimos testigos que piensa llamar la fiscalía.
Su relación se deterioró poco después de que el acuerdo secreto con Daniels salió a la luz en 2018. Trump le dejó caer y desde entonces se han enfrentado públicamente.
Trump demandó a Cohen y lo llamó «rata» y éste demandó a su antiguo jefe y dijo de él que era un un «capo de la mafia».
Los fiscales reconocieron el viernes que no tienen control sobre Cohen, después de que el juez les pidió que le dijeran que dejara de hablar mal de su exjefe, su enemigo jurado tras su paso por la cárcel y de quien se ha burlado a lo largo del juicio.
Trump, que repitió de nuevo a su llegada al tribunal que es víctima de una «caza de brujas» y de «interferencia electoral», arremetió el sábado en un mitin en el vecino Nueva Jersey contra el juez al que tildó de «conflictivo» y contra el fiscal del tribunal de Manhattan que lo ha sentado en el banquillo, Alvin Bragg, de «demócrata radical».
Además del caso de Nueva York, Trump ha sido acusado en Washington y Georgia de intentar revertir los resultados de la elección de 2020 y de llevarse documentos clasificados al dejar la Casa Blanca en 2021, aunque este juicio ha sido pospuesto indefinidamente.
Internacionales
Diputados aprueban tratado entre Costa Rica y El Salvador que permitirá a los condenados cumplir sus penas en el país de origen
Un total de 37 diputados de la Asamblea Legislativa costarricense aprobaron en segundo debate el Proyecto de Ley 24.857, que ratifica un tratado bilateral entre Costa Rica y El Salvador para el cumplimiento de condenas penales en el extranjero.
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La iniciativa establece el marco legal que permitirá a personas privadas de libertad de ambas nacionalidades cumplir el resto de su sentencia en su país de origen, siempre que se cumplan una serie de requisitos previamente definidos.
El tratado tiene como principal objetivo facilitar los procesos de reinserción social de las personas condenadas, al permitirles finalizar su pena en un entorno cultural, social y familiar más cercano.
Además, el acuerdo busca fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad y justicia penal, en un contexto en el que ambos países enfrentan retos importantes relacionados con el sistema penitenciario y el hacinamiento carcelario.
Según lo aprobado, el traslado solo será posible para personas con sentencia firme y con el consentimiento expreso del condenado. Asimismo, se establece como requisito que al momento del traslado resten al menos seis meses de condena por cumplir.
El tratado excluye a quienes hayan sido condenados por delitos políticos, militares o contra la seguridad del Estado, limitando su aplicación a delitos de carácter común.
El acuerdo fue ratificado por El Salvador en octubre de 2023, mientras que en Costa Rica fue aprobado por el Plenario Legislativo en febrero de 2026, tras completar su trámite legislativo ordinario.
¿Quiénes votaron por el proyecto 24,857?
Pese a que durante la votación hubo 15 diputados ausentes, el proyecto logró reunir los 37 votos necesarios para su aprobación definitiva. El respaldo provino de seis de las siete bancadas representadas en la Asamblea Legislativa, evidenciando un amplio apoyo político, con la única excepción del Frente Amplio.
En el caso del Partido Liberación Nacional (PLN), 14 diputados votaron a favor, uno lo hizo en contra y tres se ausentaron. El Partido Progreso Social Democrático (PPSD) aportó ocho votos afirmativos, con un legislador ausente. Por su parte, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) registró seis votos a favor y dos ausencias.
La bancada de Nueva República apoyó el proyecto con tres votos afirmativos, mientras que otros tres diputados estuvieron ausentes. En contraste, el Frente Amplio se manifestó en contra de la iniciativa, con tres votos negativos y tres ausencias. Finalmente, el Partido Liberal Progresista registró un voto a favor y una ausencia.
En cuanto a los diputados independientes, cinco votaron a favor del tratado, uno en contra y dos estuvieron ausentes. La distribución de los votos reflejó un consenso mayoritario en torno a la cooperación internacional en materia penitenciaria, aunque también dejó en evidencia diferencias ideológicas sobre el alcance y las implicaciones del acuerdo.
En Costa Rica, la entidad responsable de velar por el cumplimiento del tratado será la Dirección de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz. Esta institución tendrá a su cargo la coordinación de los traslados, la verificación de los requisitos legales y el seguimiento de las personas condenadas que sean repatriadas o enviadas al extranjero.
En el caso de El Salvador, la responsabilidad recaerá en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, específicamente en la Dirección General de Centros Penales. Para que el traslado de una persona condenada pueda concretarse, será indispensable el consentimiento de ambos Estados, así como el cumplimiento estricto de los procedimientos administrativos y de seguridad establecidos en el tratado.
Uno de los compromisos clave dentro del mecanismo de traslado de personas privadas de libertad es el intercambio oportuno y transparente de información entre las autoridades de ambos países. El trámite podrá ser solicitado tanto por los Estados como por los propios reos, sus familiares o representantes legales, aunque la decisión final siempre quedará en manos de las autoridades competentes.
El acuerdo también establece que los países definirán de manera conjunta los mecanismos de seguridad que se utilizarán durante los traslados.
Además, se garantiza que los condenados no podrán ser juzgados nuevamente por el mismo delito y que deberán respetarse los plazos y condiciones de la sentencia original. En los casos en que el reo padezca una enfermedad crónica o degenerativa, las autoridades deberán agilizar el análisis y resolución de las solicitudes de traslado.
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La fiscalía francesa cita a declarar a Elon Musk en el marco de una investigación sobre X
La fiscalía de París indicó este martes que citó a declarar en abril al propietario de la plataforma X, Elon Musk, y a su ex directora general Linda Yaccarino, en el marco de una investigación sobre esta red social.
«Se han enviado citaciones para audiciones voluntarias el 20 de abril de 2026, en París, al señor Elon Musk y a la señora Linda Yaccarino», señaló el ministerio público en un comunicado.
La justicia francesa abrió una investigación en 2025 a raíz de denuncias de diputados sobre el presunto sesgo en los algoritmos de X, que podría haber alterado su funcionamiento.
Las pesquisas se ampliaron a otros delitos como complicidad en la difusión de imágenes de pornografía infantil, y al rol de Grok, su IA, en la difusión de contenidos negacionistas e imágenes falsas de carácter sexual.
Esta citación a declarar debe «permitirles exponer su posición sobre los hechos y, en su caso, las medidas para cumplir [con la legislación] previstas», apuntó la fiscal de París, Laure Beccuau.
La fiscalía también anunció el allanamiento este martes de los locales en Francia de la plataforma X y el llamado a declarar de sus trabajadores, en calidad de testigos, entre el 20 y el 24 de abril de 2026.
A diferencia de la investigación sobre la plataforma australiana Kick, la justicia optó por llamar a declarar voluntariamente a Musk y Yaccarino con un «enfoque constructivo», según el comunicado.
A finales de enero, la justicia emitió órdenes de detención contra tres gerentes de Kick, en el marco de la investigación por la muerte en directo del «streamer» Jean Pormanove, al no presentarse a las primeras citaciones.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó el domingo que su país ha exportado, por primera vez en su historia, un primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo (GLP).
A través de la aplicación Telegram, Rodríguez se manifestó orgullosa de compartir el momento en que zarpó desde Venezuela el buque Chrysopigi Lady, sin especificar el destino, con el primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo.
«Junto a la clase trabajadora marcamos este hito histórico al exportar la primera molécula de gas del país, un logro para el bienestar del pueblo venezolano», manifestó Rodríguez.
La histórica exportación forma parte de una serie de esfuerzos del Gobierno venezolano por incrementar su producción energética, en medio de restricciones internacionales.
El pasado 16 de enero y sin especificar detalles del negocio, la presidenta encargada anunció que Venezuela había firmado un contrato internacional de comercialización de GLP. Rodríguez integró ayer en su gabinete a la hija del poderoso ministro de Interior de Venezuela, en un nuevo cambio ministerial al cumplirse casi un mes de la captura de Nicolás Maduro.
Daniella Cabello -sancionada por Estados Unidos- fue designada ministra de Turismo. Es hija del ministro Diosdado Cabello, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por su captura.
Rodríguez asumió la presidencia tras el derrocamiento de Maduro en una incursión militar de Estados Unidos, que incluyó bombardeos a Caracas y varias regiones vecinas.
Al frente de la presidencia, ha cambiado varios ministros y a altos cargos militares.
Daniella Cabello asumirá la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional, publicó la presidenta interina en Telegram.
