Internacionales
Bernardo Arévalo denuncia «un golpe de Estado a cámara lenta» en Guatemala
El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, afirmó ayer (martes) en Washington que su país vive una transición «incierta» que «parece un golpe de Estado a cámara lenta».
Cuando ganó las elecciones presidenciales el 20 de agosto, el dirigente socialdemócrata «sabía que no sería fácil y esperaba resistencia de algunos actores poderosos», pero ignoraba de qué tipo, explicó en el Wilson Center, un foro no partidista.
Desde la primera vuelta electoral de junio Arévalo y su partido Semilla han sido blanco de acciones legales de la fiscalía, que pide suspender el movimiento por supuestas anomalías en su inscripción en 2017.
En su última embestida la fiscalía allanó la sede del tribunal electoral y decomisó cajas que contenían actas de los resultados de las elecciones.
«Lo que veo ahora parece un golpe de Estado a cámara lenta», afirmó Arévalo en inglés.
«Eso es indignante y es inaceptable. Representa una grave alteración del orden constitucional» y debe ser examinado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), que ya ha llevado a cabo misiones de buenos oficios en el país centroamericano.
Según Arévalo, las iniciativas judiciales ponen en duda «el compromiso» del gobierno saliente del presidente derechista Alejandro Giammattei para un traspaso de poderes fluido en enero.
Este hijo de Juan José Arévalo, primer presidente demócratico de Guatemala (1945-1951), era un desconocido pese a ser diputado hasta hace unos meses.
Él atribuye su éxito a que se ha comprometido a «poner fin a la influencia que las redes corruptas».
«El miedo de estos actores corruptos a que tengamos éxito es precisamente lo que ha desencadenado la persecución judicial y esa campaña de intimidación» contra Semilla y sus seguidores en las redes sociales, añadió.
«La intención es clara: quieren retrasar o impedir mi investidura como presidente», estima Arévalo, que sin embargo garantizó al público que no tiene «ninguna duda» de que asumirá el cargo aunque sea «un camino lleno de baches».
El político de 64 años desconoce si la Primavera que promete tendrá éxito.
«No sé si lo lograremos y seremos nosotros los que consigamos romper el ciclo» de corrupción «y si esta va a ser la primavera definitiva, permitiendo que el país prospere», reconoció.
«Tal vez fracasemos y haya otro intento» de golpe de Estado «si fallamos, pero creo que lo que no podemos hacer es no intentarlo», recalcó.
Lo dijo un día después de mantener un encuentro virtual con el jefe de la diplomacia estadounidense Anthony Blinken, quien advirtió que Estados Unidos «seguirá utilizando todas las herramientas disponibles contra quienes actúen para socavar la democracia» en Guatemala.
Ayer (martes) Arévalo se reunió con congresistas, que le expresaron su preocupación por la situación que atraviesa el país.
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.
